9 de septiembre de 2020
PROTESTA POLICIAL
El espejo del conflicto de 2013 y el temor a que las represalias lleguen después
Cómo se negoció en la última crisis que movilizó a la Bonaerense y a otras policías provinciales, el compromiso del ministro de entonces y las represalias que se tomaron en otras jurisdicciones a quienes llevaron adelante el reclamo.
La protesta de la policía de la provincia de Buenos Aires de esta semana ya es dimensionada como mucho más grande de la que tuvo lugar en 2013, y por la cual los efectivos consiguieron significativos aumentos para sus salarios. Sin embargo tiene similitudes que ponen en estado de guardia a los agentes que después que dieron el paso ahora temen por futuras sanciones que los dejen fuera del trabajo o incluso se les inicien causas penales.
Pasó en algunas provincias después de la protesta de 2013 y es por eso que ahora es el primer compromiso que quieren por parte del gobierno. Mientras extraoficialmente desde el Ejecutivo se dice que no habrá sanciones para quienes iniciaron y llevaron adelante el reclamo, en la Policía dudan y dicen recibir mensajes contradictorios al respecto y que algunos jefes no garantizan la ausencia de sanciones cuando el conflicto sea superado.
En la última protesta fuerte de la policía, que se propagó por varias provincias del país y que tuvo mejoras considerables pero rebotes distintos en las diversas jurisdicciones, el ministro de Seguridad en Buenos Aires era Alejandro Granados y el gobernador Daniel Scioli.
Granados pidió rápidamente que los agentes se organizaran y armaran una mesa representativa para dialogar. Cuando le llevaron la ristra de reclamos, el ministro descartó algunas cosas de entrada, dialogó sobre otros puntos y con una lista de reclamos ya refinada lo fue a ver a Scioli.
“El estaba con el gobernador y nos transmitía por Nextel qué cosas se podían y cuáles no, y nos dijo que volvía al ministerio a una hora, que nos encontráramos ahí porque había una propuesta. Cuando nos juntamos de nuevo dijo que la propuesta salarial era de 8750 pesos de bolsillo para la categoría más baja, que ese era el número final, y que a partir de ahí, si no se aceptaba, era sedición”, le contó a este medio uno de los efectivos que estuvo en aquella mesa y hoy es teniente de la fuerza.
“Era un 36 por ciento de aumento, menos de lo que pedíamos pero muy razonable, por lo tanto el tema se solucionó. Granados, que también entendía nuestro reclamo, se comprometió a que en unos meses habría otro acuerdo y así llegamos a los 10.000 pesos, y además nos prometió que no se iba a sancionar a los que protestamos”, completó el efectivo.
Ese compromiso flaqueó cuando, con el tiempo, empezaron sumarios para algunos de los efectivos que habían estado en el reclamo, aunque la cuestión no llegó a mayores ni tomó la dimensión de otras provincias como Entre Ríos y Córdoba, donde hubo efectivos expulsados por haber encabezado la rebelión policial. En la provincia del litoral varios debieron cursar una condena.
Por ello, ahora los efectivos piden que aparezca por escrito en el acuerdo que no habrá represalias. “No dicen que no, pero no sabemos si ya no hay fiscales instruyendo causas contra nosotros”, advirtió uno de los manifestantes en el Comando de Patrullas de La Plata.