La Justicia le volvió a ordenar al gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario
El juez Martín Cormick ratificó la obligación del Ejecutivo de ejecutar la norma que contempla recomposición salarial, becas y partidas para las universidades. Además, cuestionó el decreto que había condicionado su aplicación.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia volvió a ordenar al Poder Ejecutivo que avance con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mantuvo vigente la medida cautelar que obliga a cumplir con las disposiciones vinculadas a salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles.
El conflicto tiene como eje la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025 luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial. La norma fue finalmente promulgada por el Gobierno mediante el Decreto 759/2025, aunque su ejecución quedó supeditada a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
Ese mecanismo fue cuestionado por las universidades y terminó en los tribunales. En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick había ordenado al Ejecutivo cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley, al considerar que el decreto presentaba indicios de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Otra vez, la Justicia pone la lupa
La nueva resolución se produce después de que el Gobierno intentara dejar sin efecto la cautelar. El magistrado rechazó ese planteo y exigió al Estado que acreditara documentalmente qué medidas había adoptado para cumplir con la normativa.
Según la Justicia, las presentaciones oficiales no demostraron que se hubieran aplicado los parámetros establecidos por la ley para recomponer los ingresos del personal universitario ni las becas destinadas a los estudiantes. Por ese motivo, la medida cautelar continúa vigente.
La causa fue impulsada originalmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con universidades y representantes de la comunidad académica. En paralelo, la Universidad de Buenos Aires también llevó su reclamo a la Justicia y planteó la situación presupuestaria que atraviesan sus facultades, colegios y hospitales universitarios.
El planteo de fondo apunta contra el Decreto 759/2025, particularmente contra la cláusula que supeditó la ejecución de la ley a lo establecido por el artículo 5 de la Ley 24.629 de Administración Financiera.
Para los sectores universitarios, esa decisión implicó que el Ejecutivo pudiera postergar una norma que había sido ratificada por el Congreso después de un veto presidencial. La Justicia, en cambio, entendió que una ley insistida por ambas cámaras no podía quedar paralizada mediante una disposición del Poder Ejecutivo.
Salarios, becas y presupuesto, en el centro de la pelea
La Ley 27.795 contempla mecanismos de actualización y recomposición para los trabajadores de las universidades nacionales, además de medidas destinadas a sostener los programas de becas y el funcionamiento del sistema universitario.
La discusión salarial se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto. Las organizaciones universitarias vienen reclamando recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años y sostienen que los incrementos otorgados por el Gobierno no alcanzaron para compensar el deterioro.
De hecho, durante septiembre los gremios universitarios volvieron a reclamar la aplicación de la ley y cuestionaron las propuestas salariales oficiales.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la aplicación integral de la norma requiere identificar previamente las fuentes de financiamiento y disponer de las partidas presupuestarias necesarias.
El expediente judicial, sin embargo, avanzó en sentido contrario. La Cámara confirmó la cautelar dictada originalmente y la Corte Suprema desestimó posteriormente el recurso extraordinario presentado por el Estado, dejando firme la obligación de cumplir con las disposiciones judiciales.
Así, el conflicto por el financiamiento de las universidades continúa abierto, con el Ejecutivo obligado por la Justicia a avanzar con una ley que el Congreso sancionó y ratificó, mientras el Gobierno insiste en sus planteos sobre el impacto presupuestario de la medida.
