Cada vez más productores rurales recurren a los juzgados para que los intendentes informen en qué se gasta la plata que ponen para el mantenimiento de la red vial. Ya están cosechando éxitos.
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Una lenta pero constante rebelión está teniendo lugar en el campo bonaerense. No siempre se expresa en manifestaciones o reclamos mediáticos; tiene lugar más bien sobre el papel, en expedientes judiciales que siguen su curso silencioso. En Baradero, en Henderson, en Azul, en Miramar, grupos de productores vienen presentando recursos de amparo con un mismo objetivo: quieren saber adónde va el dinero que pagan para el mantenimiento de los caminos rurales, ya que no perciben que esos recursos se estén utilizando en forma satisfactoria. La Justicia les está dando la razón.
El impulsor de la movida es el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, que desde 2022 viene recorriendo distintos partidos de fuerte impronta rural para motorizar demandas de acceso a la información sobre el destino de los montos recaudados en concepto de tasas viales o de servicios esenciales, que deben destinarse, en todo o en parte según el distrito, a arreglar y mantener en condiciones los caminos rurales.
El 31 de marzo, Torres Barthe logró su victoria más reciente, en nombre de 19 ruralistas de Azul que presentaron un amparo y lograron que el Tribunal del Trabajo local le ordenara a la comuna brindar información sobre balances, obras realizadas, costos e ingresos.
Esta sentencia se produjo un mes después de que otro tribunal anulara la tasa por servicios esenciales impuesta por el municipio gobernado por Nelson Sombra y le ordenara devolver los montos cobrados a los ruralistas, equivalentes a un litro de gasoil por hectárea de campo. Ahora van por Necochea, donde medio centenar de productores presentarán un amparo colectivo. Afirman que existe un “abandono” de los caminos rurales por parte de la municipalidad, conducida por el vecinalista Arturo Rojas.
“Yo creo que en el municipio no tienen mucho conocimiento sobre planeamiento”, dijo a La Tecla Alan Ahrndt, uno de los ruralistas que se disponen a realizar la presentación judicial, tras no haber recibido respuesta formal por parte de la comuna. Ahrndt paga cerca de un millón de pesos por mes en concepto de tasa vial y afirma que ese dinero no retorna en forma de mantenimiento de los caminos.
El recurso de amparo queda habilitado si el municipio no responde al pedido de información realizado por vía administrativa en un plazo de 30 días. En Necochea, ese plazo ya pasó. Aunque un grupo de productores se reunió con el intendente para hablar del tema, no tuvieron una respuesta formal.
“Yo creo que cualquier juez con sentido común va a entender que es muy injusto lo que está pasando. No nos están dando ningún tipo de servicio. No tenemos caminos en condiciones de circular”, dijo Ahrndt, quien también lamentó que la Sociedad Rural necochense no esté brindando su apoyo al reclamo.
El intendente Rojas, por su parte, dijo a esta revista que en su gestión el mantenimiento se está realizando con mucha más intensidad que bajo administraciones anteriores.
“Todavía no estamos cuestionando el monto que pagamos. Cuando tengamos los números sobre la mesa, veremos si pedimos una reducción”, dijo Ahrndt.
Claro: los reclamos por información pública son un primer paso que luego puede derivar en demandas más específicas contra las sumas que cobran los municipios, como ya ocurrió en Azul y Daireaux. Es una estrategia legal: “Si vamos desde el inicio contra la tasa, es más difícil obtener un fallo favorable”, explicó Torres Barthe.
Un hecho que causó indignación en Necochea fue la muerte de Lourdes Riquelme, una mujer de 37 años, en la localidad de La Dulce. Ocurrió el 21 de marzo. Riquelme se descompensó y no había médicos para atenderla. “En Necochea, todos los productores pagan una sobretasa de salud. Pero no reciben el servicio”, dijo Torres Barthe.
Los productores patrocinados por Torres Barthe también registraron triunfos en Baradero y en Hipólito Yrigoyen, donde sendos tribunales emitieron fallos que ordenan a ambas comunas suministrar información sobre el uso de los recursos recaudados en concepto de las tasas destinadas al mantenimiento de la red vial rural.
Que la información se haga efectiva es otra cosa. En Baradero el trámite está en segunda instancia tras la apelación del municipio. En Yrigoyen, los ruralistas aún no consiguen que la comuna les diga cómo utiliza el dinero.
De todas maneras, Torres Barthe se muestra entusiasmado con el éxito que está teniendo la cruzada. “Si esto se generaliza, va a prevenir muchos casos de corrupción y desvío de fondos”, aventuró el letrado.
Una rebelión del campo que se llevó puesto a un intendente
La cruzada judicial por información sobre la tasa que pagan los ruralistas arrancó en 2022 en el municipio de Villa Saralegui, en Santa Fe. Allí, un grupo de productores logró que la Justicia diera curso a un reclamo de información sobre el destino de su dinero. Pero la cosa escaló, ya que dio inicio a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el intendente Walter Sola.
Luego de varios allanamientos, Sola fue detenido, y aunque luego lo liberaron, en 2024 el Senado santafesino lo destituyó y dispuso la intervención del municipio.
El año pasado, el exintendente y su hijo fueron condenados a penas de prisión en suspenso, pero no por esa causa sino por haber agredido a un productor, cuñado del exdiputado José Luis Espert.
El caso de Villa Saralegui fue la bola de nieve inicial que se fue agrandando a medida que proliferaba el descontento entre los hombres y mujeres del campo.
Triunfaron en la Justicia, pero aún están esperando respuesta
El caso de Hipólito Yrigoyen (con Henderson como ciudad cabecera) es el más destacado en la provincia de Buenos Aires porque los ruralistas representados por Torres Barthe obtuvieron no uno, sino dos fallos favorables. Aun así, todavía no lograron que el municipio gobernado por Luis Pugnaloni les informe cómo usa el dinero que pagan en concepto de tasa de caminos.
El amparo judicial fue validado por un fallo de primera instancia en julio del año pasado, y ratificado en segunda instancia en septiembre, cuando la Cámara de Apelaciones de San Martín rechazó la apelación presentada por la comuna, en la que argumentaba que “la convalidación de este tipo de pedidos de información, cuyo fin último es cuestionar la conformación de las tasas, amenaza la capacidad del municipio para crear y percibir tributos, facultades indispensables para cumplir sus funciones”.
Sin embargo, seis meses después de aquel fallo los productores aún no lograron que la municipalidad brinde la información.
“Cuando reclamamos por vía administrativa nos dieron un montón de excusas. Ahora están dilatando las respuestas”, se quejó María Estela Odriozola, una de las personas que presentaron el recurso de amparo. “Pugnaloni nunca nos recibió. Cortaron toda forma de comunicación.”
La Tecla procuró comunicarse con el jefe comunal para conocer su visión del tema, pero Pugnaloni no respondió a los intentos de contactarlo.
"Ellos saben todo lo que estamos haciendo en los caminos"
Aunque los ruralistas de Necochea aún no se presentaron en la Justicia, el intendente Arturo Rojas no se muestra sorprendido por la movida. “Esta discusión con los chacareros la tenemos siempre”, dijo el jefe comunal en diálogo con La Tecla, “y ellos saben todo lo que estamos haciendo en los caminos rurales.”
En Necochea, al igual que en otros distritos con gran peso del agro, representantes del municipio y del sector rural conforman el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), donde se analiza qué trabajos hacen falta y en qué partes de la red de caminos rurales del distrito, que abarca 1.400 kilómetros.
“Los chacareros tienen una posibilidad que no tiene ningún otro vecino: juntarse a decidir de qué manera se invierten los recursos de las tasas que se les cobran”, enfatizó el alcalde. “Ellos mismos toman las decisiones sobre cómo se hacen los trabajos, y saben cuántos kilómetros recorre cada una de las máquinas, porque todas tienen GPS”, destacó.
Rojas dijo que durante su gestión se vienen realizando trabajos en los caminos rurales con más intensidad y frecuencia que en otras administraciones. Y que en 2025, por primera vez en ocho años, el municipio compró dos motoniveladoras para reforzar las obras de mantenimiento, además de otras maquinarias y herramientas. “Nuestra gestión supera ampliamente la productividad de las anteriores”, dijo.
Por eso, el intendente sostiene que el reclamo de los ruralistas no tiene una base real. “Detrás de estas cosas siempre hay una movida en términos políticos”, aseguró.
Los intendentes que tendrán que devolverle plata a los ruralistas
La batalla judicial por los caminos rurales no se limita a los amparos para exigir información. Hay lugares donde la cosa ya pasó de castaño oscuro y los ruralistas lograron que la Justicia exija a las administraciones municipales dar de baja las tasas o incluso devolverles el dinero. Es lo que ocurrió hace pocos días en Daireaux, donde el juez Pablo Germain les dio la razón a productores que argumentaban que estaban pagando una tasa y no recibían la contraprestación del caso. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Trenque Lauquen anuló el cobro de ese gravamen y ordenó reliquidar lo que la municipalidad ya había percibido. La razón: una parte significativa de la recaudación se había dirigido a solventar otros gastos.
Germain ordenó que la comuna les descontara el total de lo cobrado a algunos de los productores y una suma parcial a otros, según la afectación a cada uno. En el caso de los que recibirían reintegro total, lo atribuyó a la “inexistencia de mantenimiento en el camino”. La jefa comunal interina, María Serra, apeló la decisión, y ahora un tribunal superior deberá definir.
Un mes antes, en Azul, los productores locales habían logrado una victoria similar, cuando la Cámara de Apelaciones marplatense les dio la razón y conminó al municipio a reintegrar lo cobrado para mantener los caminos en el campo. Los ruralistas venían protestando contra lo que llamaban un “impuestazo” del intendente Nelson Sombra.
