Oficialismo y oposición se trenzaron en las redes por la decisión de la jueza Pascual, que postergó la entrada en vigor de la nueva normativa. Una asociación civil presentó una demanda contra la magistrada por los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad

Polémica y denuncia tras el fallo que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil

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El fallo de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien ordenó suspender preventivamente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense, desató una oleada de polémicas y hasta una denuncia en su contra.

Así, el jefe de Gabinete de Javier Milei, Diego Santilli, abrió el fuego al asegurar: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

Desde la Provincia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, salió al cruce del funcionario libertario pidiéndole que se concentre “en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”.

Además, cuestionó que el “Colo” reclame una decisión al Ejecutivo provincial cuando ésta corresponde al Poder Judicial. “¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, completó el funcionario.

También la senadora nacional Partricia Bullrich cuestionó el fallo de la magistada: “En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.

Marta Pascual, jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora

Horas atrás, la jueza Pascual rompió el silencio y expresó que advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad. “Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo.

Remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores y explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema. Por este motivo, suspendió la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires por 60 días.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló Pascual, autodefiniéndose como “garantista de la ley” que también quiere “seguridad”.

Por otra parte, la asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia contra la jueza Pascual por los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. En tal sentido, consideraron que su resolución “resulta absolutamente arbitraria y contraria a Derecho, ya que viola la División de Poderes base del sistema democrático e implica un claro abuso de autoridad”.

Argumentaron que la decisión “se basa en un razonamiento hipotético, puesto que no existe una lesión de derechos en forma concreta, ni tampoco existe un peligro inminente de que ello suceda”, e indicaron que “en rigor, se hizo un análisis de futuro, pero desapegado de la realidad legislativa, ya que no se ha analizado el texto legislativo sancionado por el Congreso Nacional”.

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