La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en un fallo clave "la grave situación de sobrepoblación" en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires y ordenó al Poder Judicial de ese distrito a que tome medidas para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.
Según destaca la Agencia Télam, el máximo tribunal estableció que en el sistema carcelario de la provincia hay "un problema estructural" que exige "acciones coordinadas que aseguren efectividad".
Además, la Corte definió que "la detención en establecimientos policiales no resulta adecuada y que no corresponde rehabilitar aquellos que fueron clausurados", y establece que, a pesar de que ya en 2005 con el fallo “Verbitsky” había dado pautas para hacer cesar esas violaciones, hasta el momento la Provincia de Buenos Aires no dio cuenta de su implementación.
De esta forma, los magistrados se remiten a la sentencia emitida a raíz de una presentación formulada por el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky sobre el estado de las cárceles en la Provincia.
En ese entonces, la Corte ya había resuelto que "la situación del sistema de encierro provincial era crítica y que requería de remedios estructurales y acciones coordinadas entre los tres poderes del Estado provincial para asegurar los derechos y garantías de la población privada de libertad".
Entre otras medidas concretas, se había había ordenado al máximo tribunal y jueces provinciales que “hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda”.
En ese sentido, se consignó desde el CELS, a través de un comunicado, que tras esa sentencia se experimentó en el sistema carcelario bonaerense "una mejora", pero con el correr del tiempo la situación "no dejó de agravarse" .
A partir de 2012, "la cantidad de personas alojadas en comisarías aumentó un 426%, y alcanzó un pico de 5661 en noviembre de 2020", recordaron desde el CELS, y señalaron que hoy ese nivel "se mantiene" en estándares "intolerables".
Desde el organismo de derechos humanos indicaron que "ante el agravamiento de la situación, los defensores generales de la PBA presentaron en julio de 2014 un habeas corpus solicitando que la Suprema Corte provincial tomara una serie de medidas dentro del marco de la ejecución del fallo Verbitsky".
Sin embargo, el máximo tribunal provincial resolvió cerrar el habeas corpus colectivo por considerarlo cumplido y remitió la presentación a primera instancia para que se tratara como una nueva acción.
Frente a esa decisión, les defensores solicitaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consideró hoy que las medidas ordenadas en 2005 en el habeas corpus colectivo Verbitsky "se encuentran vigentes e incumplidas"
La máxima instancia judicial del país estableció explícitamente que por estas razones, "el caso no está cerrado", y que la situación de las personas privadas de su libertad "debe ser abordada por la Suprema Corte provincial sin que puedan alegar que se trata de cuestiones políticas en las cuales el sistema de justicia provincial no tiene ninguna responsabilidad".
La Corte ordena que la reapertura de esta instancia judicial deberá ser el marco en el que se discutan "medidas efectivas en conjunto con el Poder Ejecutivo y Legislativo para bajar la tasa de encarcelamiento y resolver la crisis penitenciaria provincial". |
