En la provincia de Buenos Aires hay tasas para inflables, vidrieras, perros peligrosos y hasta para el sótano. El servicio, a veces, es opcional. El detalle de los más insólitos y una polémica sin fin
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La discusión por la presión tributaria municipal en la provincia de Buenos Aires sumó un capítulo particular: la permanencia de tasas y derechos aplicados sobre objetos, actividades o situaciones muy específicas, algunos de los cuales generan dudas sobre la contraprestación concreta que reciben los contribuyentes. Cómo es el escenario en tierras bonaerenses y qué distritos quedan en el ojo de la tormenta.
Los ejemplos son de los más asombrosos y no distinguen color político de la conducción local. Entre ellos aparecen cobros vinculados con juegos recreativos, publicidad mediante muñecos inflables, perros potencialmente peligrosos, decks gastronómicos, bicicleteros, rifas, autos escuela y distintos elementos de publicidad comercial.
Uno de los distritos señalados es General Alvarado, donde la normativa contempla derechos sobre espectáculos y diversiones públicas que alcanzan a distintos juegos y entretenimientos. En otros municipios aparecen figuras tributarias particulares dentro de los capítulos de publicidad, habilitaciones, ocupación del espacio público o registros. Que estos conceptos figuren en las ordenanzas no significa que todos tengan una aplicación efectiva, aunque sí deja expuesto el amplio abanico de cobros que contemplan los municipios.
Ese punto es central para entender la discusión. La lista de “tasas insólitas” mezcla en algunos casos tributos efectivamente cobrados con conceptos históricos, de baja incidencia o cuya aplicación fue modificado, puntos sensibles al momento de escudriñar su verdadero fin o contraprestación.
En el centro de la discusión se encuentran las tasas municipales que representan una mayor carga económica para comercios, industrias y vecinos, especialmente la Tasa de Seguridad e Higiene y los distintos cargos aplicados sobre combustibles. El debate enfrenta a los municipios con el Gobierno nacional, que reclama reducir la presión tributaria local, mientras los intendentes defienden esos recursos como una fuente necesaria para financiar servicios.
En ese escenario, un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner límites a la discusión. El pronunciamiento no implica que las tasas municipales específicas queden automáticamente invalidadas. Pero sí refuerza la discusión sobre la necesidad de justificar cada tributo a partir del servicio que presta el municipio y de evitar que la denominación de “tasa” alcance para legitimar cualquier tipo de cobro.
Mientras tanto, el Gobierno nacional impulsa una mayor transparencia sobre los tributos locales a través de su portal de tasas municipales, en medio de una ofensiva para reducir cargas que considera excesivas o carentes de contraprestación. Del otro lado, los intendentes advierten que los municipios necesitan recursos propios para sostener sus estructuras y servicios, aunque eso implique asumir los costos de oposiciones locales. Así, detrás de las tasas que generan sorpresa por cobrar sobre un inflable, un juego recreativo o un elemento de publicidad, se encuentra una discusión de fondo que pone la lupa sobre la pesada carga tributaria de los municipios a sus vecinos. La pelea por las tasas bonaerenses parece reeditarse y promete continuar en los Concejos Deliberantes, como así también en los tribunales.
EN OLAVARRIA Impuesto al viento: una medida con polémicos antecedentes
La polémica por el denominado “impuesto al viento” sumó un nuevo capítulo en Olavarría, donde la oposición cuestionó ante el Tribunal de Cuentas bonaerense la ordenanza que establece un régimen específico para los parques eólicos.
La normativa, impulsada por la gestión de Maximiliano Wesner, incorpora el gravamen dentro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), pero establece que el cálculo se realice según la potencia instalada de los aerogeneradores y no sobre la facturación de las empresas. El esquema aprobado contempla un canon de hasta USD 850 por megavatio para equipos de hasta 3,8 MW y una reducción progresiva hasta USD 700 por MW para aerogeneradores de 9 MW o más.
En el distrito funcionan o se encuentran en desarrollo cuatro proyectos, que reúnen unos 82 aerogeneradores. Según estimaciones difundidas durante el debate, el nuevo régimen podría generar una recaudación anual de entre USD 360.000 y USD 380.000.
La ordenanza 5901/26 fue cuestionada por concejales de La Libertad Avanza, PRO, UCR y otros bloques, que recurrieron al Tribunal de Cuentas para solicitar su revisión e invalidez. Entre sus argumentos plantean objeciones sobre el procedimiento utilizado para su aprobación y la validez de la votación.
El debate también quedó vinculado a antecedentes de otros municipios que intentaron aplicar tributos específicos sobre emprendimientos eólicos, aunque el esquema de Olavarría busca diferenciarse al establecer el cobro en función de la potencia instalada.
AUTONOMÍA TRIBUTARIA EN DEBATE El nuevo criterio que puede impactar en los 135 distritos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner bajo la lupa las tasas municipales y fijó criterios que podrían tener impacto en los 135 municipios bonaerenses, donde estos tributos constituyen una fuente central de financiamiento. El máximo tribunal revocó un fallo que había avalado una tasa cobrada por la municipalidad de Córdoba al Banco Galicia.
La Corte aclaró que las tasas municipales no están prohibidas, pero estableció que una ordenanza, por sí sola, no alcanza para justificar el cobro. El tributo debe responder a una prestación concreta y no puede convertirse en un impuesto encubierto.
El criterio fijado contempla tres condiciones: la norma debe definir con claridad el hecho imponible y el servicio que justifica el tributo; el municipio debe haber organizado y puesto efectivamente esa prestación a disposición del contribuyente; y el monto cobrado debe guardar una relación razonable con el costo global del servicio y la capacidad contributiva.
El antecedente cobra especial relevancia en Provincia de Buenos Aires, donde los municipios aplican una amplia variedad de tasas y desde hace años existe una discusión sobre sus bases imponibles, contraprestaciones y mecanismos de cobro. El fallo podría abrir nuevos cuestionamientos judiciales sobre aquellos tributos cuya prestación aparece formulada de manera genérica.
La decisión también llega en medio de la disputa entre la Nación y los intendentes por la presión tributaria municipal. El Gobierno nacional cuestionó mecanismos como el cobro de tasas incorporadas a facturas de servicios o al precio de los combustibles, mientras que los jefes comunales defendieron su autonomía y la necesidad de financiar servicios locales. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el pronunciamiento y lo calificó como “excelente”. Para los municipios bonaerenses, sin embargo, el principal desafío pasa ahora por justificar jurídicamente cada tasa y acreditar la efectiva prestación del servicio cuando sea cuestionada.
