Presupuesto 2027: la pelea por los recursos complica a Nación y condiciona a Kicillof
El financiamiento universitario vuelve al centro del debate en Diputados. En Buenos Aires, la falta de fondos y el costo de las obras que quedaron bajo responsabilidad provincial reducen el margen de maniobra de la gestión bonaerense.
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El financiamiento de las universidades nacionales concentra la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, mientras la provincia de Buenos Aires enfrenta sus propias restricciones para cerrar las cuentas del próximo año. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch, analiza el proyecto del Poder Ejecutivo con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, funcionarios del Ministerio de Capital Humano.
La diferencia entre los fondos previstos y los reclamados por las universidades marca uno de los principales puntos de conflicto. El proyecto nacional contempla transferencias por $7,7 billones para 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicita $11 billones. La oposición reclama que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y garantice los recursos para el funcionamiento de las instituciones, el pago de salarios y las becas estudiantiles.
Desde Encuentro Federal, Miguel Pichetto sostiene que el financiamiento universitario debe constituir una política de Estado y reclama garantizar la gratuidad y el acceso a la educación superior. El socialista Esteban Paulón también exige el cumplimiento de la ley. En contraste, la diputada de La Libertad Avanza Bárbara Andreussi defiende la universidad pública sin aranceles, pero cuestiona el manejo de los recursos y reclama controles sobre los gastos y los resultados académicos de las instituciones.
Los bloques dialoguistas y la Unión Cívica Radical también presionan por mayores partidas. El diputado misionero Alberto Arrúa, de Argentina Federal, impulsa una iniciativa para incorporar al Presupuesto 2027 los fondos necesarios para actualizar las partidas universitarias y recomponer los salarios de docentes y no docentes. La conducción nacional de la UCR, por su parte, respalda el planteo presupuestario del CIN. El debate coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, que exige el cumplimiento de la ley y advierte sobre el deterioro de los recursos y los salarios del sector.
En paralelo, el gobierno de Axel Kicillof termina de delinear el Presupuesto 2027 bonaerense en un escenario de fuerte restricción financiera. La gestión provincial busca sostener el gasto y la inversión pública sin trasladar una mayor carga tributaria a los sectores medios y bajos ni afectar a las pequeñas y medianas empresas. El titular de ARBA, Cristian Girard, reconoce la gravedad de la situación fiscal y plantea profundizar la progresividad impositiva, con un mayor esfuerzo de los contribuyentes de mayor capacidad económica.
La obra pública representa otro de los principales desafíos para la Provincia. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, sostiene que la administración bonaerense debe hacerse cargo de proyectos que quedaron paralizados tras el retiro del financiamiento nacional. Entre las obras mencionadas figuran pasos bajo nivel, rutas, la Rambla, la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Teatro del Lago. La continuidad de esos trabajos y las nuevas licitaciones presionan sobre una caja que el propio Ejecutivo describe como limitada. A su vez, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantiene en agenda los reclamos judiciales por fondos adeudados por Nación y otras cuestiones vinculadas a la autonomía financiera bonaerense.
En este contexto, los presupuestos nacional y provincial reflejan una disputa por recursos escasos y prioridades diferentes. El proyecto de la Casa Rosada prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un dólar de $1.847,60 para diciembre de 2027. Mientras el Congreso debate las partidas para las universidades, Kicillof busca cerrar un esquema que permita sostener la obra pública, atender las demandas sociales y limitar el impacto fiscal sobre los contribuyentes. En ambos casos, la disponibilidad de fondos y las decisiones sobre su distribución condicionan la planificación del próximo año.
