Por Andrés Sosa y Hernán Sánchez
El gobernador Axel Kicillof se encuentra en un contexto en el que la crisis económica lo obliga a poner en práctica la creatividad para garantizar un funcionamiento óptimo de su gestión. El plan de ajuste implementado por el presidente Javier Milei provoca una serie de complicaciones a la hora de garantizar programas esenciales para los 17 millones de bonaerenses. La quita de recursos nacionales genera un reordenamiento de prioridades, a la vez que se libra una disputa política -y judicial- para la recuperación de los fondos no recibidos.
El diagnóstico que hacen en la Gobernación sobre los miles de millones de pesos que dejaron de recibir por parte del Estado nacional es lapidario. Por ese motivo, ponen en práctica una guía de acción que apunta a tapar los agujeros que genera el recorte y dar respuestas a las demandas más elementales de la sociedad. De manera conjunta, desarrollan una pelea ideológica e institucional para mostrar contrastes con el gobierno nacional y hacer notar la responsabilidad que posee en la situación.
Según pudo conocer La Tecla, las cifras aproximadas que se manejan para evaluar el costo de la quita de recursos son multimillonarias. En ese aspecto, se estima que mensualmente se dejan de recibir 14.500 millones por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), 40 mil millones por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) y unos cuatro mil millones por cajas de jubilaciones no transferidas. Esto implica un flujo de casi 60 mil millones menos por mes.
Asimismo, en partidas de alimentos, se dejó de percibir hasta un 20% del total que se invierte en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria ( MESA Bonaerense); y Nación todavía no desembolsó una parte correspondiente a diciembre. A modo de cobertura, el Ejecutivo provincial elevó la inversión mensual de $27.092 millones a $ 52.564 millones, lo que implica un aumento del 94%.
En cuanto al stock de deuda de la Nación con la Provincia, se calcula en poco más de 250 mil millones de pesos, ya que incluye las compensaciones por inflación del Consenso Fiscal. Antes del cambio de gobierno en 2023, el Ejecutivo canceló las obligaciones de 2020 al 2022, pero restan las del año pasado. Si bien estos montos deben ser transferidos, el retraso hacen que se licúen por el efecto inflacionario.
Bajo estas condiciones, Kicillof reordenó las prioridades de su gestión para poder cumplir con las principales acciones. De esta manera, para este 2024 habrá especial énfasis en lo que hace a las políticas de asistencia social, salud, seguridad y educación. En cuanto a las obras no continuarán con el mismo ritmo con el que venían, pero van a cumplir con las que consideran de primer orden.
“El Gobernador ha definido como prioritarias las inversiones en materia social, sanitaria, seguridad y después obra pública en la medida de las posibilidades. Luego, a partir de eso, el resto de las áreas se continuará en función de la urgencia”, manifestó a este medio un ministro de peso en la estructura del gobierno bonaerense.
Las obras de infraestructura son claves por diferentes motivos y en el Ejecutivo provincial abren canales con diferentes sectores para no detener del todo la marcha. “Se van a buscar las alternativas, las que están con menos nivel de avance se reactivarán a medida que se recuperen fondos”, manifestaron.
En cuanto a las que tienen financiamiento internacional la situación es diferente ya que poseen mejores condiciones para concluirlas. De hecho, al margen de las que tienen en marcha, ya presentaron nuevos proyectos en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y a CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Hay optimismo en Calle 6 para que se concreten, ya que avanzan a buen ritmo los proyectos que están en ejecución.
“Nosotros estamos hablando con la CAF desde Provincia y con diversos organismos a la espera de fuentes alternativas de financiamiento. Más allá de eso, seguramente venga una pelea política, es difícil prever las características, pero la provincia de Buenos Aires se tiene que hacer respetar y defender a sus ciudadanos”, indicaron fuentes ministeriales.
La salud será otra de las prioridades en medio de una escalada inflacionaria que destruye el bolsillo de los sectores más vulnerados. El grueso de la inversión estará destinado a la compra de medicamentos e insumos, y en segundo plano quedarán otros aspectos del sistema sanitario. Ante esta situación, desde el entorno de Kicillof advierten: “La falta del rol regulador del Estado nos complica tanto o más que la quita de recursos".
En esa línea, también señalan que el incremento de los precios de los combustibles atenta contra los trabajos en la prevención de delitos. La constante variación de los costos hace que se tenga que ampliar el cupo para los fondos en ese ítem.
Un pequeño respiro apareció la semana pasada, cuando Presidencia dio marcha atrás con la quita del fondo de la Ley de Financiamiento Educativo. A la espera de novedades al respecto, también hay indicios de la continuidad del programa “Hacia la universalización de la Jornada Completo o Extendida” (llamada quinta hora) y se depositó la primera cuota correspondiente a los pagos de enero y febrero 2024.
Como otra de las tareas para costear la crisis, el Gobierno bonaerense afinó el ojo en el aspecto impositivo y buscará conseguir recursos a través de la suba de las alícuotas que alcanzaron en la Ley Impositiva a sectores concentrados y grandes empresarios. De todos modos, reconocen una caída de la recaudación en términos reales. Otro problema. En paralelo, ya empieza a estar sobre la mesa el revalúo fiscal, que debe ser actualizado este año pero comenzará a regir a partir del 2025.
En medio de las severas complicaciones surgidas ante el plan motosierra de Milei, una voz importante del Gobierno provincial manifestó: "Nación está haciendo una Doble Nelson, por un lado corta recursos a las provincias y por el otro se retira de las funciones que le competen como educación, salud y demás".
Tal caracterización pinta de cuerpo y alma lo que piensa el entorno de Kicillof, en un contexto regresivo para las provincias y que afecta la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
CONURBANO E INTERIOR
La relación entre la Provincia y los intendentes en un contexto regresivo
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires activa tanto sus mecanismos administrativos como políticos para mantener un vinculo de cercanía con los 135 intendentes. En tiempos en que los recursos escasean, las demandas de los municipios se incrementan ante la falta de fondos provenientes de la Nación.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo bonaerense entabla un vínculo de seguimiento de obras, programas y envíos de recursos para diferentes acciones de gestión. Por ese motivo, al margen de los acercamientos o tensiones -propias de la pertenencia a diferentes espacios políticos de los jefes comunales-, ponen el foco en los distritos con mayores inconvenientes económicos.
En ese marco, según pudo conocer La Tecla, en la Gobernación hacen una diferenciación en los municipios del Conurbano y los del interior. En cuanto a los primeros, la mayoría posee, al menos por el momento, una espalda económica para afrontar la crisis que se profundiza cada vez más.
No obstante, en las profundidades de la provincia de Buenos Aires el panorama es diferente. “Están mas jodidos”, advierten desde la administración central, sobre todo aquellos que no tienen su actividad económica basada en el sector agropecuario. De todos modos, consideran que en las zonas rurales el impacto del descalabro no se sentirá tanto como en aquellas localidades que dependen de la industria.
Del mismo modo, los alcaldes “todo el tiempo piden cosas” al Gobierno bonaerense en cada oportunidad que se les presenta. Desde el Poder Ejecutivo intentan poner sobre la mesa la responsabilidad del presidente, Javier Milei, por las casi mil obras paralizadas que afectan a gran parte de los distritos.
En tanto, en Calle 6 recuerdan que en febrero se transfirieron $11.600 millones a los 135 municipios en concepto de la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. Los mismos son no reintegrables y de libre disponibilidad. Asimismo, el 30 de abril sería el segundo desembolso, el tercero en julio y el cuarto en octubre. El monto se actualizará mediante la utilización del último coeficiente publicado, previo al vencimiento por ARBA.
LEY IMPOSITIVA
El foco puesto a los altos ingresos para recuperar fondos
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires despliega una serie de herramientas para amortiguar el impacto que genera la quita de recursos provenientes de la Nación. Mientras el objetivo político es trasladarse la responsabilidad de las consecuencias al presidente Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof apuesta a lo que pueda cosechar con la Ley Impositiva que fue aprobada en la Legislatura bonaerense.
En épocas de crisis con un programa clásico de ajuste para enfriar la economía, tal cual lo implementa la Presidencia de la Nación, una de las tantas puñaladas que reciben las arcas de las provincias es el efecto recesivo que se traduce en un desplome de la recaudación de impuestos. Como efecto cascada, con menores ingresos, comienzan los inconvenientes para garantizar diversos aspectos de la gestión.
Por ese motivo, en el Poder Ejecutivo provincial confían en que la implementación de la hoja de ruta fiscal pueda recuperar recursos que en los años previos se fueron licuando ya que los impuestos patrimoniales perdieron mucho peso en términos reales. Ante esta situación, es vital la tarea que lleva adelante la Agencia de Recaudación (ARBA).
El incremento en las alícuotas de Ingresos Brutos para sectores específicos concentrados, como el sistema financiero y comunicaciones, es un punto en el que el Gobierno hace hincapié. Apuntan principalmente a sectores con altos ingresos como una directriz para “generar mejores recursos”.
De todos modos, en la Casa de Gobierno bonaerense proyectan una caída de la recaudación en términos reales por el desplome de la actividad económica, provocada por el plan motosierra de Milei. A la espera de conclusiones finales, se estima que el plan diseñado, que pone el foco en sectores de mayor riqueza, sea un colchón para afrontar la crisis. Es que, por ejemplo, la alícuota del sector financiero es más alta que la mayoría de los sectores -se encuentra en nueve por ciento- e imposible de evadir.
En la última semana, el Gobierno de la Provincia determinó que el anticipo adicional del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que deben pagar este año grandes contribuyentes con actividad en rubros concentrados de la economía, se abonará en una sola cuota. De esta forma, la intención es poder generar condiciones para una recaudación acorde a los tiempos que se viven a cambio de beneficios para el sector privado.
Los primeros datos que no son concluyentes, producto de la incertidumbre reinante, arrojan que la recaudación por Ingresos Brutos se encuentra con un poco más de oxígeno que la actividad económica.
Salarios, una discusión delicada ante la inflación
Los distintos gremios bonaerenses acordaron con el Poder Ejecutivo discusiones mensuales para revisar los salarios ante la escalada inflacionaria. El objetivo que tienen es no perder poder adquisitivo, pero el obstáculo principal es la profundización de la crisis.
Fuentes del Gobierno adelantan que si bien la intención es acompañar el ritmo de la suba de precios, deben mirar "los recursos que tenemos porque si la recaudación se desploma mucho más de lo que proyectamos, cambia el panorama".
UN GOLPE BAJO
El recorte de Nación y el impacto multimillonario en la Provincia
Un informe de la CTA Autónoma de la Provincia, denominado el “Impacto del ajuste de Milei sobre el Estado Provincial y el pueblo bonaerense” dio cuenta de las consecuencias económicas del plan del Gobierno nacional. En ese sentido, explicaron que “la prórroga del Presupuesto 2023 supone la libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo de reasignar partidas de acuerdo al aumento de la recaudación (nominal) por el efecto de la inflación. Este mecanismo permitirá un recorte directo de forma discrecional sobre distintas áreas del Estado”.
Asimismo, señalaron que “respecto a las transferencias no automáticas, que representan alrededor del 10% del gasto total del Estado bonaerense, implican una cifra aproximada de 853 mil millones de pesos, que obviamente afecta de manera transversal a todas las partidas de gastos para sostener las políticas públicas para los más de 17 millones de bonaerenses”.
A su vez, ejemplificaron que tal ajuste “representa casi el 45% del total del presupuesto de Educación”, un total de “25 Presupuestos del Instituto de la Vivienda”, “más de 2 presupuestos del Ministerio de Salud” y “una cifra cercana al 28% de lo que se gasta en pagar salarios en la Provincia”.
En cuanto al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que recortó Javier Milei, afirmaron que en 2023 significó la suma anual de 107 mil millones de pesos y para el primer mes de 2024 representó un monto aproximado a los $14.500 millones. Asimismo, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, también dado de baja, el año pasado implicó unos 242 mil millones de pesos.
Sobre los recortes en fondos que forman parte de las transferencias para gastos de capital, relevaron que la obra pública se verá afectada ya que hay casi mil proyectos parados. Por tal concepto, en 2023 “se transfirieron a la provincia de Buenos Aires la suma de 120 mil millones de pesos”.
Además, la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el transporte representó en enero de este año un monto aproximado de $900 millones de pesos. Tal medida genera un aumento del boleto que ronda entre los $700 a $2000 según la región. Sobre la quita de subsidios en materia energética, afirmaron que los aumentos que rigen en el servicio a partir de febrero implicarán subas entre el el 70% y 300%, aproximadamente.
Desde la CTA Autónoma concluyeron: "En el caso bonaerense la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, sumado al FONID, entre otros, representa casi el 90% de transferencias automáticas menos para este año".
CONTINUIDAD
Juegos Bonaerenses 2024, adentro
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, habló sobre la continuidad de los programas vinculados a la niñez y juventud. En ese sentido, indicó que tanto el Organismo de Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de Políticas Sociales implementan políticas focalizadas para el sector. Las que se destacan son las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Envión. Entonces, aseguró que “estamos trabajando en una actualización en esas prestaciones”.
A su vez, sobre los emblemáticos Juegos Bonaerense que organiza la Subsecretaría de Deportes, manifestó que “a pesar de las contingencias estamos haciendo todos los esfuerzos para sostener los Juegos Bonaerenses, que es el programa deportivo más grande del país, y de los más grandes de Latinoamérica también, porque el año pasado participaron 400.000 chicos y 40.000 fueron a las finales en Mar del Plata. Todo esto tiene que ver con una mirada amplia que no solo apunta a la alimentación, sino a la integración y a la realización de los pibes y de las pibas en un marco de contención”.
MOTOSIERRA ON FIRE
Milei y la ejecución: las cifras que marcan las prioridades del ajuste
Los primeros dos meses del año marcaron el ritmo del ajuste implementado por el presidente Javier Milei, y las cifras son elocuentes. Los recortes significativos en partidas que deben garantizar el acceso a derechos básicos y el gran volumen de fondos destinados para pagar deuda desnudan las características del plan libertario.
La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante enero y febrero, según el relevamiento publicado por el Centro de Economía Política (CEPA), arrojó que se destaca la fuerte caída de la ejecución real, respecto a los dos primeros meses del año 2023, en el orden del 29%,. “Implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración”, indicaron desde la consultora.
No obstante, remarcaron que “se verificó una fuerte representación de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, que representó nada más y nada menos que el 30% del total de gastos devengados, y el 48% de lo pagado”.
En cuanto a la seguridad social, en el caso de la Anses el recorte llega al 38% respecto al año pasado. A su vez, resaltaron que “Las fuerzas de seguridad están viendo reducidas sus partidas. Es el caso de la Policía Federal -63%, Gendarmería Nacional -57% y PSA
-22%. La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-5%), la Armada (-25%), y la Fuerza Aérea (-8%)”.
En materia de empleo y obra pública, se observaron “caídas del 100% en programas como Apoyo para infraestructura en municipios, obras de seguridad en rutas nacionales, y desarrollo de infraestructura hidráulica”.
El otro detalle a tener en cuenta es que hubo fuertes incrementos en partidas de programas vinculados a la Seguridad y Defensa. Los mismos oscilan “entre el 22% de aumento para Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, y el 434% de incremento interanual para el programa Logística de la Defensa, pasando por el 386% de aumento en la ejecución de Proyectos Especiales en Seguridad Pública”.
Además, se analizó las partidas de las Transferencias No Automáticas a las provincias, llamadas “discrecionales”. Allí “se observan porcentajes de ejecución extremadamente bajos, cercanos al 0%, que explican el conflicto desatado recientemente con las provincias”.
Desde CEPA consideraron que “más allá de estos últimos casos analizados, la situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. En un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo”.
CONFLICTO CON NACION
Coparticipación federal, una batalla a fondo para oxigenar las cuentas
Desde que asumió la presidencia Javier Milei se agudizó el conflicto entre las provincias y el Estado nacional por los recursos coparticipables. Una pelea histórica que tiene como trasfondo la discusión sobre la federalización contra la centralización del país. La quita compulsiva de transferencias no automáticas y la amenaza latente sobre las automáticas minan el campo, al tiempo que también la Justicia es llamada a intervenir.
En la provincia de Buenos Aires es una constante el reclamo por ir hacia un esquema más justo de reparto de recursos. El 40 por ciento que aporta a las arcas nacionales no se compara con lo que recibe como contrapartida, que es casi el 22%. No obstante, el gobernador Axel Kicillof sostiene que la distribución debe apuntar a no profundizar desigualdades entre las diferentes jurisdicciones.
Las transferencias no automáticas funcionan a modo de compensación para elevar el piso de coparticipación que perciben los gobiernos provinciales. En ese sentido, en territorio bonaerense la quita del FONID, del FOFOFI y de otros fondos de esas características implicó una reducción drástica de lo que percibe desde Nación.
Las primeras estimaciones a las que pudo acceder La Tecla arrojan que, si se cuentan los recursos mencionados, la Provincia llegaba a un 25 por ciento aproximadamente de coparticipación. Pero, ante la eliminación de tales flujos, ahora percibe alrededor de 21,5 por ciento. Así, se concreta una pérdida significativa.
A su vez, fuentes oficiales remarcaron que la Provincia es la más perjudica en el sistema de reparto y graficaron que perder dinero proveniente de Nación atrasa un objetivo fundamental para el Gobierno. Para graficar la situación, detallaron que las provinciales en promedio suelen tener entre un 10 y 15 por ciento de gastos de capital en sus presupuestos, mientras que en PBA cuando asumió Kicillof ese número era de cuatro por ciento y el 2023 llegó al siete.
Bajo estas condiciones, hay preocupación en la Gobernación bonaerense porque el objetivo propuesto siempre fue llegar a un 10 por ciento de gastos de capital, pero ante esta situación, ahora esperan que puedan cumplir con la misma cifra que concluyeron el año pasado.
En este marco, el gobernador Axel Kicillof no se cansa de repetir que es “la Provincia que menos recursos tuvo por habitante y es la que menos trabajadores públicos tiene. Es la Provincia que menos gasta y la más austera de la Argentina”.
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