La Provincia enfrenta un sistema penitenciario colapsado, con una sobrepoblación del 116% y más de 31 mil plazas de déficit. La implementación del nuevo régimen penal juvenil suma presión sobre una infraestructura que, para adecuarse, requeriría una inversión cercana a los US$ 1.900 millones.

Cárceles bonaerenses: el déficit que deja al descubierto el nuevo régimen penal juvenil

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La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil encuentra a la provincia de Buenos Aires con un sistema de encierro que ya funciona muy por encima de su capacidad. El último informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), publicado en 2026 y elaborado sobre datos de 2025, describe un escenario de sobreencarcelamiento, hacinamiento y crecimiento sostenido de la población detenida.

El dato central es contundente: a fines de 2025 había 63.934 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, contabilizando cárceles, alcaidías, comisarías y personas bajo monitoreo electrónico. Un año antes eran 61.810. La tasa de encarcelamiento pasó de 355 a 367 personas cada 100.000 habitantes.

Actualmente, el sistema carcelario bonaerense tiene un déficit de alrededor de 31.000 plazas respecto de su capacidad declarada.

Pero el principal cuello de botella está dentro del sistema penitenciario. Según la CPM, a fines de 2025 la provincia contaba con 58 cárceles, 14 alcaidías, una unidad-hospital y una unidad de tránsito: 74 establecimientos en total, con capacidad para alojar a 26.868 personas.

Sobre esa infraestructura, la sobrepoblación alcanzó el 116%, diez puntos porcentuales más que el año anterior.

Más de 31 mil plazas de déficit

El porcentaje informado por la CPM permite dimensionar la magnitud del problema.

A julio de 2026, existía una sobrepoblación del 118% sobre una capacidad de 26.868 plazas implica una población alojada equivalente a aproximadamente 57.900 personas dentro de cárceles y alcaidías. Es decir, el sistema tendría un déficit de alrededor que ronda las 31.000 plazas respecto de su capacidad declarada.

¿Cuánto costaría construir esas plazas?

Para ponerle una dimensión económica al déficit se puede utilizar como referencia el cálculo realizado por el ingeniero Claudio Velazco sobre la infraestructura penitenciaria argentina. Su estimación para el conjunto del país ubicó el déficit en 38.000 plazas y calculó una inversión de aproximadamente US$ 2.360 millones. De allí surge un costo promedio de alrededor de US$ 62.100 por plaza.

¿Cuánta infraestructura carcelaria tiene hoy la Argentina y cuánto debería invertir el Estado para cubrir el déficit existente?.

Si ese valor de referencia se aplica al déficit aproximado de 31.000 plazas que surge de los datos de la CPM, el resultado es:

31.000 plazas × US$ 62.100 = aproximadamente US$ 1.925 millones.

En números redondos, Buenos Aires necesitaría del orden de US$ 1.900 millones para eliminar el déficit de infraestructura penitenciaria que surge de la sobrepoblación registrada a fines de 2025.

Déficit actual, proyección de necesidades y análisis del impacto a nivel nacional asociado al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Sin embargo, el costo efectivo podría variar según el tipo de establecimiento, superficie, ubicación, terreno, estándares de seguridad, infraestructura sanitaria y educativa y evolución de los costos de construcción. Además, la planificación podría combinar nuevas cárceles, alcaidías, ampliaciones y otras alternativas de alojamiento.

El problema creció pese a la construcción de plazas

El informe de la CPM también aporta un dato clave para entender por qué la construcción de infraestructura no alcanzó para resolver el problema. Según el organismo, hasta 2024 se habían construido 6.000 nuevas plazas, pero durante esos años el sistema incorporó 13.000 nuevos detenidos. Las obras, además, se vieron afectadas por la interrupción de fondos provenientes del Gobierno nacional.

La dinámica de ingresos y egresos también explica la presión constante sobre el sistema. Entre 2015 y 2025 ingresaron en promedio casi 20.000 personas por año y egresaron unas 17.000, dejando un saldo positivo cercano a 3.000 personas anuales. En 2025, la diferencia fue de 2.775 personas.

A esto se suma el uso extendido de la prisión preventiva. Durante 2025 se dictaron 20.995 prisiones preventivas, equivalentes al 47% de las privaciones de libertad ordenadas durante ese año. Según datos del Registro Único de Detenidos, las personas pasaron en promedio 412 días detenidas hasta la sentencia de primera instancia.

El nuevo régimen penal juvenil agrega presión

Sobre este escenario se incorpora ahora el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad a los 14 años.

La cuestión tiene una particularidad para Buenos Aires: el sistema ya recibe adolescentes menores de 16 años, pese a que hasta ahora no eran punibles en términos generales. La CPM señala que la legislación provincial permite en determinados casos la aplicación de medidas de seguridad.

Durante 2025 ingresaron 1.236 menores de 18 años a los centros de detención juvenil de la provincia. De ese total, 276 tenían menos de 16 años, equivalentes al 22%.

A nivel general, la cantidad de jóvenes imputados viene cayendo. Según la CPM, en 2015 fueron 4.071 y en 2025 fueron 1.828, una reducción del 55% en una década. Sin embargo, la cantidad de jóvenes privados de libertad permaneció relativamente estable: pasó de 1.424 a fines de 2017 a 1.530 a fines de 2025.

Durante 2025, además, ingresaron 168 niños, niñas y jóvenes no punibles a los distintos centros de detención, lo que representó el 20% de los ingresos.

La propia CPM advierte que los centros juveniles actuales presentan problemas de infraestructura, aislamiento, asistencia sanitaria y actividades educativas y recreativas, y sostiene que en muchos aspectos funcionan con características similares a las cárceles de adultos.

El costo de la nueva etapa todavía no está calculado

La implementación del nuevo régimen demanda, además, una infraestructura diferenciada para adolescentes: centros específicos, personal especializado, equipos interdisciplinarios, educación, salud, seguimiento judicial y dispositivos de egreso y reinserción.

Por eso, el costo real de adecuar a la Provincia al nuevo régimen sería superior a esa cifra, aunque no existe actualmente una estimación oficial bonaerense que permita cuantificar cuánto debería invertirse específicamente en infraestructura juvenil.

El dato de la CPM permite, sin embargo, dimensionar el punto de partida: Buenos Aires llega a la implementación del nuevo régimen penal con un sistema penitenciario que tiene una capacidad declarada de 26.868 plazas y una sobrepoblación del 116%.

La provincia enfrenta así dos problemas simultáneos: una deuda estructural de infraestructura penitenciaria para adultos y la necesidad de ampliar y adaptar los dispositivos destinados a adolescentes.

Mientras tanto, la población privada de libertad continúa creciendo. La CPM registró 63.934 personas detenidas a diciembre de 2025, mientras que sus datos abiertos ya contabilizaban 66.695 personas detenidas a julio de 2026 considerando cárceles, alcaidías, comisarías y monitoreo electrónico.

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