Vía La Tecla Mar del Plata
Ventilador, guardapolvos manga corta e infierno vehicular. La vuelta de las clases viene en tándem con el último tramo del verano y la salida de la temporada. El retorno a las aulas se dará en medio de la continuidad de la incertidumbre económica y bajo un nuevo Gobierno nacional. La Comuna, por su parte, cuenta con autoridades renovadas tanto para el sistema municipal como el provincial. El viernes 1 de marzo -histórico mes inflacionario y de alto impacto en el bolsillo familiar- será una de las postas fundamentales del sendero político del 2024. El Municipio, segunda plaza educativa bonaerense, solamente detrás de La Matanza, atraviesa días claves.
El distrito cuenta con el sistema municipal más grande del país, con 84 establecimientos: 33 jardínes, 17 primarias, 17 secundarias, 1 técnica, 2 bachilleratos para adultos, 10 escuelas de formación profesional y 4 institutos terciarios. En total abarca a 25.000 alumnos y cuenta, al menos, con 3.000 docentes. Luego del retiro por motus proprio de Sebastián Puglisi (UCR), quien, además de en el primer mandato de Montenegro, ya se había desempeñado en el área durante los gobiernos de Aprile y Katz, arribó Fernando Rizzi, también parte de la escudería boina blanca. El ex Defensor del Pueblo por dos mandatos y concejal cuenta con poca experiencia en el ámbito educativo, más allá de la docencia universitaria, de realidad disímil respecto a los niveles inicial, primario y secundario. La Secretaría contará en el 2024 con $22.083.000.000, un aumento del 158 % comparado con el 2023 y que representa el 11,1 % del presupuesto total. En este sentido será la tercera en importancia en materia de caja, solo detrás de Legal y Técnica y Salud.
Los desafíos para Educación son variados. El primero radica en las prioridades, donde muchas veces las cuestiones edilicias/materiales terminan ganándole la pulseada al aspecto pedagógico. “En el Concejo te preguntan por los techos y no por si los pibes aprenden”, resume una fuente con experiencia en el área. Los tiempos en materia educativa son claves. Con actividad de marzo a diciembre, las reformas más estructurales deben realizarse entre enero y febrero. El cálculo es de una semana de trabajo por institución, por lo que el período sin actividad alcanza, en el mejor de los casos, solo para ocho. El desfasaje está a la vista. Contar con un empleado de mantenimiento, como ocurre en las privadas, podría ser una solución técnica pero un problema político: ¿Aprobaría la política el ingreso de casi 90 personas en tiempos de reducciones y “austeridad”?
La burocracia, por su parte, juega un rol central en dos sentidos. Uno es hacia la interna. El trayecto que recorre una solicitud desde la Secretaría hasta su concreción, con varios pasajes por las áreas de Contaduría y Hacienda, puede convertir una urgencia material en una espera de semanas o meses. Por otro lado, las instituciones del sistema municipal son relevadas por la DIEGEP, quedando en la misma fila que escuelas privadas subvencionadas.
El Consejo Escolar, por su parte, administra una enorme masa de instituciones: se trata de 183 edificios y más de 300 servicios educativos. A diferencia de la Secretaría de Educación, que conjuga tanto lo edilicio como lo pedagógico, se aboca de forma particular a lo material. A su vez cuenta con mayores tensiones políticas, por tener representantes de distintos espacios y estar ligado a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), que conduce Alberto Sileoni. La llegada tardía de partidas vinculadas a infraestructura fue el primer roce entre ambas administraciones. La banca oficialista de Juntos por el Cambio presentó un proyecto en el que ponía en duda el normal inicio de las clases. Desde el Consejo Escolar confían en la llegada de los fondos y destacan que la relación con los comandos bonaerenses mejoró. No obstante, la gran cantidad de edificios alquilados o superpuestos continúa vigente como problemática central de la educación provincial en la Comuna.
Hay un tema transversal que atañe (y excede) tanto a la Secretaría de Educación como al Consejo Escolar: la situación macroeconómica. Según pudo relevar La Tecla, el aumento estimado de la “canasta escolar” es del 200 %. Por caso, solo el papel, componente central de la misma, dio saltos mensuales del 30 %. Fuentes vinculadas al rubro librería afirmaron que el promedio de la canasta está entre 30.000 y 60.000 pesos, de acuerdo a los pedidos de cada institución. A esto deben sumarse costos subsidiarios, como guardapolvos (entre 10.000 y 15.000), calzado (entre 15.000 y 45.000) y mochilas, que llegan a un promedio de 30.000 en los modelos de espalda y 90.000 en los de carro. Las crisis para el ámbito educativo se vinculan siempre con la deserción escolar y el deterioro de la enseñanza. El desafío para la política será surfear el contexto complejo con los elementos a mano.
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