4 de junio de 2026
CRISIS TOTAL
Las pymes le piden oxígeno a Milei: reclaman frenar embargos, multas y lanzar una moratoria
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa solicitó al ministro Luis Caputo que ARCA suspenda sanciones y ejecuciones fiscales. Advierten que el consumo sigue deprimido y reclaman medidas para evitar un mayor deterioro del entramado productivo.
La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas volvió a encender señales de alarma en uno de los sectores que más apostó por un cambio en la economía. En medio de la caída del consumo y las dificultades para sostener la actividad, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le pidió al Gobierno nacional una batería de medidas de alivio fiscal para evitar que la situación siga agravándose.
La entidad elevó un planteo al ministro de Economía, Luis Caputo, luego del anuncio sobre el envío al Congreso de un proyecto para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal. Mientras esa iniciativa se discute y eventualmente entra en vigencia, las pymes reclamaron que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de multas por incumplimientos fiscales.
Además, solicitaron que, en aquellos casos en los que los contribuyentes regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores al período de espera previsto en la futura normativa, las sanciones se reduzcan en un 50%. La multa completa, sostienen, debería aplicarse únicamente cuando el incumplimiento persista una vez agotados todos los plazos de regularización.
El reclamo más contundente apunta a la presión fiscal que enfrentan miles de empresas en un contexto de actividad estancada. Por ese motivo, CAME también pidió la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos que afectan al sector pyme.
“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, explicó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.
La propuesta también contempla incluir dentro de ese esquema las deudas vencidas al 31 de mayo de este año, además de los planes de pago vigentes y aquellos que hayan caducado.
Desde la entidad argumentan que el pedido responde a una realidad cada vez más compleja para el sector. Con ventas que no logran recuperarse y una demanda interna que continúa debilitada, las pymes advierten que necesitan herramientas extraordinarias para evitar mayores dificultades financieras.
En ese marco, CAME señaló que la situación se vuelve aún más sensible frente a los debates sobre una eventual reforma tributaria impulsada en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso, consideró indispensable que el Gobierno adopte medidas que permitan preservar el entramado productivo, sostener el empleo y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
El reclamo deja al descubierto una paradoja incómoda para la Casa Rosada: mientras el Gobierno celebra la desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal, uno de los principales motores de la economía real reclama una tregua impositiva para poder sobrevivir a la fuerte contracción del consumo.