Un decreto aprobado por la comuna hizo ruido en el partido gobernado por Andreotti. A partir de ahora, será el Ejecutivo y no el Deliberante el que habilite la radicación de comercios en el partido. No se exigirán los planos para la operación. Excepciones al Código Urbano y denuncias de especulación inmobiliaria
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A casi ocho meses de asumir la intendencia, Luis Andreotti y su equipo de la Fuerza Organizada Renovadora -FOR- se hacen fuertes en el Concejo Deliberante. Y no sólo mediante el poder con la mayoría en el cuerpo, sino a través de la promulgación de diferentes decretos y ordenanzas excepcionales que benefician sólo a una parte de la comuna y que autorizan operaciones que nada tienen que ver con la ley vigente.
Ultimamente, una serie de medidas ha alterado el ambiente político en San Fernando. Es que mediante un decreto, el Poder Ejecutivo decidió -arbitrariamente- delegar funciones del Concejo en relación a la habilitación y radicación de comercios en el partido. Es decir, la presentación de los planos al cuerpo deliberativo para su evaluación y posterior aprobación ya no es necesaria, sino que simplemente basta con la entrega de un croquis a la oficina de Planeamiento de la comuna.
El decreto número 816/12 es por el cual Andreotti le saca facultades al Concejo Deliberante y autoriza al secretario y subsecretario de Obras Públicas a “aprobar croquis de edificaciones para tramites de habilitación comercial”.
Esto abrió una serie de interrogantes dentro de los concejales en relación al Código de Desarrollo Urbano y comenzaron a sospechar la posible existencia de beneficiarios directos y de futuras especulaciones inmobiliarias. En el último mes, el oficialismo aprobó 6 excepciones que permanecían en comisión para un mejor tratamiento y evaluación. “Vos podés presentar un croquis con la documentación, con lo cual se vulnera y no se está respetando la división de poderes”, dijo a Desafío Económico Diego Herrera, concejal del FpV.
Pero no sólo las excepciones se dieron en relación a los comercios, sino que el no cumplimiento de la ordenanza del Código aprobada hace más de dos años, provoca que no se pongan límites de altura a las edificaciones en la ciudad y se promueva la inversión inmobiliaria ilimitada. “En la medida en que esto no se aplique, van a surgir beneficiarios porque se van a seguir dando excepciones y se van a construir edificios que superen las medidas que se plantearon en ese código”, explica Herrera.
También, la no implementación del Código de Desarrollo Urbano trae aparejadas las construcciones de edificios sin sus respectivas cocheras y una mala aplicación del Factor de Ocupación del Suelo -FOS-. Este coeficiente, que varía entre 0 y 1, es el porcentaje de ocupación que se puede tomar del terreno. “En la ordenanza, se plantea hasta el 60% del suelo y la mayoría de los expedientes se están reconsiderando con el 98 o 100% de ocupación total. Y estos son expedientes que eran rechazados por los que ahora son oficialistas”, contó a este medio el concejal Luis Giménez.
Un caso particular se dio con la aprobación de una excepción en una sesión realizada el mes pasado, donde el bloque que responde a Andreotti y sus socios aceptaron la construcción de seis unidades funcionales con una sola cochera y otras notorias irregularidades. El propietario y el profesional actuante continuaron con la obra pese a que desde 2007 fueron intimados a cumplir con el Código. Sin embargo, la aprobación fue sólo un trámite para los que cuentan con la mayoría en el Concejo.
Qué pasa con la ley Orgánica
El decreto 816/12, aprobado por el oficialismo sanfernandino, no sólo autoriza al Ejecutivo a habilitar construcciones, sino que produce una clara violación de la ley Orgánica de los municipios. Esta norma plantea que en caso de autorización para la radicación de un comercio, es el Concejo el que debe dar el visto bueno.
En su artículo 27 afirma que “corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales”. Por tal motivo, la Intendencia está violando este apartado, dejando de lado esta ley Orgánica Municipal.
“Por un decreto que sacó el oficialismo, una facultad que era del Concejo Deliberante pasa a formar a parte del departamento ejecutivo, contrario a lo que plantea la ley Orgánica”, afirma Herrera. “Pasa a formar parte una sola persona, lo que por ley le corresponde a un cuerpo en su totalidad”, agrega.
Según explicaron los concejales a este medio, antes de que se aprobara este decreto, se exigía que los interesados presenten los planos correspondientes en el Concejo, y en caso de no tenerlos listos, se daban prórrogas de 6 meses hasta 1 año para que regularicen la situación. Una vez entregado todo el material, se evaluaba y eran los ediles los que resolvían el tema. “Ahora ellos, lo que están haciendo es sacarlo sin pasar por el Concejo, sólo con un croquis”, se queja Giménez.
Beneficiarios directos
Ninguna medida de tal importancia como la que tomó al gobierno de San Fernando se piensa sin tener en cuenta a quién beneficiaría y quiénes son los que quedan a un lado. Y es aquí donde entra en juego la llamada especulación inmobiliaria y aquellos que pueden salir ganando mediante una excepción. En un comunicado emitido por el bloque del FpV, anunciaban que este decreto profundizaba las excepciones “para la especulación inmobiliaria”.
Sin embargo, son cautos y no aseguran conocer fehacientemente quién es el beneficiario de esta medida. “No sé si beneficia a alguien en particular, pero de lo que estamos convencidos es de que no corresponde”, dice Herrera a Desafío. Y agrega que “si la legislación dice que esta habilitación corresponde al departamento deliberativo, hay que cumplirla, no se puede vulnerar por un decreto, no se puede pasar lo que era responsabilidad de un cuerpo a una sola persona del departamento ejecutivo”.
Por su parte, Giménez plantea que esto es una medida que se basa particularmente en el beneficio sólo del oficialismo. “Nosotros planteamos que ellos están dejando expedientes en comisión y después los sacan para buscar algún beneficio propio. Uno lo que no entiende es que hace un año, un concejal votó en contra de algo y ahora lo vote a favor”.
Sin embargo, la duda se hace presente en la comuna, y el hecho de que las habilitaciones no pasen por el Concejo levantan sospecha de que los beneficiados son muchos. Pensar en la especulación inmobiliaria tampoco suena desmedido. Es que al no respetarse el Código de Desarrollo Urbano, el partido se podría transformar en un campo ideal para las inversiones de los grandes emprendimientos.
Con este panorama, pareciera que el gobierno de Andreotti busca una ciudad donde la especulación inmobiliaria sea moneda corriente y las habilitaciones sean sólo un trámite. Sin dudas, esta medida traerá inversiones, pero no será la comunidad entera la que se beneficie, sino que un mínimo grupo logrará aventajarse sobre el resto
Lea la nota completa en la edición Nº 50 de revista Desafío Económico
