13 de diciembre de 2018
JUSTICIA
Detuvieron a concejal de Ezeiza, acusado de extorsión a empresas de seguridad
Fernando Amarilla, fue detenido por orden de Gabriel Vitale, juez de Garantías de Lomas de Zamora. Está acusado de haber extorsionado a empresas de seguridad privada durante su gestión como funcionario bonaerense.
Fernando Amarilla, concejal oficialista de Ezeiza, fue detenido este jueves, acusado de haber extorsionado a empresas de seguridad privada durante su gestión como funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense. Entre 2013 y 2015, se desempeñó como director general de Agencias de Seguridad.
Amarilla es el presidente de bloque de concejales del Frente Justicialista. La detención se produjo este jueves por la mañana en el Concejo Deliberante, ubicado en Avellaneda al 51. Amarilla no ofreción resistencia, según pudo saber La Tecla.info
La denuncia fue radicada por el ministerio de seguridad de la provincia, a cargo de Cristián Ritondo. El edil está acusado de haber sido el jefe de una organización que extorsionaba a propietarios de agencias de seguridad de privada.
La causa está caratulada como extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos que en principio no serían excarcelables. Desde la Provincia no se descarta que pueda haber más detenciones en las próximas horas.
Según trascendió, el titular del Juzgado de Garantías N° 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, inició una investigación en la que se comprobaron intimidaciones a propietarios de diferentes firmas, obligándolos a entregar dinero bajo amenazas y presiones desde el ministerio.
La imputación de Amarilla se llevó a cabo tras el relevamiento de una serie de irregularidades en expedientes administrativos relacionados con la habilitación y control de agencias de seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Según las pesquisas, Amarilla –quien hasta 2017 fue presidente del Concejo Deliberante de Ezeiza- cumplía el rol de jefe de la organización, daba directivas y participaba de las reuniones en las que extorsionaban a los empresarios.
Esto se determinó tras el análisis de distintas actuaciones giradas por el Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, diferentes declaraciones testimoniales y otras pruebas documentales.