22 de abril de 2026
NUEVO REGIMEN
Vivienda y poder territorial: Kicillof redefine cómo se adjudican casas en barrios populares
La Provincia aprobó un nuevo régimen para adjudicar viviendas y regularizar la propiedad en villas y asentamientos. El esquema otorga más poder al OPISU, habilita planes de pago flexibles y redefine el valor de las viviendas con criterios sociales.
El gobierno bonaerense oficializó un cambio estructural en la política habitacional. A través del Decreto 389/2026, la administración de Axel Kicillof aprobó un Régimen General de Adjudicación de Viviendas y Regularización Dominial que ordena y centraliza los procesos de urbanización en barrios populares.
La medida coloca en el centro al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, que pasa a tener la facultad de diseñar programas específicos para cada intervención. Esto incluye definir el valor de las viviendas, los plazos de pago y la posibilidad de aplicar quitas o planes especiales según la situación socioeconómica de los beneficiarios.
El nuevo esquema se apoya en la Ley de Acceso Justo al Hábitat y en el marco constitucional que reconoce el derecho a la vivienda. En ese sentido, el decreto refuerza el enfoque de “función social de la propiedad”, un criterio que busca limitar la lógica de mercado en la fijación de precios.
Uno de los puntos más relevantes es que el valor de las viviendas no podrá incluir ni la plusvalía urbana ni las mejoras realizadas por los propios vecinos. Se trata de una definición con fuerte contenido redistributivo, que apunta a evitar que los procesos de urbanización terminen encareciendo el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables.
El régimen también establece parámetros para la selección de adjudicatarios, el control de las viviendas y la organización consorcial. Esto implica regular no solo la entrega de unidades habitacionales, sino también la convivencia y administración posterior en los barrios intervenidos.
En paralelo, se consolida el rol de la Escribanía General de Gobierno en los procesos de regularización dominial, incluyendo aquellos impulsados por municipios. Esto refuerza la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales, aunque también puede abrir tensiones en la implementación territorial.
Otro aspecto clave es la simplificación de los procedimientos administrativos y la creación de mecanismos de financiamiento más accesibles. El objetivo declarado es acelerar las soluciones habitacionales en contextos de alta demanda, especialmente en villas y asentamientos con distintos grados de consolidación.
Con este decreto, el gobierno provincial no solo redefine una política pública, sino que construye una herramienta de intervención directa en el territorio. En un escenario donde la vivienda es una de las principales demandas sociales, la medida combina impacto concreto en los barrios con una clara proyección política sobre el mapa bonaerense.