Tal como lo había anticipado en campaña, Claudio Vidal no perdió tiempo para empezar a revisar el estado de todas las dependencias de Santa Cruz a fines de encontrar manejos irregulares de la última gestión de Alicia Kirchner.
Durante su discurso de asunción del 10 de diciembre del año pasado, el nuevo Gobernador anunció que examinará el Estado Provincial, con un tratamiento en dos frentes: con auditorias exhaustivas en todas las áreas y hacer denuncias penales mediante la Fiscalía del Estado.
Cinco días después, el mandatario sureño emitió el Decreto 107, publicado en una Edición Especial del Boletín Oficial el 18 de diciembre, que le instruía a “los titulares y máximas autoridades de Ministerios y Organismos de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria a realizar auditorías de control interno a fin de determinar el estado de situación actual económico-financiero-patrimonial, y de personal”, con los informes a entregarse a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
De este trabajo, en lo que serían tres meses y medio de gestión, el Gobierno reveló varios manejos poco transparentes de la administración pasada, especialmente en las áreas de Salud, Educación y Producción. Asimismo, ya hay radicadas denuncias penales, de las que un grupo importante está relacionado a las contrataciones en las cooperativas, que también están en proceso de regularización, según indicaron a La Tecla Patagonia fuentes de la gobernación santacruceña.
En cuanto otras a las acusaciones frente a la Justicia, la Fiscalía del Estado actuó, casi de manera literal, desde el final de la era K en la Provincia. Es que el organismo presentó en febrero pasado ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de la ciudad de Río Gallegos, un pedido de investigación para exfuncionarios de la Secretaría General de la Gobernación, por los acuerdos comerciales llevados adelante para la ceremonia de asunción del Vidal. En texto se reclama por sobreprecios en las contrataciones de los “servicios de escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering que fueran utilizados para el acto de asunción de autoridades del nuevo gobierno”, ya que solamente se pactó con una sola proveedora, de nombre Sotomayor, por una cifra superior a los 169 millones de pesos, cuando los presupuestos presentados por otras dos empresas no superaban los 20 millones.
Como ejemplo, en la denuncia se detalla la compra de unos 300 paquetes de agua mineral por 4,8 millones pesos, que en valor de mercado ronda los 1.8 millones. Otro caso sobre el que se movió fuertemente la Fiscalía del Estado fue el sobreseimiento de Osvaldo Maimó en una causa por adjudicación ilegal de tierras.
La causa se remonta a 2013, cuando al entonces intendente de Pico Truncado, junto a otra funcionaria, se les denunció por otorgarse, mediante la Cooperativa Sportman Limitada, dos terrenos fiscales sin la debida autorización de el Concejo Deliberante de la localidad. Ahora, desde el organismo piden que se investigue al abogado Federico Pereyra, que tuvo el cargo de fiscal en la causa, y a Eduardo Alejandro Quelin, Juez de Instrucción Subrogante, por dejar libre de cargos al exjefe comunal.
Acerca de las revisiones de cuentas, en la Secretaria de Transporte, que hace parte del Ministerio de Producción, se detectó que durante el periodo entre 2017 y 2013 no se cobraron las multas correspondientes al labrado 73 actas de infracción a 15 empresas que prestaban servicios de alquiler de auto sin chofer con fines turísticos, por un monto 79.522.600 pesos.
En ese marco, el ministro Gustavo Martínez señaló que nunca se procedió a la aplicación de las sanciones por una decisión política del gobierno anterior y que este hecho es una demostración de irresponsabilidad institucional, no solamente por la pérdida de fondos, sino que también por la habilitación de vehículos fuera de la normativa legal.
Los reproches también se extienden a los hospitales, con dos casos que sobresalen en Río Gallegos y 28 de Noviembre.
En la capital, el ministro de Salud y Ambiente, Ariel Varela, denunció el mal estado del Hospital Regional. Según el funcionario, pudieron encontrar equipamiento médico en extremo desuso, a pesar haber sido adquirido recientemente, ambulancias abandonadas.
En la localidad de la Cuenca, una toma por parte del personal administrativo del centro de salud local impulsó un fuerte intercambio entre el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, y la diputada provincial Lorena Ponce, en el que la legisladora terminó acusada de tener la presunta responsabilidad de la medida ilegal. LTP pudo saber de la Jefatura de Gabinete de Ministros que todavía no se han recibido completamente las auditorias instruidas
por decreto, por lo que habrá novedades en los próximos meses.
EN EL CENTRO DE LA POLEMICA
Regularizar las cooperativas, la primera gran tarea del Gobierno
Ante la consulta de La Tecla Patagonia, un gran cumulo de las denuncias que viene presentando el gobierno de Vidal, a través de la Fiscalía del Estado de la Provincia tiene que ver con contrataciones irregulares en la cooperativas. De acuerdo a los datos proporcionados por la dependencia, algunos integrantes de las cooperativas también tienen empleo en la planta permanente en la administración central, otros han asesorado legisladores y hasta se registra que aparecen en sociedades comerciales, por lo que se les acusa de incompatibilidad.
Asimismo, se detectaron anomalías en las contrataciones relacionadas a las horas de trabajo abonadas, con las que se prestaron efectivamente. Además, se notaron firmas adulteradas dentro las certificaciones de servicios prestados.
En ese sentido, desde la Fiscalía alegaron que los trabajadores tienen cierto desconocimiento de qué se les paga, y de que les deduce, ya que la liquidación de haberes no se les diferencia entre las horas trabajadas y el valor de esas horas.
En ese aspecto, el Ministerio de Desarrollo Social, también estuvo trabajando en la regularización de las cooperativas, con la solicitud de la documentación para estar en regla. Dentro de este proceso, de las 53 cooperativas registradas para trabajar durante la gestión anterior, 37 estaban activas, de las cuales 21 presentaron papeles. De ese número, 10 tuvieron irregularidades en sus estructuras. De ese modo, se determinó que las cooperativas con fallas administrativas pueden seguir trabajando.
YANINA GRIBAUDO - VOCAL TRIBUNAL DE CUENTAS
“El Tribunal solo puede basarse en inspecciones programadas”
En intercambio con La Tecla Patagonia, la vocal por la minoría en el Tribunal de cuentas de Santa Cruz aclaró que lo instruido en el Decreto 107 de Vidal que ordenana auditorías internas, se trató de una solicitud en la que su organismo se quedó afuera, ya que por los cambios aprobados por la Legislatura en 2022 a la Ley de Administración Financiera, no hay intervenciones previas, por las que el Tribunal solo puede basarse en las inspecciones programadas para obtener información actualizada sobre la gestión de los fondos públicos.
Según Gribaudo, las inspecciones se planean con antelación, estableciéndose para el primer y segundo semestre del año siguiente desde diciembre: "Se programan en diciembre, se establece que se va a hacer el primer semestre y el segundo semestre del año siguiente", explicó la funcionaria y detalló que “las inspecciones duran una semana, y luego se generan informes que tardan aproximadamente un año en completarse, incluyendo los descargos y análisis”, es decir hasta 2025 no se verán resultados completos de las revisiones que lleva adelante el organismo en relación a la gestión de 2023.
No obstante, Gribaudo también comentó su apuesta hacia una mayor efectividad en la revisión de cuentas: "Hemos presentado propuestas generar un marco de mayor transparencia. Esperamos que el gobierno dé tratamiento a estos proyectos”, y agregó que "Estamos buscando implementar herramientas que se dejaron de lado con la nueva ley, y proponiendo una reforma integral del Tribunal para mejorar el control de los fondos públicos".
Asimismo, manifestó que “Esperamos que el Gobierno implemente herramientas que promuevan la transparencia. Estamos abiertos a analizar nuevas propuestas”.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
La Caja de Servicios Sociales y Distrigas, con grandes deudas
Desde la Secretaria de Medios también se le indicó a La Tecla Patagonia que otra de las entidades con más irregularidades detectadas y denunciadas era la Caja de Servicios Sociales (CSS). Según comentaron, en la obra social santacruceña había pésimo manejo financiero en relación a la derivación de pacientes a otras provincias y a la ciudad de Buenos Aires, ya que se estaba pagando a sobreprecio a proveedores alojamientos que no estaban en condiciones de hospedar personas que requerían servicios médicos. Sobre este punto, el vocal por los activos, Hugo Jerez, afirmó a este medio que efectivamente sí se están cambiando proveedores, pero que todavía la situación es compleja. Asimismo, agregó que la Caja está operando con gastos de más de 500 millones de pesos mensuales de lo que recauda, por lo que sigue acumulando deuda. Sobre esa línea, el propio gobernador Vidal reveló que la deuda total de la CSS para fines de 2023 era casi de 14 mil millones de pesos.
En el caso de Distrigas, dentro de la revisión de cuentas se indicó que el año pasado la empresa obtuvo ganancias por 3.500 millones de pesos, frente deudas, que sumado entre el gasto corriente y el pasivo da como resultado 15 mil millones. En ese orden, también hay una deuda en moneda extranjera de 14 millones de dólares a Enarsa. “Su deuda es impagable en términos razonables y tiempos normales”, declaró el Gobernador.
El silencio, la opción de Alicia Kirchner ante las acusaciones
“La decisión fue no responder hasta que estén en la Justicia”, fue lo que comentaron desde el entorno de la exgobernadora a La Tecla Patagonia ante la consulta de una declaración sobre lo denunciado por la gestión actual, al frente de Claudio Vidal.
“En varias ocasiones, el mandatario se ha pronunciado en contra del accionar de su antecesora.Vaciaron los recursos de salud, desmantelaron la educación, no dejaron fondos para la seguridad, la asistencia social y la obra pública”, comentó en la apertura del periodo Legislativo.
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