Nuevos jueces dejan sus cargos y la Justicia bonaerense suma cambios
El Gobierno de Axel Kicillof aceptó la salida de dos magistrados bonaerenses: uno de un juzgado Civil y Comercial de La Plata, cuya renuncia queda supeditada al resultado de una actuación administrativa, y otro de un Tribunal del Trabajo de San Isidro, que alegó motivos particulares.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la aceptación de las renuncias de Carlos José Catoggio, juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 25 del Departamento Judicial La Plata, y Diego Javier Tula, integrante del Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial San Isidro.
Las medidas fueron formalizadas mediante los Decretos N° 1266/2026 y N° 1267/2026, publicados en el Boletín Oficial bonaerense.
En el caso de Catoggio, la renuncia fue presentada a los fines jubilatorios y aceptada con efecto desde el 1° de agosto de 2026. El magistrado había sido designado en el cargo en noviembre de 2007.
Sin embargo, el decreto incorpora un dato que diferencia su salida. Si bien los organismos consultados no detectaron actuaciones en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento ni en el marco de la Ley N° 8085, la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia informó la existencia de una actuación administrativa relacionada con el magistrado.
La norma aclara que esa situación no impide aceptar la renuncia, aunque deja expresamente establecido que la causal de cese queda supeditada al resultado de dicha actuación administrativa, conforme al artículo 160 de la Acordada N° 3354 de la Suprema Corte.
Por otra parte, Tula presentó su renuncia al Tribunal del Trabajo N° 1 de San Isidro por motivos particulares. Su salida fue aceptada a partir del 21 de septiembre de 2026.
Tula había sido designado juez de ese tribunal en diciembre de 2012. A diferencia del caso de Catoggio, las consultas realizadas ante los organismos correspondientes no registraron actuaciones en trámite vinculadas al magistrado.
Ambas renuncias fueron refrendadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y quedaron formalmente aceptadas por el gobernador Axel Kicillof.
