24 de junio de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Fotomultas bajo revisión: crecen las dudas sobre el reparto de los fondos
La cercanía del fin del acuerdo entre el Municipio y la Universidad Nacional de San Martín reactivó los cuestionamientos sobre una estructura que mueve miles de millones de pesos al año. El reparto de la recaudación, el rol de terceros y la posibilidad de una futura licitación aparecen en el centro de una discusión que promete escalar en los próximos meses.
La discusión por el sistema de fotomultas volvió a instalarse en el Concejo Deliberante y promete convertirse en uno de los focos de tensión política de las próximas semanas. A medida que se acerca el vencimiento del convenio vigente entre el Municipio y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), desde la oposición comenzaron a cuestionar el esquema de funcionamiento y, especialmente, el reparto de los fondos que genera.
El eje del debate gira en torno a la distribución de los recursos provenientes de las infracciones de tránsito detectadas por los radares. Según los números que manejan los concejales, una porción minoritaria de lo recaudado termina en las cuentas municipales, mientras que el resto se distribuye entre la Provincia y la institución académica que participa del convenio. El dato que sobrevuela toda la discusión es tan simple como explosivo: de cada $100 que paga un infractor, apenas $24 quedan en el Municipio, mientras que $56 van a la universidad y $20 a la Provincia.
Con ese escenario de fondo, en la comisión de Movilidad Urbana se trató el expediente del kicillofismo, que propone que el Municipio no renueve el convenio vigente con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para la fiscalización electrónica del tránsito y avance en una licitación pública que permita evaluar nuevas alternativas tecnológicas. El proyecto quedó en comisión con pedidos de informes.
La oposición pretende conocer con precisión qué tareas fueron ejecutadas, cuál fue el costo de cada una y qué impacto concreto tuvieron en la reducción de siniestros o en la mejora de los controles de tránsito.
Otro de los puntos que despierta interrogantes está relacionado con la operatoria diaria del sistema. En el Concejo surgieron dudas respecto de la participación de terceros en algunas etapas del proceso y sobre el nivel de intervención efectiva que mantiene la universidad en el funcionamiento de los radares. Por ahora no existen acusaciones formales, aunque varios dirigentes reclaman mayor transparencia sobre la estructura operativa detrás del esquema.
También vuelve a ponerse sobre la mesa la modalidad elegida para implementar el servicio. El acuerdo con una universidad pública permitió evitar una licitación tradicional y habilitó un mecanismo que hoy algunos sectores consideran necesario revisar. Para sus detractores, llegó el momento de evaluar alternativas que permitan una mayor competencia y una distribución diferente de los ingresos.
La discusión se potencia además por la situación financiera del Municipio. Con un escenario de restricciones presupuestarias y reclamos por mayores recursos para distintas áreas, cada peso que sale del sistema es observado con especial atención.
Con el convenio acercándose a su fecha de vencimiento, el Ejecutivo deberá definir si impulsa una renovación, introduce modificaciones o explora un nuevo modelo de gestión. Lo cierto es que, después de varios años sin mayores cuestionamientos, el sistema de fotomultas volvió a quedar bajo la lupa.
Lo que comenzó como una discusión sobre radares y multas terminó derivando en un debate mucho más amplio: quién administra un negocio que mueve miles de millones de pesos, cómo se distribuyen esos recursos y qué beneficios concretos recibe el Municipio a cambio.