Se inició el proceso de juicio político para otro funcionario judicial bonaerense

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios se reunió este jueves para tratar la denuncia contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, y decidió que el funcionario judicial fuera sometido a jury. Ahora comienza la instrucción por parte de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, que como primera medida corre traslado a la Comisión Bicameral de Jury (aún no constituida) y a la Procuración General de la Provincia para que decidan si acusan o no. 

Es casi una obviedad señalar la Procuración será parte acusadora cuando el proceso se sustancia en una denuncia realizada por el Procurador, Julio Conte Grand, quien acusó a Ferrari de violencia laboral y de haber llevado adelante decisiones que afectarían el servicio de justicia, entre ellas haber disuelto la Unidad para Delitos Complejos y Crimen Organizado del Departamento Judicial de Lomas, donde se llevaban adelante causas contra los barrabravas de Independiente y se apuntaba al dirigente sindical Pablo Moyano. También la dirigente Elisa Carrió había motorizado una presentación contra el mencionado fiscal.

El Jurado de Enjuiciamiento, presidido por la titular de la Suprema Corte, Hilda Kogan, decidió someter a Ferrari a juicio político por unanimidad. Si bien faltaron tres abogados de la matrícula que componen el cuerpo colegiado que juzgará al fiscal, todos los presentes votaron en favor del jury. 

Los abogados participantes fueron Ariel Colli, del Departamento Judicial de La Plata, y Adriana Ginóbili, del Departamento Judicial de San Martí. Los cinco legisladores sorteados para este jurado, y que estuvieron presentes en la audiencia de hoy son los senadores del Frente de Todos Francisco Durañona y Gabriela Demaría, y los diputados de Juntos Maurico Vivani, Ismael Passaglia y Abigail Gómez. 

Ferrari, quien estaba en el cargo desde 2013, fue licenciado en fallo dividido por la Suprema Corte en julio de 2020, a pedido del Procurador General. La Corte luego estiró las licencias del funcionario judicial, que en primera instancia era por 90 días.