Los gremios del sector público provincial se verán las caras con el Ejecutivo. Será a partir de las 15, buscando que el Gobierno avance en la recomposición de salarios. Mientras tanto, distintos organismos y ministerios acumulan reclamos por adicionales, bonificaciones y condiciones laborales.

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Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires se sentarán en la mesa de negociaciones paritarias con funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, tras la convocatoria realizada para hoy a partir de las 15.

En los gremios dan prácticamente por descontado que la administración provincial “salteará” septiembre, quedando como expectativa que una eventual mejora se pague de manera retroactiva con los salarios de octubre.

Como informó La Tecla.info, el último acuerdo estableció una mejora acumulada del 7%, con un 5% en julio y un 2% en agosto, en ambos casos calculados sobre los salarios de junio. El entendimiento contemplaba una instancia de revisión durante septiembre, pero el mes avanzó sin convocatoria y la liquidación de los haberes ya comenzó, por lo que una eventual recomposición no alcanzaría a impactar en los salarios correspondientes a este período.

El dato salarial adquiere otra dimensión porque la falta de una negociación general no implica que los reclamos hayan desaparecido. Por el contrario, distintos organismos y ministerios atraviesan conflictos vinculados con adicionales, bonificaciones específicas y condiciones laborales, con gremios que comenzaron a recurrir a retenciones de tareas, movilizaciones y asambleas para sostener demandas que, en varios casos, llevan meses o incluso años.

Uno de los focos está en el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), donde los trabajadores nucleados en ATE realizaron una medida de fuerza y ahora esperan respuestas de las autoridades. El reclamo está centrado en la apertura de una Mesa Técnica para discutir una Bonificación Sectorial que, según plantean, permita reconocer las tareas específicas que realizan dentro del organismo.

El conflicto tomó forma a partir de asambleas y acciones de visibilización que los trabajadores sostienen desde hace semanas. En su último comunicado, señalaron que durante esta semana tampoco hubo convocatoria a paritarias y remarcaron que continúan sosteniendo las políticas públicas y el funcionamiento cotidiano del organismo mientras sus demandas salariales permanecen sin respuesta.

La asamblea resolvió realizar una retención de tareas y un almuerzo en el hall del organismo, además de presentar un petitorio ante la Dirección Ejecutiva para solicitar la apertura de la Mesa Técnica. El planteo sectorial se suma así a la discusión más amplia por los salarios de la administración pública, aunque con una demanda específica que los trabajadores buscan resolver por una vía propia.

Otro frente permanece abierto en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, donde el reclamo por una bonificación específica acumula meses y ya provocó movilizaciones, retenciones de tareas y cortes de calle. ATE, UPCN y AEMOPBA participan de las acciones y los trabajadores volvieron a reclamar una mesa de diálogo para discutir el adicional correspondiente al organismo.

El conflicto en Infraestructura no es nuevo. Los trabajadores ya protagonizaron varias movilizaciones hacia el Ministerio de Economía y sostienen que los salarios de la administración pública provincial quedaron por debajo de las necesidades de los trabajadores. Desde AEMOPBA, su secretaria adjunta Yanina Pelli cuestionó las paritarias y sostuvo que los empleados estatales atraviesan una situación salarial cada vez más compleja.

En ese marco, el reclamo sectorial se transformó en una discusión que excede el porcentaje de aumento general. Los gremios pretenden que la Provincia atienda las particularidades de determinados organismos y reconozca mediante adicionales tareas que, según sostienen, tienen características específicas. La falta de una mesa general también deja mayor espacio para que esas demandas avancen por canales separados.

La Contaduría General y la Tesorería General conforman otro de los puntos de tensión. Allí, los trabajadores nucleados en APOC profundizaron sus medidas de fuerza y llegaron a evaluar un paro general ante la falta de una nueva propuesta salarial. El conflicto tiene además una particularidad para la administración bonaerense porque involucra a empleados que cumplen funciones dentro del circuito de pagos de la Provincia.

En este caso, el origen del reclamo se remonta a 2023, cuando el Gobierno bonaerense acordó extender de 30 a 40 horas semanales la jornada laboral de los trabajadores comprendidos en la
Ley 10.430. Según plantea APOC, ese incremento del 33,3% en la jornada debía trasladarse en la misma proporción a dos bonificaciones remunerativas, pero la Provincia aplicó sobre esos adicionales una mejora del 9,9%.

La diferencia quedó planteada por el gremio desde junio de 2023 y volvió a tomar fuerza más de tres años después. Así, un conflicto que nació alrededor de una modificación de la jornada laboral vuelve a aparecer dentro del mapa de reclamos provinciales en un momento en que la discusión salarial general permanece trabada.

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