Por Francisco Messina y Juan Carvajal
La motosierra que prendió el gobierno nacional sigue activada en su máxima potencia y, a diferencia de la casta, son los sectores más vulnerables los que sienten el filo de los recortes. Si para muestra hace falta un botón, la drástica reducción del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) afectará a más de dos mil barrios populares que se ubican a lo largo y ancho del territorio bonaerense, con el Conurbano como epicentro de mayor concentración.
El programa, que nació bajó la presidencia de Mauricio Macri y se convirtió en Ley durante el mandato de Alberto Fernández, financia mejoras en villas y asentamientos que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y, además, fomenta la creación de lotes con servicios. El aporte diario de este programa llegó a unos 2 millones de dólares, que sumaron unos $300.000 millones al año. Un relevamiento realizado por el mencionado organismo arrojó que los barrios y villas con mayor cantidad de familias se ubican en el segundo y tercer cordón del Area Metropolitana.
Con un trasfondo político, la administración de La Libertad Avanza buscaría darles la estocada final a los movimientos sociales, y en particular a Juan Grabois, en el manejo de los recursos millonarios que se destinaron principalmente a cooperativas que realizaban las obras más pequeñas de urbanización. No obstante, diferentes sectores salieron con los tapones de punta a reclamar el sostenimiento del programa, además de alertar sobre la grave crisis social que se agudiza con este tipo de medidas.
Tras conocerse la decisión del gobierno nacional, el equipo de sacerdotes de Villas y Barrios Populares, y Hogar de Cristo de la Argentina se pronunció en contra al afirmar, mediante un comunicado, que “es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores. La intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer. Bajar el presupuesto del FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) sería volver para atrás”. Asimismo, en contrapartida, alertaron sobre el impacto de las medidas económicas y el incremento de la asistencia, principalmente la alimentaria, a los sectores más vulnerables.
Por el lado de la administración bonaerense, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, encabezó un encuentro con sus pares de otras provincias, donde expuso las consecuencias del ajuste nacional.
Al respecto, el funcionario señaló que "estas políticas van por la clase media, hay una búsqueda de destruirla. Lo natural siempre es tener una política alimentaria para asistir a aquellos sectores más vulnerables. Lo que estamos observando hoy es un aumento muy grande de la demanda, pero también un reclamo que ya no proviene sólo de aquellos sectores que históricamente han planteado esa demamda y que lamentablemente pierden" (ver cuadro).
Desde el gobierno nacional no brindaron información a las consultas de La Tecla respecto la continuidad de políticas como el FISU o el reemplazo por otra denominación de una asistencia que beneficiaba a miles de familias en la provincia de Buenos Aires.
FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA
Un fondo creado por el macrismo y podado por la administración Milei
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue creado durante la gestión de Mauricio Macri a través del decreto 819/2019 y puesto en marcha durante la administración de Alberto Fernández con la ley 27.453.
El objetivo del programa es la financiación de proyectos de integración socio urbana para los conglomerados de viviendas humildes que se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la creación de lotes con servicios. Hasta la modificación, el Fondo se financiaba con un 9% del Impuesto PAIS, con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Aporte de Nación y, por única vez, con el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas de 2021. Con la gestión Milei llegaron los cambios a la normativa, con la reducción al 1% del impuesto PAIS.
EL RECLAMO DE LOS CURAS VILLEROS
“El recorte del FISU nos pareció realmente un golpe muy bajo”
El Padre Andrés Benítez, integrante del equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, manifestó que “desde el año pasado, cuando cambió el gobierno, la parte alimentaria es la que más se fue complicando. Más que nada los secos y todo eso que usamos para cocinar. Desde la parroquia atendemos a 5 villas distintas y son 8 capillas. Cocinamos en la semana diariamente para maestras y familias, que son alrededor de 3.000 personas, y es un número que estos días ha empezado a crecer”.
Sobre el recorte al Fondo, el párroco comentó: “Nos pareció realmente un golpe muy bajo, justamente se recorta algo que nos parece esencial, porque esos fondos ayudan realmente a nuestras familias y nuestros compañeros que viven en barrios vulnerables y en situaciones de emergencia. El FISU es algo que a nosotros nos acompaña un montón. Es como esa presencia real e inteligente del Estado”. En referencia a las medidas del gobierno que afecta a los sectores vulnerables, el sacerdote explicó: “Estamos esperando de parte del Estado también ese aporte y que se nos garantice que va a continuar ayudándonos con la alimentación”.
NUEVA IMPRONTA
Del Senado provincial a un área clave
Con la asunción de Javier Milei en la presidencia comenzaron a llenarse los casilleros en los puestos claves de la administración nacional. Uno de esos lugares es la subsecretaría de Integración Socio Urbana (dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial). Esta área comanda el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En este organismo fue confirmado Sebastián Pareja, un hombre de confianza del mandatario que estuvo a cargo del armado en la provincia de Buenos Aires durante la campaña electoral y fue electo senador provincial, banca que pasó a ocupar Carlos Curestis. Cabe destacar que el área en cuestión estaba en manos de Fernanda Miño, dirigente que respondía a Juan Grabois, y se financiaba con el 9 % de lo recaudado por el Impuesto PAIS y con el 15% de lo que se acumulaba con el Impuesto a la Riqueza.
DEMANDA DE ALIMENTOS
Cumbre de ministros de Desarrollo contra el destrato de la Nación
Se realizó un encuentro entre siete ministros de Desarrollo Social de diferentes provincias para efectuar un reclamo abierto por la problemática en torno a la emergencia alimentaria en varios barrios populares y comedores de todo el país. Encabezados por el ministro de Desarrollo a la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, manifestaron la nula comunicación con la titular de Capital Humano, Sandra Petovello, y el recorte del envío de alimentos por parte de la gestión nacional de Javier Milei. Junto a sus pares de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, La Rioja y Formosa, Larroque aseguró que observan un “aumento muy grande en la demanda” de alimentos y asistencia social. Sin embargo, enfatizaron que el pedido proviene principalmente de la clase media. En ese sentido, advirtieron que “no tienen interlocutores con el gobierno nacional”.
Solicitaron “instar al gobierno nacional para que convoque al Consejo Federal de Desarrollo Social y discutir políticas sociales, públicas, en un ámbito federal, de escucha, y en un ámbito donde haya poder de decisión para poder llevar respuestas a los habitantes”. También destacó el dialogo permanente con los intendentes bonaerenses. Advirtieron que la Provincia no recibió “ninguna transferencia del Estado Nacional en lo que va este nuevo gobierno”. Ante esta situación, el Ejecutivo bonaerense ayuda a los municipios en materia económica, pero también los intendentes aportan recursos propios para hacerle frente a esta importante problemática social.
UNION DE TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR
“Es inviable el diálogo con el gobierno nacional”
La UTEP tiene varias preocupaciones en torno a la problemática social en los sectores más vulnerables. Al faltante de alimentos en los comedores de los barrios se le suma la quita del programa Potenciar Trabajo, que servía de ayuda económica para el sector.
En ese sentido, el referente platense Carlos Dos Santos (Agrupación 25 de Mayo) aseguró que la situación del sector es “muy complicada” y que más temprano que tarde habrá una “fuerte crisis social”. “La idea del Gobierno es desorganizar a la sociedad, esa es la estrategia para domesticarla y que la gente se quede en su casa, con miedo”, sentenció el referente territorial. Con respecto a la baja del programa Potenciar Trabajo, Dos Santos manifestó que es “una mentira transformar los planes sociales en laburo”. Ratificó que se trata de un discurso ya utilizado por los gobiernos de Macri y Fernández, y argumentó: “No hay trabajo en blanco y genuino para esa gente”. Aseguró que son las organizaciones sociales quienes le hacen frente a la “crisis del hambre” y que la problemática de los comedores afecta a todo el país. “La Nación dejó de enviar alimentos, pero los compañeros siguen cocinando”.
Y criticó la actitud de la minsitra Petovello, quien, frente a la enorme cantidad de personas que hizo fila en la puerta de Capital Humano, convocó individualmente a “quien tiene hambre”, pero finalmente no recibió a ninguna persona.
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