Qué hacer con los puertos es un interrogante que, por estas horas, intentan precisar los integrantes del gobierno de Axel Kicillof, llegados hace menos de cien días al control de las diferentes áreas de la burocracia estatal. El Gobernador designó como Subsecretario de Actividades Portuarias a Juan Cruz Lucero, un economista surgido del Centro de Economía Política (CEPA) y cercano al jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
El legado de la gestión de María Eugenia Vidal deja como saldo un manojo de problemas, entre ellos la ausencia de una política clara, la transformación de las administraciones portuarias en consorcios -privatización, aseguran los sindicatos- y una extensa lista de enredos económicos y judiciales.
El área, bajo el control del ministro de Producción, Augusto Costa, busca ahora un nuevo perfil, aseguran, tras lo que consideran “cuatro años de ausencia de planificación y de políticas para el sector”. El disparador se observó durante el debate de la Ley Impositiva, cuando el oficialismo quiso incluir un arancel a la actividad portuaria, algo que fue rechazado por los legisladores de Cambiemos.
Incluso, la ministra de Gobierno, María Teresa García, anunció que la intención de avanzar con una nueva Ley de Puertos. El objetivo, ratificado por Augusto Costa, es incluir a las terminales portuarias dentro de los planes productivos bonaerenses, ya que no aportan a las arcas del Estado desde que se transformaron en consorcios. “Estamos trabajando en un Plan Portuario Integral para generar más empleo”, dijo García, explicando que “los puertos bonaerenses tienen problemas por falta de inversión”. Así, la caja del Fondo Provincial de Puertos quedó vaciada.
Sin embargo, la principal sospecha recae sobre los denominados Consorcios de Gestión, integrados por representantes de las empresas, los sindicatos y los municipios, presididos por un elegido del Gobierno provincial.
“Los consorcios no rinden cuentas, son cajas oscuras porque nadie las controla”, aseguran desde el sector gremial. Y explican que los presidentes poco y nada pueden decidir, porque están en deventaja al momento de votar en los directorios. “El poder lo tienen las grandes empresas, sobre todo las cerealeras y las petroleras, que manejan los consorcios”, apuntan desde los sindicatos.
Las nuevas autoridades provinciales tienen la intención de revisar esta “forma encubierta de privatización”, tal como lo sintetizan gremios como el Sutap, aunque por lo bajo aseguran que no tienen claro el camino para hacerlo, ni el alcance de la embestida.
Uno de los objetivos iniciales es avanzar sobre los presidentes de los consorcios, los que, excepto en Bahía Blanca, siguen siendo los de la gestión anterior. Así, en la terminal del sur bonaerense se eligió al excandidato a intendente del Frente de Todos por ese distrito, Federico Susbielles. Sin embargo, en el resto de las terminales los nombres propios siguen siendo los mismos que en la era Cambiemos.
Según pudo conocer La Tecla, las nuevas autoridades estudian con minuciosidad los movimientos económicos de los consorcios, que registraron millonarias facturaciones desde su creación. Los tres últimos que vieron la luz durante la gestión de Vidal fueron los de San Nicolás, Dock Sud y Coronel Rosales. Se hizo vía decreto, y para muchos fueron “hechos a las apuradas”.
Varias de las nuevas estructuras arrastran demandas, como la que se inició a raíz de una obra de dragado sospechosa en San Nicolás, sin intervención de la Autoridad Portuaria en los controles barimétricos. También existen señalamientos sobre el consorcio marplatense, a raíz de la situación en los muelles, las denuncias por contaminación o la falta de control sobre la contaminación respecto de barcos hundidos muchos años atrás. “Estamos investigando situaciones irregulares”, aseguró el ministro Costa, dejando la sensación de que algo se está moviendo en los puertos.
Juan Carlos Lucero
Un economista, el nuevo piloto
El designado para ocupar la Subsecretaría de Actividades Portuarias es el economista Juan Cruz Lucero, integrante del equipo del Centro de Economía Política (CEPA) que dirige Hernán Letcher. Lucero, según consta en sus redes sociales, es Doctorando en Desarrollo Económico por la Universidad de Quilmes y Maestrando en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además, el flamante titular del área portuaria de la provincia de Buenos Aires es Licenciado en Relaciones Internacionales y Coordinador del Observatorio de Industria y Sector Externo del CEPA. Bahiense de nacimiento, el joven economista de 31 años fue distinguido con una Beca Interna Doctoral por el CONICET, en la disciplina de Ciencias de la Gestión de la Administración Pública.
Cada cual con su propio padrino
Con respecto a los presidentes de los consorcios, los gremios denuncian que "muchos son hombres de Vidal y de Tizado”, y otros tienen sus padrinos en la política o el sindicalismo.
Recuerdan que José María Dodds (La Plata) es hombre del sindicato UATRE; Alejandro Semmartin (Dock Sud) responde al exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; Agustín Negro (San Nicolás) es alfil del intendente Passaglia, mientras que Eliseo Almada, al frente de la terminal de San Pedro, es gremialista de UATRE, sindicato de peones rurales y estibadores, y hombre del intendente Cecilio Salazar, del partido FE. Por su parte, en Coronel Rosales, el presidente Guillermo Burgos reporta al intendente local, Mariano Uset (Cambiemos). Queda pendiente el sucesor de Arturo Rojas (Quequén), también cercano a UATRE y actual intendente de Necochea, y designar reemplazo del polémico titular de Mar del Plata, Martín Merlini.
Un Fondo sin aportes de dinero
Con las cuentas en rojo, el Fondo Provincial de Puertos no recibe, hoy por hoy, ningún aporte de dinero de parte de los recientemente creados Consorcios de Gestión. “No existe, no está estipulado ningún porcentaje de las ganancias de los mismos que vaya a engrosar las arcas del área portuaria”, aseguran quienes conocen la mecánica de funcionamiento del sector. Y añaden que cuando la gestión de María Eugenia Vidal creó los últimos consorcios por decreto, se comprometió a pagar con fondos del Estado algunas obras que se terminaron luego de creados los nuevos esquemas. La Autoridad Portuaria debe mantener, casi sin ingresos, a un centenar de empleados, y hacerse cargo de sostener el funcionamiento de un edificio con sus respectivos servicios.
¿Intervención?
La definición jurídica, en análisis
“En el caso de que el gobierno decida terminar con los consorcios de gestión, deberá considerar que los de Bahía Blanca y Quequén están creados por ley, por lo cual sería necesario sancionar una norma que reemplace a la actual”, sostienen desde la Legislatura bonaerense. El resto son consorcios fueron creados por decreto, con lo cual sería suficiente otro decreto que derogue los anteriores. Desde el ámbito gremial sostienen que la creación de los consorcios y el manejo que han tenido podrían dar motivos suficientes a las nuevas autoridades para promover un cambio en el status de los mismos. En referencia a estas situaciones, como ejemplo aseguran que “algún consorcio cobró el canon perteneciente a ejercicios pasados, cuando la gestión del puerto estaba en manos del Estado”. En concreto, confiaron a La Tecla que una figura que podría utilizar el gobierno es la de la la intervención para terminar con esas figuras, que, señalan, “fueron ideadas en épocas del menemismo”.
Facundo Monticelli
La opacidad de los consorcios y las denuncias por dragados sin control
El Secretario Adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), Facundo Monticelli, aseguró a La Tecla que “en los contactos que mantuvimos con las nuevas autoridades mostraron buena predisposición para darle un nuevo rumbo a la política portuaria”.
En cuanto a los controvertidos consorcios de gestión, uno de los caballitos de batalla del gremio, el sindicalista dijo que “nosotros venimos hace rato discutiendo el tema de los consorcios y de la nula participación del Estado en esta figura de gestión. Lo que nos han asegurado los nuevos funcionarios es que tienen la decisión de poner en agenda el tema portuario, discutir una Ley de Puertos y mirar con detenimiento cada una de estas figuras que se crearon para ver qué le dan y qué no le dan a la Provin-cia”. Monticelli añadió que pretenden conocer detalladamente “donde van los fondos, quién recauda, cuáles son las obras, cómo es el movimiento de la mercadería, y ese es el compromiso que obtuvimos de los nuevos funcionarios”.
Con respecto a los dragados, el dirigente portuario recordó que “los hemos denunciado porque el gobierno de Vidal les sacó todos los controles de parte del Estado. Esto pasó, por ejemplo, en el puerto de Dock Sud, donde está Alejandro Semmartin. Ni tampoco permitieron que se vayan a hacer los controles batimétricos en el puerto de San Nicolás. Lo mismo señalamos nosotros que sucedió en Coronel Rosales. Eso es una realidad, y nosotros no nos quedamos sólo diciéndolo, sino que fuimos a la justicia, y ahora veremos qué hacen los jueces con las denuncias”.
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