Luego que el diputado provincial denunciase que se habría interrumpido el tratamiento de Franco Ortíz, autoridades de la obra social provincial señalaron que su asistencia se encuentra garantizada
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Desde la obra social aseguran que la asistencia a la salud del menor Franco Ortiz Segura está garantizada y detallan las prestaciones otorgadas, en respuesta a la denuncia del diputado de la Coalición Cívica, Walter Martello, sobre la interrupción del tratamiento. También señalan que el padre del menor, José María Ortiz, es investigado penalmente desde hace cinco años porque habría montado un sofisticado mecanismo para defraudar a la obra social, involucrando a afiliados con discapacidad.
Fuentes del IOMA informaron que, en el marco del amparo en trámite ante el Juzgado de Paz de los Polvorines, el Instituto, desde 2005, brinda cobertura al tratamiento de modificación de conducta y pañales requeridos por el menor Franco Ortiz Segura, quien padece Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
También indican que José María Ortiz, padre del menor, presentó en el Juzgado antes mencionado facturación por el tratamiento que recibió su hijo Franco durante los meses de junio y julio. Esto documenta que el menor sí recibió el tratamiento indicado, cuyo monto asciende mensualmente a la suma de 45.000 pesos, y da por tierra lo denunciado por Ortiz en relación a la interrupción del mismo.
En relación a la provisión de pañales, desde el organismo provincial señalan que el menor recibe 450 pañales por mes. Toda la cobertura que brinda la obra social al menor se encuentra conforme a lo ordenado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín.
Además de las prestaciones antes mencionadas, el IOMA otorga al menor cobertura del 100% en materia de medicamentos, entre los cuales cabe mencionar: risperidona, lanzoprazol, dipirona, vitaminas con minerales, melatonina, clonazepan, ibuprofeno, entre otros. Asimismo, vaselina líquida, agarol, picosulfato, pasta dental con fluor y fórmula láctea con caseína sin lactosa. Destacan también que en el período de 1 año la obra social bonaerense le autorizó al menor la provisión de 4 pares de anteojos miraflex, en todos los casos con cobertura al 100%.
Así también adujeron que “siendo del interés de IOMA velar por la salud del menor y en consideración a lo expuesto por el Asesor de Incapaces quien señala que según manifestaciones del padre del amparista, Franco se encuentra sin tratamiento terapéutico, IOMA puso a disposición del amparista la totalidad de los profesionales adheridos, como así también dos instituciones especializadas en TGD. Estas son AUPA (centro educativo terapéutico especializado en TGD) y PIUQUE (centro asistencial para niños y adolescentes TGD). Ofreciendo IOMA la cobertura de transporte, que posibilita el traslado ida y vuelta del afiliado para la inclusión del mismo en un ámbito institucional. El objetivo es que Franco reciba la atención necesaria de acuerdo a su patología y con una cobertura del 100%”.
Investigan penalmente a padre de menor discapacitado
José María Ortiz fue denunciado por IOMA ante la Unidad Fiscal de Investigación Nº 8 debido a que habría pergeñado una forma de obtener un importante rédito económico de la obra social provincial, involucrando a su propio hijo discapacitado y a otros afiliados en la misma condición.
La maniobra consistiría en captar afiliados discapacitados y a sus familias, mediante la promesa de ayudarlos tanto en la presentación como en el armado de sus trámites administrativos ante IOMA. El modus operandi utilizado por Ortiz sería hostigar constantemente a la obra social presentando pedidos de todo tipo de cobertura en las distintas oficinas de IOMA u organismos de la administración pública provincial. De este modo, lograba colapsar el sistema de auditoría, para así entonces presentar varios amparos -aun para un mismo afiliado en la justicia nacional o provincial-, con horas de diferencia, solicitudes de intimaciones judiciales.
Además denunciaron que también habría montado en el garaje de su casa una especie de centro de capacitación para formar “profesionales en atención de discapacitados”. Así, bajo esa fachada, habría logrado que se acerquen familiares directos de afiliados discapacitados a IOMA, a quienes les ofrecería sus servicios y una exigua suma de dinero a cambio de su silencio o connivencia en el momento en que la obra social o la Justicia auditen las prestaciones que dicen recibir.
Los servicios consistirían en la interposición de una acción de amparo a favor del afiliado discapacitado donde se solicitan infinidad de prestaciones no solo médicas, sino también, todo tipo de insumos en salud o cobertura de transporte. Todas estas prestaciones o insumos, en la mayoría de los casos, no serían recibidos por el afiliado.
Las autoridades del IOMA manifestaron “su profunda preocupación por el mismo y especialmente por la salud de todos sus afiliados discapacitados que puedan quedar envueltos en maniobras de este tipo y confiaron en la pronta resolución de las causas penales y civiles que pongan un manto de transparencia al caso