Una millonaria contratación de alimentos coincidió con cambios en el personal civil en la quinta presidencial. Mientras el Gobierno atribuye la reestructuración a cuestiones de seguridad, también circulan versiones sobre las razones de las desvinculaciones.
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Una licitación de alimentos para la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, junto con una reestructuración del personal civil de la residencia presidencial, generó una polémica en las últimas horas. La documentación oficial permite conocer los productos y montos máximos previstos, mientras que las versiones sobre las razones de los cambios en Olivos todavía no fueron explicadas públicamente en detalle.
La controversia comenzó con la difusión de un proceso de contratación impulsado desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para abastecer durante seis meses las cocinas de la Casa Rosada y la Quinta Presidencial de Olivos. El monto total de los alimentos involucrados ronda los $500 millones y entre los productos aparecen distintos cortes de carne vacuna, pollo, pescado y embutidos.
Los documentos incluyen lomo, ojo de bife, roast beef, nalga, asado, vacío, bondiola, carne picada, entraña y otros cortes. También se detallan especificaciones técnicas para algunos productos, como el bife de chorizo, respecto del corte, la presentación y las condiciones de calidad. Para la Quinta de Olivos se contemplan más de 9.400 kilos de carne y unos 3.600 kilos de pollo dentro del esquema de abastecimiento publicado.
Un punto relevante del proceso administrativo es que se trata de órdenes de compra abiertas. Por lo tanto, las cantidades y los montos consignados representan topes previstos para la contratación y no permiten afirmar que la totalidad de los productos vaya a ser efectivamente adquirida, entregada o pagada. La publicación de la licitación tampoco establece por sí misma que exista una irregularidad administrativa.
La discusión se produjo además en un escenario de fuerte reducción del consumo interno de carne vacuna. Según el último informe de CICCRA, durante agosto el consumo aparente se ubicó en el equivalente a 46 kilos por habitante al año, un 9,5% menos que un año atrás. El registro se encuentra entre los niveles más bajos de las últimas décadas.
En paralelo con la difusión de la licitación, trascendió un cambio en el esquema de funcionamiento de la Quinta de Olivos. La explicación atribuida al Gobierno es que Casa Militar asumirá un papel mayor en áreas vinculadas con la administración cotidiana de la residencia, entre ellas servicios, mantenimiento y cocina, como parte de un refuerzo del dispositivo de seguridad presidencial.
En ese proceso, parte del personal civil que trabajaba en Olivos habría sido reubicado y otros trabajadores dejaron sus puestos. La cantidad exacta de personas alcanzadas y la situación laboral de cada uno no fue informada oficialmente en detalle, aunque trascendió que serían 12 los afectados, entre ellos personal de cocina, mozos y un jardinero, y que algunas de esas funciones pasarían a ser cubiertas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
La decisión estaría vinculada a las filtraciones sobre el funcionamiento interno de Olivos y la difusión de la contratación de alimentos. Se trata de una versión periodística que no fue confirmada públicamente en todos sus extremos.
También trascendió un episodio ocurrido con uno de los perros del Presidente. De acuerdo con publicaciones periodísticas, el animal habría sufrido una descompensación y recibido atención veterinaria dentro de la residencia, mientras que algunas fuentes atribuyeron a Milei una sospecha de posible intoxicación. Hasta el momento no se conoció un comunicado oficial que confirme que haya existido un intento de envenenamiento ni información pública que permita establecer esa hipótesis como un hecho.
De esta manera, quedaron superpuestos dos hechos diferentes: por un lado, una contratación pública para el abastecimiento de alimentos durante seis meses y, por otro, una modificación del esquema de personal y seguridad en la Quinta de Olivos. La documentación oficial permite verificar la existencia del proceso de compra, sus productos y sus topes, pero no alcanza para establecer cuánto de lo previsto será finalmente utilizado. Las razones precisas de la reestructuración del personal y las versiones sobre el episodio veterinario, en cambio, permanecen sujetas a explicaciones oficiales más detalladas.
