En medio de los recortes millonarios que realiza el presidente Javier Milei a las arcas de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense busca hacerle frente a la situación con diferentes herramientas. La política de recaudación progresiva con el foco puesto en altos ingresos es una de sus principales propuestas. A días del vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural sectores del campo pusieron el grito en el cielo.
Desde la Mesa de Enlace bonaerense (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Carbap y Coninagro) reclamaron al gobernador, Axel Kicillof, una prórroga en el vencimiento de la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural "dada la enorme cantidad de inconsistencias encontradas en las boletas emitidas por ARBA".
Asimismo, un grupo de productores de diferentes localidades realizó una asamblea en el distrito de Salto. En la oportunidad plantearon a las entidades que los nuclea tomar cartas en el asunto y amenazaron con no pagar las obligaciones tributarias. En ese sentido exigieron que se "retrotraigan las cuotas a un máximo de 200% de aumento, se restituya el descuento por buen cumplimiento y débito automático y se elimine la quinta cuota, aun sin implementar".
Las quejas de un sector del agro encontraron al apoyo del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, que presentó un proyecto para modificar el artículo 10 de la Ley Impositiva N° 15.479. El objetivo es que incluya topes de aumentos para “corregir la inequidad que afectó a una gran cantidad de productores”.
Los cierto es que el esquema tributario que rige en tierras bonaerenses para este 2024 fue aprobado en la Legislatura. La iniciativa que ideó Axel Kicillof junto a su equipo económico tuvo el apoyo mayoritario de los bloques de la oposición y es uno de los fundamentos en lo que se basa el Gobierno para defenderse de los cuestionamientos surgidos.
Según pudo conocer La Tecla, en la provincia de Buenos Aires hay 300 mil partidas inmobiliarias rurales y casi la totalidad tendrán un aumento que no supera el 200%. De hecho, todas estarán por debajo de la inflación del período.
En el desmenuzado, unas 2 mil partidas, que representan sólo el 0,7% del total (7 de cada 10.000), tendrán una suba de hasta el 315%. Los mismos son inmuebles cuya base imponible es superior a $198.940.000 y, por lo tanto, no tienen tope. En valores de mercado, son campos de varios millones de dólares.
Asimismo, el tributo se abona en 4 cuotas al año (marzo, junio, septiembre, noviembre) y el resultante será la sumatoria del que corresponda a la tierra rural más el impuesto correspondiente al del edificio y mejoras. Para los edificios y mejoras, no podrá superar el 200% de aumento.
Cuando se aprobó la Impositiva a fines de diciembre, desde el Gobierno bonaerense habían expresado que, en líneas generales, "esta ley expresa nuestra visión respecto de los lineamientos que debe seguir toda política tributaria que busque construir una sociedad más justa y menos desigual, con un Estado presente para acortar las brechas entre los que más y los que menos tienen, procurando para ello generar incentivos y estímulos para el crecimiento y desarrollo de la producción y de las inversiones privadas".
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