No hubo acuerdo para designar nuevos jueces federales antes del recambio en el Consejo de la Magistratura

Finalmente, el oficialismo y la oposición no lograron cerrar un acuerdo para aprobar 18 concursos de jueces para cubrir 49 vacantes, varias de ellas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se juzgan los casos que involucran al poder político. Para aprobar un concurso se necesitan nueve votos. El oficialismo tiene siete y la oposición seis, por eso era imprescindible el acuerdo.

El tema formó parte de la agenda en el inicio de la última sesión del Consejo de la Magistratura antes de que entre en vigencia el fallo de la Corte Suprema que invalidó la actual conformación del cuerpo.

Como el Congreso no logró consensuar una reforma, a partir del 16 de abril el Consejo de la Magistratura debería retomar su conformación anterior, con Horacio Rosatti como principal autoridad, algo a lo que se opone el kirchnerismo. Los consejeros debaten ahora un reglamento especial para definir qué sucederá en las próximas semanas.

Por los feriados de semana santa, el lunes será el día clave. Pero no habrá otra composición y crece la incertidumbre de lo que podrá pasar.

El reglamento especial generó una pelea entre el oficialismo y la oposición. Se trata de un texto para actuar en la parte de parte administrativa ante cualquier contingencia hasta que el Consejo se integre. Una de las funciones del organismo es la administración del Poder Judicial de la Nación. El pago de sueldos, la compra de insumos, licitaciones. El día a día del trabajo de los tribunales.

Es el aspecto que más preocupa para no paralizar el funcionamiento. Los dos sectores estuvieron de acuerdo en que debe haber un esquema para evitar la parálisis. Pero las diferencias surgieron esta semana.

El reglamento redactado -que tiene dos puntos- propone delegar en el actual presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, que integra el bloque del oficialismo, la gestión de los recursos humanos, la ejecución de los actos administración, representar al organismo en los juicios y asignar a las comisiones los temas que ingresen.

El segundo punto es que el Presidente, en aquellos casos que exceden las funciones que recibió, puede consultar a otros consejeros para tomar decisiones. Para eso necesita el aval de siete miembros, dice el proyecto del reglamento. Siete es el bloque de consejeros del oficialismo.

En la oposición objetan ese último punto. No quieren que el poder para temas mayores -aunque puedan ser limitados- quede a decisión del oficialismo. “Entendemos que mínimo debe ser con nueve consejeros, una mayoría agravada”, le dijo a Infobae un hombre de la oposición. Eso implicaría que su bloque tengo poder de opinión. Ayer hubo charlas y negociaciones por ese tema y las posiciones estarían cerca de llegar a un acuerdo. Será tema de debate en el plenario de hoy.

También se aprobarán otros dos reglamentos. Son la convocatoria para octubre de las elecciones de jueces y abogados para cuando el Consejo deba renovarse en noviembre, ante el vencimiento de sus actuales integrantes. Ante la duda de si para entonces el organismo podrá aprobarlos, el Consejo se adelanta a esa eventualidad y ya deja reglamentada las elecciones.

El plenario de este miércoles fue discutido y movido por cambios en los acuerdos de último momento de los consejeros para aprobar un “reglamento de funcionamiento mínimo y de contingencia” que al final tuvo el aval de siete consejeros para poder funcionar luego de la fecha impuesta por la Corte Suprema, el viernes 15 de abril. El resto votó en contra: Culotta, Marías, Matterson, Recondo y Tonelli.
 

Reglamento mínimo para funcionar tras el 15-A
 

En medio de un acalorado debate con posiciones encontradas, el plenario aprobó “delegar en el presidente o el vicepresidente las facultad mínimas” para “la representación en juicio, para la gestión de recursos humanos en materias impostergables y asignación de asuntos a sólo efecto de su radicación”.

El reglamento provisorio faculta al Consejo de la Magistratura de la Nación para tomar decisiones administrativas hasta “tanto se verifique la integración conjunta y simultánea” del organismo. Es decir, que hoy en día sin nueva ley que regule al organismo y vencido el plazo impuesto por la Corte Suprema, se acordó una serie de medidas para la gestión administrativa del Consejo.

En este sentido, tras los feriados de Semana Santa, el lunes 18 de abril, el Consejo podrá funcionar en varios aspectos pese a la resistencia de un parte de los consejeros que no dieron acuerdo: en la parte administrativa como el pago de sueldos, compra de insumos y la gestión de recursos humanos así como en la asignación de recursos del presupuesto para los juzgados o fiscalías que estaban ya previstos que son “materias impostergables”, dice el reglamento al que accedió Tiempo Judicial.