BERISSO
22/11
En otra carta dirigida a Cristina, denuncian que la privatización del cobro de tasas de Cagliardi es "ilegal e ilegítima"
El espacio Social 21 La Tendencia se dirigió a la vicepresidenta de la Nación para volver a cuestionar la contratación de la empresa Tercerización de Ingresos Públicos Sociedad Anónima (TIPSA). Aseguraron que detrás de la licitación se esconde un "negocio inmobiliario".
La contratación de la empresa Tercerización de Ingresos Públicos Sociedad Anónima (TIPSA) por parte del municipio de Berisso para el cobro de las tasas continúa generando controversia en el seno del Frente de Todos.

Una vez mas, el espacio Social 21 La Tendencia emitió una carta dirigida a la vicepresidenta Cristina Fernández para cuestionar la decisión del intendente Fabian Cagliardi "implementó a favor del grupo TIPSA, es ilegal e ilegítima". 

"Los antecedentes que el jefe comunal y su empresa Avistar SRL acumulan sobre la obra pública, abren la sospecha de que dicha tercerización oculta detrás un negocio inmobiliario. Paradójicamente, el empresario-alcalde explica que la medida está orientada a los morosos, siendo que él mismo arrastra una deuda con ARBA que está al borde de pasar a instancias judiciales. ¿Con qué autoridad moral un evasor de impuestos, el mismísimo intendente, les exige a sus contribuyentes responsabilidad tributaria?", afirmaron.

La aprobación del llamado a licitación se dio en la sesión del Concejo Deliberante del miércoles 23 de septiembre. Allí, se impuso el voto de la mayoría del bloque del Frente de Todos, a pesar del fuerte cuestionamiento de la bancada opositora de Juntos por el Cambio.

Con la contratación del “servicio de colaboración y asistencia técnica para el fortalecimiento del sistema tributario”, TIPSA se quedaría con cerca del 22 por ciento de lo recaudado.

A su vez, la agrupación, que en Berisso es presidida por Laura Barrionuevo, denunciaron que TIPSA "también absorbió a Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, entre otros", aunque observaron que en el municipio de Moreno, la intendenta Mariel Fernández rescindió el contrato apenas asumió.

"¿Cómo se explica que en el mismo espacio político haya un intendente que privatiza y una intendenta que estatiza? ¿Será que Moreno no tiene problemas económicos y Berisso sí? Ironías que solo se explican desde la voluntad política, ya que Moreno es uno de los distritos más pobres de la Provincia ¿La privatización es repudiable si la permite Juntos por el Cambio pero aceptable si lo hace el Frente de Todos?", cuestionaron.

Y cerraron: "El Estado es el único garante de la propiedad del Pueblo, capaz de resignar ganancias con tal de cumplir con objetivos sociales. Revertir las concesiones, que rompen el equilibrio del bien común, es el primer paso para volver a constituir una Nación políticamente soberana, económicamente libre y socialmente justa"