24 de septiembre de 2025
ECONOMIA
Golpe al bolsillo: el Gobierno derogó 71 normas comerciales
La Resolución 357/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial cuenta con la firma del Secretario de Industria y Comercio de la Nación, Pablo Lavigne. La medida, que incluye la eliminación de regulaciones clave como las vinculadas a la Ley de Góndolas y el programa Precios Justos, busca simplificar el marco regulatorio y eliminar "distorsiones en los precios", según el Ejecutivo.
La desregulación llegó a los supermercados y los comercios. El Gobierno derogó más de 70 normas que regulaban la actividad comercial, entre ellos el programa Precios Justos y la Ley de Góndolas.
Desde el gobierno advirtieron que "se trata de normativas que obstaculizan las relaciones comerciales entre consumidores, habilitan controles de precios abusivos, exigen información sin ningún fin específico y regulan programas que ya habían sido dados de baja”.
De las 71 disposiciones eliminadas, 27 corresponden a resoluciones complementarias de la Ley de Abastecimiento, que había sido derogada por medio del controvertido meda DNU 70/2023.
Estas normas habilitaban al Estado a fijar precios y márgenes de ganancia en sectores sensibles como alimentos, hidrocarburos y materiales de construcción.
En la resolución publicada, se remarcó que “corresponde propiciar la derogación de aquellas normas que han quedado obsoletas derivadas de dichos marcos jurídicos, con el fin de reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”. De ese modo, “lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos”.
Entre los ejemplos incluidos en el listado oficial, figura la Resolución 605/2020, que intimaba a las empresas de insumos para la construcción a incrementar la producción al máximo de su capacidad; la Resolución 100/2020 y la Resolución 1050/2021, que establecieron precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19; y la Resolución 25/2006, que regulaba la comercialización y distribución de gasoil.
También quedaron sin efecto disposiciones más antiguas, como la Resolución 226/1986, que suspendía temporalmente el derecho de importación sobre la papa, o la Resolución 18/1989, que obligaba a productores y comercializadores de algodón a remitir información a la entonces Secretaría de Comercio Interior.
Ley de Góndolas
La Ley de Góndolas (Ley N° 27.545, sancionada en 2019 y reglamentada en 2020) fue una normativa emblemática diseñada para fomentar la competencia en el sector de supermercados y comercios minoristas.
Su objetivo principal era regular la distribución de productos en las góndolas (estanterías físicas y digitales), obligando a los comercios a reservar al menos el 30% del espacio para marcas de bajo volumen de ventas (segundas y terceras marcas) y limitando la dominancia de grandes proveedores.
Esto buscaba proteger a pequeños productores y PyMEs, evitando que gigantes del consumo masivo monopolizaran los estantes y promoviendo una mayor variedad de opciones para los consumidores.La ley fue inicialmente derogada en diciembre de 2023 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, como parte de la "reconstrucción de la economía argentina".
¿Beneficios o riesgo para los consumidores?
El Gobierno celebra la medida como un avance para "transparentar el comercio interno y reducir la carga administrativa de las empresas", lo que, a su juicio, fomentará la libre competencia y evitará "distorsiones artificiales en los precios".
En teoría, al eliminar controles, los supermercados podrían optimizar sus operaciones, lo que podría traducirse en precios más bajos a largo plazo gracias a una mayor eficiencia y oferta diversificada. Fuentes oficiales estiman que esto beneficiará indirectamente a los consumidores al dinamizar el mercado y reducir costos logísticos.
Sin embargo, el impacto en el "bolsillo" de los argentinos genera debate. Críticos, como asociaciones de consumidores y PyMEs, argumentan que la derogación de la Ley de Góndolas podría favorecer a grandes cadenas y proveedores dominantes (como multinacionales de alimentos), permitiéndoles priorizar productos caros en las góndolas y marginar a marcas accesibles.
Esto, sumado a la eliminación de Precios Justos, podría exponer a los hogares a abusos en momentos de alta inflación, elevando el costo de la canasta básica en un contexto donde los salarios no acompañan.