Quién es el intendente libertario que fue suspendido en sus funciones en Río Negro
Crónica de una suspensión anunciada. Las tensiones políticas primero en la UCR, luego en JSRN y finalmente en la Libertad Avanza que llevaron al aislamiento a Marcelo Román. La pelea con los gremios y una causa que avanza en la Justicia a un ritmo mucho más lento que la política
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Tal como informó La Tecla Patagonia, en una sesión tensa y con fuerte presencia de vecinos, el Concejo Deliberante aprobó la semana pasada por 6 votos contra 3 la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román (referente de La Libertad Avanza), mientras la Justicia rionegrina avanza en la causa por presunto peculado y administración fraudulenta. La medida, basada en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, tiene vigencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.
El presidente del Concejo, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), asumirá interinamente las funciones de jefe comunal. Román, quien ya había anticipado su rechazo en redes sociales, calificó la decisión como “un golpe institucional antidemocrático” y “un acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional”. Afirmó que detrás hay “una disputa política de quienes quieren gobernar Allen sin pasar por las urnas” y anunció que judicializará la medida, presentando incluso una denuncia penal por “abuso de autoridad” contra los concejales que votaron a favor.
Cómo se llegó a esta situación
Marcelo Román asumió la intendencia de Allen en diciembre de 2023 tras ganar las elecciones con una lista del radicalismo (UCR), en alianza con Juntos Somos Río Negro. A los pocos meses rompió con esa estructura y se afilió a La Libertad Avanza (LLA), convirtiéndose en el único intendente libertario de Río Negro. Rápidamente ascendió dentro del partido: ocupó la vicepresidencia provincial y se alineó inicialmente con la diputada Lorena Villaverde. Sin embargo, en agosto de 2025 renunció a ese cargo y al Consejo partidario por “razones personales”. El espacio libertario local señaló que el vínculo estaba roto desde marzo por falta de participación en reuniones y que la situación de Allen era “una cuestión de gestión”.
La gestión de Román estuvo marcada desde temprano por una profunda crisis económica, institucional y política. Una situación financiera crítica, que según informes del Tribunal de Cuentas, la deuda con proveedores superaba los 2.900 millones de pesos a mediados de 2025. Se detectaron gastos millonarios en publicidad (más de 34 millones), asesorías (58 millones), horas extras desproporcionadas y un fuerte incremento en el presupuesto de la Fiesta Nacional de la Pera (de 14 millones en 2024 a más de 567 millones en 2025). Román intentó sin éxito que el Concejo declarara la emergencia económica, financiera y fiscal por seis meses (prorrogable), lo que le habría otorgado “superpoderes” para revisar contratos y congelar gastos.
Choques con los gremios municipales: El conflicto escaló en septiembre de 2025. Trabajadores de ATE, SOyEM y UPCN protestaron con bloqueos, quema de gomas y bengalas dentro del municipio por sueldos adeudados desde más de un mes y medio y paritarias sin acuerdo. Román respondió que había otorgado un aumento del 59% pero que “no se puede dar más”. La situación generó imágenes de caos institucional y un duro mensaje del intendente: “Estamos a la deriva”.
Inestabilidad en el gabinete: Múltiples renuncias de funcionarios clave (incluyendo jefes de Gabinete, Deportes, Urbanismo y Vivienda) profundizaron la crisis interna durante 2025 y principios de 2026.
Las acusaciones judiciales
La causa penal se originó en una denuncia del Tribunal de Cuentas. En junio de 2025 se realizaron allanamientos en la Municipalidad. El 18 de junio de 2026 la jueza Natalia González formuló cargos contra Román por peculado y administración fraudulenta (en concurso ideal), y contra el empresario Sebastián Ocampo como partícipe necesario.El hecho central imputado es la compra, entre marzo de 2024 y julio de 2025, de un celular por 479.999 pesos con fondos municipales bajo servicio corporativo. El municipio continuó abonando la línea (totalizando más de 596 mil pesos). Según la acusación, el dispositivo fue entregado a Ocampo, quien no tenía vínculo laboral legítimo con la comuna ni era agente público. Ocampo habría utilizado el teléfono y dado órdenes indirectas a empleados municipales, arrogándose facultades de gestión.
La investigación sigue abierta con pericias y testimonios pendientes. Román niega las acusaciones y las atribuye a operaciones políticas.
Cruces políticos y rol de LLA
La UCR rionegrina reaccionó con dureza al pase de Román a LLA: lo acusó de “traición”, inició el proceso de desafiliación y pidió su expulsión definitiva por considerar incompatible su accionar con los valores radicales.
En el Concejo, la suspensión contó con votos de concejales de Juntos Somos Río Negro, No Une Río Negro y un edil de UCR Auténtica. Votaron en contra las dos ediles oficialistas (Analía Martínez y Valeria Bezic) y un concejal radical (Antonio Sepúlveda), quien habló de “golpe constitucional”.
La Libertad Avanza, que había visto en Román a su principal referente municipal en la provincia, se mantuvo distante en los últimos meses. El partido no defendió públicamente al intendente y priorizó marcar que se trataba de una cuestión de gestión local.
Román, por su parte, insiste en que permanecerá en su despacho y que la suspensión no lo aparta del cargo mientras no haya sentencia firme. La crisis institucional en Allen se profundiza y la ciudad enfrenta un escenario de parálisis administrativa y fuerte polarización política.
