Bono sin fondos: el Tribunal de Cuentas ordenó a ediles nicoleños devolver un “reconocimiento”
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sancionó al municipio de San Nicolás por pagar bonos a concejales en 2024. La medida fue considerada ilegal y ahora Santiago Passaglia y otros funcionarios deberán responder con su patrimonio.
El escándalo por el pago de bonos a concejales en San Nicolás sumó un nuevo capítulo tras la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que desaprobó la erogación y aplicó sanciones económicas a los funcionarios responsables. El organismo consideró que se trató de un gasto irregular que violó la normativa vigente.
La medida tiene origen en el Decreto Nº 1726, firmado el 27 de septiembre de 2024, mediante el cual el Ejecutivo municipal dispuso el pago de una “bonificación extraordinaria” de $1.000.000 para el personal municipal, a abonar en cuatro cuotas. Sin embargo, la auditoría detectó que el beneficio no se limitó a empleados, sino que fue extendido a concejales.
En total, 12 ediles recibieron pagos que sumaron $3.250.000, lo que encendió las alarmas del organismo de control. Para el Tribunal, esa extensión del beneficio constituyó una maniobra indebida, ya que los concejales no forman parte del régimen de empleados municipales.
Ante la intimación, el intendente Santiago Passaglia y el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Luchelli, defendieron la medida apelando a la autonomía municipal. Argumentaron que el bono funcionaba como un reconocimiento al desempeño legislativo.
El descargo también planteó que no existía una prohibición expresa para otorgar este tipo de gratificaciones. Sin embargo, el Tribunal rechazó de plano esa interpretación y sostuvo que el marco legal es claro y restrictivo.
En su dictamen, el organismo remarcó que el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece un régimen “cerrado” de retribuciones para concejales. Esto implica que solo pueden percibir dieta, antigüedad y aguinaldo, sin posibilidad de adicionales.
Además, el fallo descartó la equiparación entre concejales y empleados municipales. Según el Tribunal, los ediles son funcionarios electos y no trabajadores de planta, por lo que no pueden acceder a beneficios pensados para el personal administrativo.
Uno de los puntos más duros del pronunciamiento fue la crítica al concepto mismo del bono. El organismo sostuvo que no corresponde establecer incentivos económicos en la función legislativa, ya que el desempeño de un concejal es una obligación inherente al cargo.
“Utilizar un ‘premio’ como incentivo desvirtúa la naturaleza de la función pública”, advirtió el Tribunal en uno de los tramos más contundentes del fallo, marcando un límite claro a este tipo de prácticas.
Como consecuencia, no solo se desaprobó el gasto, sino que se aplicó un cargo solidario por $12.182.126,70, que incluye el monto original más intereses. La cifra deberá ser afrontada con fondos personales por los funcionarios involucrados.
Entre ellos se encuentran Passaglia, Luchelli, la contadora municipal Sasha Selzer y otros integrantes de las áreas de Hacienda y Personal, quienes quedaron alcanzados por la responsabilidad patrimonial.