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Martes, 27 octubre 2026
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Con las cifras bajo fuego, Seguridad va por una plataforma de investigación digital

Mientras la oposición exige explicaciones por las estadísticas criminales bonaerenses, el Ministerio de Seguridad abrió una licitación privada para contratar por $ 360 millones una plataforma integral de geolocalización e investigación digital. La apertura de ofertas será el 6 de noviembre.

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La discusión por las estadísticas del delito sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. En medio de los cuestionamientos opositores a los registros oficiales y las explicaciones que reclama La Libertad Avanza (LLA) al ministro de Seguridad, Javier Alonso, la cartera provincial convocó a una licitación privada para contratar un servicio de suscripción a una plataforma integral de geolocalización e investigación digital.

El llamado quedó formalizado mediante la Licitación Privada N° 9/2026, identificada en el sistema Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC) con el número 170-1032-LPR26.

En tanto, el presupuesto previsto para la contratación asciende a $362.400.000, es decir, más de 362 millones de pesos destinados al servicio de suscripción a una plataforma integral de geolocalización e investigación digital. La licitación privada del Ministerio de Seguridad bonaerense tiene prevista la apertura de ofertas para el próximo 6 de noviembre.

Los números del delito, en el centro de la disputa

La licitación se conoce después de que los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza presentaran un pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof explique cómo se elaboran las estadísticas criminales y cuál es el tratamiento que reciben las denuncias ingresadas a través de la plataforma digital Mi Seguridad.

Con las cifras bajo fuego, Seguridad va por una plataforma de investigación digital
El llamado a licitación abre interrogantes sobre las herramientas tecnológicas que incorpora el Ministerio de Seguridad para sus tareas de investigación.

Tal como anticipó La Tecla, la iniciativa lleva la firma del presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, y pone el foco en las denuncias que permanecieron bajo la categoría de “tipificación provisoria”. El legislador señaló que durante 2025 hubo 122.867 casos en esa situación y que 103.085 habían sido denunciados inicialmente como robos o hurtos.

A partir de esos registros, el espacio opositor planteó que la incorporación de esas causas al cómputo regular podría haber elevado hasta un 36% las cifras publicadas para los delitos contra la propiedad. Se trata de una estimación expuesta por los libertarios, no de una conclusión oficial sobre la cantidad efectiva de delitos.

El pedido de informes también reclama precisiones sobre las denuncias ratificadas, las que continuaban sin tipificación penal asignada y los mecanismos de auditoría y seguimiento utilizados para determinar su evolución.

Días atrás, el ministro Alonso cuestionó las estadísticas nacionales sobre delitos en los municipios del Conurbano y sostuvo que la Provincia no respaldaba ese relevamiento. El funcionario defendió la utilización de los registros de la Procuración General bonaerense como referencia para analizar la evolución criminal, con información organizada por departamento judicial.

Una contratación tecnológica bajo la lupa

En ese escenario, el llamado a licitación abre interrogantes sobre las herramientas tecnológicas que incorpora el Ministerio de Seguridad para sus tareas de investigación. La denominación del servicio contempla dos componentes: geolocalización e investigación digital, aunque el aviso de convocatoria no especifica por sí solo qué funcionalidades tendrá el sistema ni cuáles serán sus aplicaciones concretas.

Por eso, la contratación no permite afirmar que la plataforma vaya a utilizarse para confeccionar las estadísticas del delito cuestionadas por la oposición. Sí pone sobre la mesa la necesidad de conocer qué tecnología busca incorporar la cartera de Alonso, bajo qué condiciones funcionará y qué controles se aplicarán sobre su utilización.

Con la apertura de ofertas prevista para el 6 de noviembre, la documentación licitatoria será clave para determinar el costo del servicio, las condiciones de acceso, el alcance de las prestaciones y las obligaciones que asumirá el proveedor que resulte adjudicatario.

Mientras el oficialismo y la oposición mantienen sus diferencias sobre cómo medir la inseguridad en territorio bonaerense, la nueva contratación suma otro elemento a la agenda de gestión del Ministerio de Seguridad. 

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