Una movida impulsada por Casa Rosada terminó poniendo nuevamente en evidencia el estado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Por una medida cautelar impulsada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proclamó un reclamo contra el funcionamiento del SPB
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Las unidades penitenciarias son el nuevo argumento de la guerra Nación – Provincia. Esta vez, la jugada de Olivos se festejó con el puño apretado. Una serie de medidas cautelares impulsadas por el presidente del Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, terminó con un reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Argentino.
Verbitsky es un hombre de extrema confianza de Cristina Fernández y es señalado como uno de sus principales asesores, fundamentalmente en lo relacionado a Derechos Humanos.
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya elevado este reclamo, no hace más que poner en evidencia el estado del servicio penitenciario bonaerense, y por ende, es un tiro por elevación al responsable directo: Ricardo Casal.
El organismo internacional llamó a "adoptar las medidas necesarias a fin de proteger la vida y la integridad de todas las personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense".
Esta determinación llegó tras algunas medidas cautelares impulsadas por la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales, presidida por Verbitsky.
"En virtud de una sucesión de recientes hechos de violencia, maltrato y traslados arbitrarios de detenidos de dichas unidades a partir de denuncias efectuadas contra el Servicio Penitenciario", resalta el organismo.
Además, destacó que "de acuerdo con información oficial, los homicidios en unidades penitenciarias provinciales aumentaron casi un 20% durante el último año. Estas muertes vienen acompañadas por una persistente situación de hacinamiento, torturas, malos tratos y privaciones estructurales de derechos".
También recordó que en el mes de marzo del año pasado "se denunció que las autoridades de la Unidad 48 sacaban del penal a detenidos para delinquir. Desde esa fecha hasta marzo de 2012 se registraron al menos 18 heridos y en las tres unidades, desde octubre de 2011, se produjeron dos homicidios".