Fondos en disputa: el campo rechaza la ley bonaerense y exige cuentas a los intendentes
Coninagro se sumó a la Sociedad Rural, CARBAP y Federación Agraria contra la norma que permite reasignar por 180 días hasta el 100% de los fondos destinados a caminos rurales para obras hídricas. Reclaman financiamiento específico, controles públicos y la participación de productores y cooperativas.
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La decisión de la Legislatura bonaerense de habilitar a los municipios a destinar recursos previstos para el mantenimiento de caminos rurales a obras hidráulicas abrió un nuevo frente de conflicto con las entidades agropecuarias. Coninagro se sumó a las críticas de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y la Federación Agraria Argentina (FAA), que cuestionan el cambio de destino de los fondos.
La norma permite que, durante 180 días, los gobiernos municipales utilicen hasta el 100% de los recursos que reciben por coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de la red vial rural para ejecutar obras de drenaje pluvial, reparar alcantarillas y avanzar con infraestructura hídrica frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
La iniciativa, impulsada por el diputado de Unión y Libertad Sergio Vargas, con la firma de Silvana Ventura, apunta a flexibilizar el uso de esos recursos para que los intendentes puedan intervenir ante el riesgo de inundaciones. Sin embargo, la medida encendió las alarmas del sector agropecuario, que advierte sobre las consecuencias de desfinanciar una infraestructura clave para la producción.
Coninagro reclama garantías y controles
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) cuestionó el mecanismo elegido para financiar las obras hidráulicas y sostuvo que la necesidad de prevenir inundaciones no debería resolverse a costa del mantenimiento de los caminos rurales.
Desde la entidad señalaron que las cooperativas conocen de primera mano las consecuencias de las inundaciones que afectaron a productores bonaerenses durante los últimos años. En ese sentido, advirtieron que, si se concreta el escenario de lluvias extraordinarias asociado a El Niño, la red vial rural necesitará más mantenimiento, no menos.
El planteo apunta a una contradicción: los caminos rurales también sufren las consecuencias de los excesos hídricos y resultan indispensables para sostener la actividad agropecuaria. La entidad alertó que quitarles recursos para financiar obras preventivas puede terminar agravando otro problema estructural del interior bonaerense.
Además de cuestionar la reasignación presupuestaria, Coninagro presentó una serie de propuestas para la reglamentación de la ley. Entre ellas, pidió que las intervenciones financiadas se limiten al ámbito rural y tengan una relación directa con la conservación de la red vial.
También reclamó que los recursos utilizados sean restituidos al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que exista una rendición pública de cuentas por municipio y que los productores y sus cooperativas participen en la definición de las obras a través de las comisiones viales locales.
La organización planteó, además, que las obras hidráulicas cuenten con un fondo específico y recursos propios, en lugar de depender de partidas originalmente asignadas a otro fin.
Una disputa que unificó al ruralismo
El rechazo de Coninagro se suma a los cuestionamientos que ya habían expresado las principales entidades del campo. La SRA, CARBAP y la FAA coincidieron en que la prevención de inundaciones es necesaria, pero sostuvieron que no debería financiarse mediante la reducción de los recursos destinados a los caminos rurales.
La discusión excede el funcionamiento de la actividad agropecuaria. La red vial secundaria y terciaria permite trasladar la producción, ingresar maquinaria a los establecimientos y garantizar el transporte de insumos. También condiciona el acceso a escuelas rurales, centros de salud y otros servicios esenciales para las comunidades del interior.
CARBAP, por su parte, cuestionó que se habilitara el tratamiento legislativo de la iniciativa sin un debate previo en comisiones y sostuvo que los municipios ya cuentan con recursos provenientes de la tasa vial, pese a que persisten problemas de mantenimiento en numerosos distritos.
La Federación Agraria también advirtió sobre el deterioro de los caminos y consideró que la reducción de los fondos destinados a su conservación podría perjudicar tanto a los productores como a las comunidades rurales.
El financiamiento, en el centro de la discusión
El esquema vigente de distribución del Impuesto Inmobiliario Rural contempla diferentes destinos para lo recaudado. Según los datos difundidos durante el debate legislativo, el 12% se asigna al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, mientras que otro 20% corresponde a los municipios en concepto de retribución por la administración del tributo. El resto se distribuye entre la Provincia y otros fondos específicos.
La nueva facultad permite que los municipios dispongan temporalmente de hasta la totalidad de los recursos alcanzados por la modificación para financiar obras hídricas. Su aplicación, sin embargo, queda sujeta a la decisión de cada gobierno local: no se trata de una obligación de reasignar el dinero.
Durante el tratamiento legislativo, los defensores de la iniciativa argumentaron que los intendentes necesitan herramientas para responder con rapidez ante el riesgo de inundaciones. También señalaron la falta de recursos nacionales para afrontar determinadas obras de infraestructura hídrica.
El diputado Vargas sostuvo que la flexibilización permitiría a los municipios actuar frente a los desbordes de canales y otras situaciones que amenazan a los campos bonaerenses. La discusión, sin embargo, continúa abierta respecto de cómo evitar que esa respuesta termine afectando el mantenimiento de los caminos.
Coninagro ofreció poner a disposición de la Provincia y de los municipios su red de cooperativas para relevar el estado de las trazas rurales y determinar las obras prioritarias en cada distrito.
El reclamo del sector agropecuario es que la prevención de inundaciones y la conservación de la red vial se aborden como problemas complementarios, con partidas diferenciadas, controles sobre el gasto y participación de los actores locales. La disputa ahora pasa por la implementación de la norma y las garantías que se establezcan para evitar que una necesidad urgente termine profundizando otra deuda histórica de la infraestructura bonaerense.
