En el día de ayer, un concejal radical de Saladillo aseguró que el 100% de los anotados en distritos del Frente de Todos fueron beneficiados por el Programa del plan Procrear, a lo que atribuye como “discriminación y arbitrariedad”. Lleva el caso a la Justicia.

A la Justicia: denuncian penalmente al oficialismo por irregularidades en planes de “Casa Propia”

El concejal radical Manuel Cisneros publicó ayer a través de sus redes sociales sobre una presunta maniobra para que los municipios oficialistas se beneficien con los créditos del programa “Casa Popia” que pertenece al PROCREAR. A partir de una investigación, decidió llevar a la justicia la denuncia por “quebrantamiento del principio de igualdad ante la ley consagrando en nuestra Constitución Nacional, de discriminación y arbitrariedad”.

De este modo, la denuncia penal presentada en fiscalía N° 1 de La Plata, que también fue acompañada por el también militante radical, Martín Ignacio Borrazás, y el abogado Pablo Adrián Juliano, expresa: “La motivación de la presente se funda en un claro quebrantamiento del principio de igualdad ante la ley consagrando en nuestra Constitución Nacional, de discriminación y arbitrariedad manifiesta sobre miles de familias postulantes quienes aun cumpliendo con todos los requerimientos establecidos en el Programa, fueron excluidos en razón del lugar donde viven o, mejor dicho, en razón de quienes gobiernan tales lugares”.

Además, se indica: “en municipios en donde gobierna el espacio político Juntos por el Cambio, fuerzas políticas afines y/u opositoras a los gobiernos nacional y provincial, el porcentaje de adjudicatarios sobre inscriptos no supera el 35%”. Dichos municipios figuran en el documento que se presenta ante la Justicia, bajo el detalle de cuál es el porcentaje del beneficio otorgada para cada uno.

La denuncia recae sobre el presidente de la Nación Alberto Fernández, Santiago Andrés Cafiero, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y Jorge Ferraresi, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Entre las medidas que piden que se concreten, el documento expresa que “se instruya sumario a efectos de investigar la presunta comisión de los delitos de acción pública que se desprende de la misma, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda”, y además, que “se tenga presente y se agregue la prueba documental ofrecida”.

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