El 19 de enero, Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de ley por el cual la provincia de Buenos Aires adhiere al Consenso Fiscal, firmado por el presidente de la Nación y 21 gobernadores el 27 de diciembre de 2021, y en el que el gobierno federal y los provinciales se comprometen a avanzar cambios impositivos. Esos cambios, en alguna medida, están alineados con exigencias derivadas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si bien el tratado con el organismo de crédito todavía estaba sin cerrarse, la rúbrica del Consenso Fiscal por parte de gobernadores y vicegobernadores fue un guiño a las negociaciones, ya avanzadas, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, entabló con el Fondo. El Consenso debe contar ahora con la aprobación de las legislaturas provinciales y del Congreso.
Antes del inicio de las sesiones ordinarias, en la reunión que Axel Kicillof mantuvo con los diputados oficialistas en el Salón Dorado de la Gobernación, fue uno de los temas que se establecieron como prioritarios para tratar en el arranque del año legislativo. Se esperaba que, finalmente, el proyecto fuera aprobado por Diputados ayer, pero nuevamente quedó en el tintero.
Sí hubo un avance. En la sesión de este miércoles se aprobó que el proyecto, que ingresó en Diputados como PE 18/21-22 sea tratado “con o sin despacho de comisión” en la próxima reunión del pleno. Es decir que estará en el Orden del Día de la sesión prevista para el 27 de abril. No obstante, hay cuestiones que quedan por resolverse y le ponen un interrogante para que sea sancionado en esa fecha.
Por un lado, la oposición pone reparos y argumenta que la Provincia no debería aprobar el acuerdo en tanto y en cuanto todavía no fue tratado en el Congreso Nacional (fue enviado por el Ejecutivo el 13 de enero). Desde Juntos especulan que, en virtud de la interna que divide aguas en el oficialismo, no hay plena seguridad de que el Frente de Todos cierre filas detrás de un proyecto que dispone compromisos en materia tributaria estrechamente vinculados con las exigencias emanadas luego por el acuerdo con el FMI.
Pero esa misma disyuntiva invade ahora a los legisladores provinciales del Frente de Todos, escudados por el momento en la negativa opositora para ponerlo en discusión en el recinto por no haberse primero en la Cámara de Diputados de la Nación.
“Hay que ver qué pasa, porque ahora resulta contradictorio que votemos un Consenso Fiscal que se ajusta a la negociación con el Fondo Monetario, porque un sector de nuestro espacio que no adhiere a ese acuerdo, incluso el propio Axel”, le dijo a La Tecla un diputado oficialista, quien reconoció estar “desconcertado” por el tema.
Un número no menor de legisladores del Frente de Todos revisa con lupa cada uno de los términos del acuerdo fiscal firmado hace apenas tres meses, pero que se da de bruces con las insistentes declaraciones de los últimos días del Gobernador, quien no deja de remarcar que en la Provincia no hay lugar para ajustes. Por ende, tampoco los abría para modificar estructuras tributarias que le generan recursos. “No podemos votar algo relacionado con el acuerdo si no estamos convencidos”, reconoció un diputado de larga trayectoria en el recinto.
El Consenso Fiscal establece, entre otras cosas, compromisos en materia impositiva como la coordinación entre la Nación y las provincias para simplificar el engorroso mapa tributario. También el Consenso Fiscal remarca el compromiso de las provincias para “continuar profundizando la adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del Impuesto de Ingresos Brutos”, dispar entre las distintas jurisdicciones. En este sentido, el texto del Consenso deja expresadas las alícuotas máximas de Ingresos Brutos para cada una de las actividades.
Las provincias también asumen un compromiso de endeudamiento responsable que le limita, entre otras cosas, la toma de créditos en moneda extranjera.
El Consenso, en su decimotercer punto, impide que las jurisdicciones recurran a la Justicia, por el período de un año, para hacer reclamos sobre la Coparticipación Federal de Impuestos. Se sabe que, en este sentido, la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada en cuanto a lo que aporta al PBI y lo que recibe en contraprestación. La cláusula ata de manos a las jurisdicciones perjudicadas al tiempo que el Fondo Monetario exige menos transferencias discrecionales a las provincias. Sin dudas, la piedra en el zapato que más molesta y preocupa a Kicillof.
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