Asociaciones vecinales y referentes de la oposición cuestionan el accionar del Defensor del Pueblo Bonaerense, Guido Lorenzino, por la falta de resolución en conflictos vinculados a los servicios por ejemplo con IOMA y ABSA. Una entidad cuestionada, que recibe fondos provinciales y que está manejada por el mismo hombre hace casi diez años

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Guido Lorenzino desde 2016, enfrenta crecientes cuestionamientos por su aparente ineficacia en resolver reclamos ciudadanos, particularmente aquellos vinculados a servicios esenciales como ABSA, IOMA y otros organismos provinciales. A pesar de recibir miles de denuncias anuales, desde la oposición argumentan que el organismo se limita a una burocracia estéril, derivando casos sin lograr soluciones concretas, lo que plantea serias dudas sobre su utilidad real, su independencia del poder ejecutivo provincial y sus gastos.

En un contexto de persistentes fallas en los servicios públicos, la Defensoría ha sido señalada por no avanzar más allá de meros reclamos formales.

Por ejemplo, en relación con ABSA, el organismo ha emitido múltiples pedidos de mejora en la calidad del agua y resolución de cortes, pero los problemas continúan sin resolución efectiva, dejando a miles de bonaerenses no solo sin acceso a este servicio básico, sino que en muchos casos con un pésimo servicio en relación a la calidad del agua. En la región se han multiplicado los estudios que arrojan niveles de arsénico elevados.

Ejemplo de esta situación son las sendas presentaciones realizadas por la Mesa del Agua, cuyo referente Eduardo Hache, ha enumerado en varias notas brindadas a Desconfiados por Cadena Río, el periplo burocrático que vienen atravesando en la Defensoría con reclamos que no llegan a ningún lado.

De manera similar, los conflictos con IOMA –la obra social provincial– han generado un aluvión de quejas por falta de cobertura médica, demoras en pagos a profesionales y suspensiones de atenciones, donde la intervención de la Defensoría se reduce a mediaciones que no evitan el colapso del sistema, afectando directamente la salud de afiliados.

Más del 40% de los reclamos recibidos por la Defensoría corresponden a servicios públicos, con ABSA y empresas eléctricas como principales apuntadas, evidenciando que los problemas persisten año tras año sin que el organismo impulse cambios estructurales.

Los ciudadanos deben navegar un laberinto burocrático para presentar denuncias, solo para que muchas sean derivadas a otros entes competentes sin seguimiento efectivo o resultados tangibles. La oposición sostiene que esto convierte a la Defensoría en un mero "buzón de quejas" que no media soluciones reales, perpetuando la frustración de los usuarios y cuestionando su rol como garante de derechos.

En casos emblemáticos, como disputas con IOMA por deudas a médicos que llevan a cortes de prestaciones, las intervenciones de Lorenzino han sido calificadas de parciales, defendiendo intereses del organismo estatal en detrimento de los afiliados, lo que resalta una posible falta de imparcialidad.

A esto se suma el elevado presupuesto asignado al organismo, que contrasta drásticamente con los escasos logros concretos. En 2023, la Defensoría contó con un gasto de $5.328.030.000, más del doble que el año anterior, y reportes indican que para periodos posteriores –incluyendo 2025– los fondos se mantienen en niveles altos, superando los miles de millones de pesos anuales pese a la inflación galopante.

Este desembolso, financiado por el erario provincial, resulta desproporcionado si se considera que la mayoría de reclamos no derivan en soluciones palpables, sino en un ciclo de burocracia ineficaz.

Las dudas sobre la independencia de la Defensoría bajo Lorenzino son particularmente alarmantes. Nombrado en 2016 con respaldo del peronismo y reelegido en 2021, el organismo ha sido acusado por la oposición de actuar en sintonía con el Ejecutivo provincial, priorizando agendas políticas sobre la defensa imparcial de derechos.

Hubo varias voces opositoras en la Legislatura provincial que cuestionaron el accionar de Lorenzino, sobre todo su figura quedó bajo la lupa luego de la pandemia.

En cuanto a IOMA, desde la Coalición Cívica han pedido explicaciones a Lorenzino sobre qué hizo la Defensoría ante denuncias por falta de medicamentos y atención, implicando inacción como organismo de contralor.

La Defensoría del Pueblo bonaerense bajo la conducción de Lorenzino acumula reclamos sin resolverse, un presupuesto inflado y serios interrogantes sobre su neutralidad. Urge una reforma profunda para evitar que siga siendo un engranaje burocrático inoperante en una provincia plagada de deficiencias en servicios esenciales.

Frente a las consultas de La Tecla, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires señalaron que el organismo “actúa conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Constitución provincial”, que le otorga la función de supervisar la eficacia de los servicios públicos bajo jurisdicción bonaerense. “Nuestra tarea consiste en recepcionar los reclamos, intervenir ante los organismos competentes y promover soluciones institucionales y judiciales cuando corresponde”, explicaron voceros del área de Servicios Públicos y Medioambiente. Aseguraron, además, que “se trabaja de manera constante en conjunto con municipios, empresas prestatarias y ministerios provinciales” para garantizar el acceso a servicios básicos en condiciones adecuadas.

En relación con las denuncias por la presencia de arsénico en el agua de distintos municipios, la Defensoría indicó que ha impulsado acciones judiciales y de mediación en localidades como Bragado, Chivilcoy, 9 de Julio, Carlos Casares, San Miguel del Monte, Marcos Paz y Lobos, entre otras. “En todos los casos se busca asegurar el derecho al agua potable mediante medidas cautelares, provisión de bidones o cisternas y control de obras de potabilización”, sostuvieron. Según el organismo, estas intervenciones se enmarcan en “el cumplimiento de estándares internacionales y nacionales de calidad del agua”, citando los valores guía de la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino.

No obstante, al ser consultados sobre las cifras totales de reclamos recibidos, el porcentaje de resolución de casos o las denuncias relacionadas con IOMA, desde la Defensoría evitaron ofrecer datos concretos o estadísticas actualizadas. Tampoco precisaron información sobre los resultados de las gestiones en curso. “La prioridad es continuar acompañando a los vecinos y fortalecer la presencia territorial del organismo”, se limitaron a señalar desde el entorno de Guido Lorenzino, quien no respondió consultas adicionales sobre la efectividad o los recursos del ente.

¿Quién es Guido Lorenzino?

Guido Lorenzino, nacido el 9 de noviembre de 1967 en Vicente López, Buenos Aires, es un político y funcionario argentino con una trayectoria marcada por su afiliación al Partido Justicialista (PJ). Profesor de enseñanza primaria egresado del Colegio Nacional Mariano Acosta en 1988, incursionó en la política como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en 2007, donde integró comisiones clave como Asuntos Municipales y Justicia.

Su carrera escaló durante la gobernación de Daniel Scioli (2007-2015), donde ocupó cargos ejecutivos como subsecretario de Asuntos Municipales, secretario de Seguridad y Justicia, y ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Identificado como "sciolista", Lorenzino mantuvo vínculos estrechos con el peronismo, lo que facilitó su designación como Defensor del Pueblo bonaerense en diciembre de 2016, tras un acuerdo legislativo que incluyó adjuntos de otras fuerzas.

Reelegido en 2021 para un segundo mandato de cinco años, ha enfocado su gestión en temas como servicios públicos, salud y derechos consumidores, aunque enfrenta críticas por presunta falta de independencia del Ejecutivo provincial liderado por Axel Kicillof.

Activo en redes sociales, Lorenzino promueve la expansión territorial de la Defensoría con delegaciones en 58 municipios, pero su pasado político y el accionar en miles de reclamos sin resolución, generan escepticismo sobre su imparcialidad en un rol que exige autonomía absoluta.

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