El gobierno otorgó un importante aumento, que ahora reclamará el resto de los gremios. Además del precedente sentado por la protesta, detrás de ella también se esconden internas policiales que complican a la conducción civil
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Llegó por efecto dominó, significó un punto de inflexión y dejó sentado un precedente de consecuencias difíciles de mensurar a mediano plazo. La Policía de la provincia de Buenos Aires, en consonancia con las fuerzas de casi todas las demás jurisdicciones, logró mejoras salariales y laborales tras una protesta rayana con la sedición. Pero el iceberg esconde muchas otras cuestiones a tener en cuenta, y que preocupan sobremanera en el gobierno bonaerense.
La amenaza de acuartelamiento fue una presión quirúrgica por parte de los uniformados, quienes tampoco fueron actores distraídos en la instalación de un clima de saqueos. Saben intendentes del Conurbano que desde sus propias comisarías hubo llamados a las cámaras comerciales locales con “advertencias” sobre posibles saqueos y “recomendaciones” de cerrar las puertas. La fuerza también supo operar para apurar una salida al conflicto.
¿Se cedió demasiado ante la rebelión? Si bien Daniel Scioli se mostró enérgico en la respuesta y cerró la discusión con un decreto que estipuló el sueldo mínimo de bolsillo, los policías lograron casi todo lo pedido, hasta ser tenidos en cuenta en las paritarias de febrero. Para la administración provincial ahora viene una nueva etapa, no menos complicada: convencer a los demás gremios de que la Policía estaba verdaderamente atrasada en algunas remuneraciones, y que es imposible otorgar a docentes y estatales incrementos como éstos, que en algunos casos alcanzaron el 60 por ciento del sueldo de bolsillo.
El acuerdo no dejó conforme a un sector, el de los retirados que revistan en la Asociación Profesional de Policías de la Provincia (Apropoba), gremio conducido por Nicolás Massi. Igual, su negativa y la de un sector de Infantería fue rápidamente eclipsada por la aceptación del resto de los uniformados. De todos modos, y aun cuando la sindicalización no es reconocida oficialmente para las fuerzas que portan armas, la puja entre Apropoba, el Sindicato Policial Buenos Aires (Sipoba) y el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope) también constituye un problema para el control político de la fuerza.
El propio ministro Alejandro Granados reconoció que Salvador Baratta, el concejal massista que conduce el Sinpope, ayudó a descomprimir la situación. Desde el Gobierno nacional lo acusaron de ser responsable de la revuelta. En rigor, el Sinpope fue literalmente expulsado de la asamblea montada en La Plata, debido a que sus integrantes querían atemperar el reclamo y fueron acusados por los demás de intentar romper la protesta. Se abre ahora un debate sobre el reconocimiento sindical de la Policía.
Internas
Sin duda, una de las preocupaciones para la conducción civil de la Bonaerense es la recurrencia de las internas entre los diferentes sectores de la Policía, que tampoco estuvieron ajenas en la revuelta. Generalmente, Infantería y los retirados tienen encono hacia los altos mandos policiales. En este caso, la figura del superintendente general, Hugo Matzkin, estuvo en el centro de la escena.
La procedencia de Matzkin, la influencia que aún ejerce el ex jefe Juan Carlos Paggi, y el pase a retiro del superintendente Abel Maggi, dispuesto por Granados cuando llegó, son algunos de los factores de enojo en el sector “de calle”.
Matzkin no la pasó nada bien con sus subalternos en Mar del Plata, donde la situación estuvo más delicada y la falta de efectivos incentivó saqueos. “No lo querían como negociador, y Granados tuvo que mandar al subsecretario de Relaciones Institucionales, Edgardo Amarilla, a que negociara con la Policía. Acá, en La Plata, también con el único que querían dialogar era con Granados o con los funcionarios civiles”, contó una fuente de Seguridad.
“La fuerza se conduce, es vertical, y sí es responsabilidad del jefe tener alineada la tropa”. Este es el concepto que prima sobre la función de quien ejerce el mando. Desde ese punto, la rebelión le significó a Matzkin un duro golpe, y puso sobre la cúpula el mismo signo de interrogación que aparecía en los días previos a la llegada de Granados, quien después hizo apenas algunas modificaciones, e incluso subió de rango al actual superintendente general.
