Legislativo
9 de abril de 2014
PROVINCIA
Seguridad: el FR quiere trabar el decreto
En la Mesa Judicial, el massismo planteó la inconstitucionalidad del decreto que declara la Emergencia de Seguridad. A su vez, reclamaron que salga por ley. El oficialismo se opuso
La declaración de Emergencia de Seguridad, anunciada por el gobernador Daniel Scioli el sábado, enfrentará un escollo planteado por el massismo en la Mesa Judicial, de la que participan el ministro Ricardo Casal y los jefes de bloque. Según el Frente Renovador, es inconstitucional que sea declarada por decreto, por lo que pedirán que salga por ley.
Según las fuentes consultadas por La Tecla Info, en la reunión convocada por el ministro Casal, el oficialismo respondió que no es constitucional, sin embargo indicaron que convocarán a los constitucionalistas de la Legislatura para que expliquen los motivos por los que sí es constitucional que salga por decreto.
"Queremos mayor participación del Legislativo, ya que va a haber reasignación de partidas. Hay que transparentar y fortalecer la medida. Por eso, también queremos que se conforme una Comisión Bicameral", dijo el senador José Luis Pallares en diálogo con La Tecla Info.
“Los legisladores massistas tenemos la voluntad política de apoyar las leyes que permitan combatir el flagelo de la inseguridad que afecta a nuestra sociedad, pero esto debe concretarse a través de los mecanismos constitucionales pertinentes”, afirmó el bloque, al cabo de la reunión de la Comisión de Justicia, convocada por dicha cartera.
No obstante, no se descartó que salga por ley en caso que se constate que la postura del massismo es la correcta.
Por su parte, el Frente Amplio Progresista reclamó "la urgente implementación de la Policía Judicial".
El decreto 220 fue publicado, hoy, en el Boletín Oficial, donde establece la emergencia por el término de 12 meses, "con la finalidad de resguardar la vida y los bienes de las personas".
En los fundamentos de la medida, se precisa que "la detección de nuevas modalidades delictuales constituye una problemática de público conocimiento que exige la adopción por parte del Estado de políticas integrales y soluciones concretas en materia de seguridad con carácter urgente e impostergable".
Expresa que en ese marco es necesario implementar "un conjunto de medidas para el fortalecimiento de la institución policial y penitenciaria y la potenciación de sus áreas operativas", además de dotar de instrumentos para adquirir el equipamiento necesario.
"En forma simultánea se requiere la ejecución de programas tendientes a lograr una mayor inclusión social, que contribuyan a la erradicación progresiva de las causas que originan la problemática descrita y a reforzar la participación activa de la comunidad en la elaboración de esas políticas", precisa.
El artículo 2 del decreto convoca al personal policial en situación de retiro; el artículo 3 hace la misma convocatoria al personal penitenciario en situación de retiro.
El artículo 4 instruye al ministro de Seguridad a reorganizar los recursos humanos y materiales para priorizar las políticas en materia de prevención del delito y la afectación del personal policial a funciones operativas.
El artículo 5 pide a la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que se refuercen "las fiscalías con competencia criminal para delitos graves como homicidios y robos con armas, durante los turnos, de acuerdo a las necesidades que deriven de la emergencia".
El artículo 7 convoca al Consejo Provincial de Seguridad Pública, que se reunirá mañana en La Plata.
El artículo 9 dispone que en el marco de esta emergencia "las empresas prestadoras de servicios de seguridad y su personal realizarán sus tareas en carácter de auxiliares de las fuerzas de seguridad pública y tendrán la obligación de comunicar en forma inmediata a las fuerzas policiales toda actuación que implique un riesgo para la integridad física de las personas y los
bienes".
