Un estudio del CEPA sostiene que el cambio de la fórmula previsional consolidó la pérdida de poder adquisitivo provocada por la aceleración inflacionaria de comienzos de 2024. Además, advierte que el bono de $70.000 quedó licuado por la inflación y que, de mantenerse la fórmula anterior, la jubilación mínima alcanzaría hoy casi $491.000.

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Las jubilaciones volvieron al centro de la discusión política y económica. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluye que la reforma previsional impulsada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 274/2024 consolidó un deterioro del poder adquisitivo de los haberes y dejó a los jubilados en un "piso histórico" del que no pueden recuperarse.

El trabajo analiza la evolución de las jubilaciones desde la modificación de la fórmula de movilidad y compara los resultados obtenidos con el esquema vigente con aquellos que, según sus estimaciones, se habrían registrado si continuaba aplicándose la Ley 27.609, aprobada en 2021. Según el estudio, la decisión oficial de atar los aumentos exclusivamente a la inflación permitió recuperar parte de la caída sufrida durante los primeros meses de gestión de Milei, pero al mismo tiempo consolidó ese nivel de pérdida sin generar mecanismos de recuperación posterior.

El informe recuerda que el Gobierno modificó la movilidad previsional mediante decreto en marzo de 2024, en medio de una fuerte aceleración inflacionaria provocada por la devaluación de diciembre y la liberación de precios. A partir de julio de ese año, las jubilaciones comenzaron a actualizarse mensualmente según el índice de inflación, mientras que en la transición se otorgó una recomposición extraordinaria del 12,5% junto con aumentos vinculados al IPC.

Sin embargo, el CEPA sostiene que la recuperación fue parcial. De acuerdo con sus cálculos, las jubilaciones sin bono se ubican actualmente 2,7% por debajo del último trimestre del gobierno anterior, mientras que las prestaciones que incluyen bono muestran una pérdida de 19,4% en términos reales. El documento señala que el esquema actual impide mejorar el poder adquisitivo de los haberes y que la principal variable de ajuste pasó a ser la licuación del bono extraordinario que perciben quienes cobran la mínima.

Uno de los puntos más críticos del informe se centra precisamente en el bono previsional. Desde marzo de 2024 permanece congelado en $70.000, pese al avance de la inflación. Según el estudio, mientras los haberes aumentaron 200% entre marzo de 2024 y junio de 2026, la jubilación mínima con bono incluido sólo creció 132%. Si el bono hubiera acompañado la evolución de los haberes, debería ubicarse actualmente en casi $210.000, es decir, unos $140.000 por encima de su valor actual.

La comparación con la fórmula derogada es uno de los ejes centrales del trabajo. El CEPA afirma que el Gobierno eliminó el esquema anterior justo cuando la desaceleración de la inflación comenzaba a favorecerlo. Según el análisis, la fórmula basada en salarios y recaudación de la seguridad social hubiera otorgado incrementos superiores a los efectivamente aplicados durante buena parte del período analizado.

La diferencia se observa con claridad en los valores actuales. Mientras que con la fórmula vigente la jubilación mínima alcanza en junio de 2026 los $403.327, el informe estima que con la continuidad de la Ley 27.609 el haber mínimo habría llegado a $490.621, una cifra 21,6% superior.

El estudio también cuestiona la decisión del Gobierno de vetar los proyectos aprobados por el Congreso que proponían una recomposición adicional de 7,2% para los haberes, la actualización del bono previsional a $110.000 y su posterior indexación por inflación. Según el CEPA, esas medidas habrían permitido recuperar parte de la pérdida registrada tras el inicio de la actual gestión.

Otro de los puntos abordados es el fin de la moratoria previsional, cuya vigencia expiró en marzo de 2025. El informe advierte que la decisión de no prorrogarla dejó a millones de personas sin posibilidades de acceder a una jubilación ordinaria. De acuerdo con los datos relevados, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones que alcanzan la edad jubilatoria no reúnen los 30 años de aportes requeridos y sólo pueden aspirar a percibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima.

En sus conclusiones, el CEPA sostiene que la movilidad atada exclusivamente a la inflación garantiza que las jubilaciones no sigan perdiendo poder adquisitivo, pero también limita cualquier posibilidad de recuperación real. Para el centro de estudios, la reforma previsional implementada por la administración Milei permitió reducir el gasto previsional, aunque a costa de consolidar haberes más bajos para los jubilados argentinos.

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