El gobierno remitió a la Legislatura el proyecto de ley por el cual se prorroga el estado de emergencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por el cual se faculta a modificar los cronogramas de devolución de ciertas deudas municipales, se autoriza al Ejecutivo a tomar deuda por el equivalente a los vencimientos de servicios de deuda del año 2024, y se reasignan remanentes de autorizaciones no consumidas con Organismos Internacionales de Crédito.
El ministro de Economía, Pablo López, negocia desde hace días con representantes de la oposición para lograr el apoyo parlamentario a las iniciativas.
Así, la semana pasada mantuvo un encuentro con los titulares de los bloques de la UCR en Diputados (uno de los dos existentes) y Senadores, Diego Garciarena y Agustín Máspoli; los jefes de bancada del PRO, Agustín Forchieri (Diputados) y Alejandro Rabinovich (Senado), y los intendentes Maximiliano Suescun(radical de Rauch) y Diego Valenzuela, alcalde amarillo de Tres de Febrero.
La oposición exige, como contrapartida, el pago de las deudas de la Provincia con los municipios, la creación de un fondo de asistencia a las comunas y la postergación de la devolución de fondos que recibieron para afrontar el pago del bono extra de 60.000 pesos dispuesto por el anterior gobierno (deberían reintegrar esos dineros en diciembre), además de volver a “patear” los pagos de créditos obtenidos en el Banco Provincia por la emergencia sanitaria en tiempos de pandemia.
El proyecto ingresado en la Legislatura modifica el artículo de la ley que autoriza al Poder Ejecutivo y a los entes incluidos en la emergencia, Ministerios, Secretarias, órganos con rango equivalente, órganos de la Constitución y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, a disponer la renegociación y/o rescisión de contratos de obras, bienes y servicios que generen obligaciones a cargo del Estado Provincial durante la vigencia de las emergencias y sus prórrogas y según se establezca por vía de reglamentación.
Asimismo, se encomienda al Poder Ejecutivo, para que, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y mientras dure la emergencia energética, lleve adelante los acuerdos necesarios con las empresas concesionarias, para culminar con el proceso que permita normalizar la etapa de transición tarifaria vigente y confiera sustentabilidad a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de los distribuidores provinciales y municipales.
También, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a endeudarse en pesos u otras monedas por hasta el monto equivalente a la suma de los servicios totales de deuda pública estimados para el ejercicio 2024 en U$S 1.800.000.000,00, con el objeto de afrontar la cancelación y/o renegociación de deudas financieras y/o judiciales no previsionales, y/o de los servicios de deudas. Como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las condiciones financieras de la deuda pública, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales, fianzas y/u otras garantías, financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, incluyendo aquellos en materia ambiental y de desarrollo sustentable. Dicho endeudamiento será calculado al tipo de cambio vigente al momento de realizar cada operación de crédito público.
También se pide autorización a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro en pesos por hasta la suma equivalente a U$S 300.000.000,00 durante el ejercicio financiero 2024.
La impositiva, clave para el futuro
En cuanto a la Ley Fiscal Impositiva, el proyecto incluiría una inédita cláusula de actualización por inflación. El ejecutivo le pide al Legislativo que lo autorice a retocar impuestos en caso que la inflación se dispare, alertados por el propio presidente Javier Milei sobre un escenario de hiperinflación y/o estanflación (suba de precios con recesión). Lo que no se determinó aún es cuál sería el período de los posibles ajustes, si trimestral, cuatrimestral o con otra periodicidad.
De esta manera, el promedio de suba de los impuestos patrimoniales (inmobiliario urbano, inmobiliario rural y automotor) las subas tienen un promedio del 200 por ciento, con un tope del 300 por ciento que pagarían el 10 por ciento de las partidas más altas.
Es, como lo viene haciendo el gobierno en los últimos años, un aumento progresivo, es decir que quienes poseen menos capital tienen una suba menos y quienes poseen más capital un incremento porcentual mayor. Así, la mayoría de las partidas se incrementarán menos del 200 por ciento, con un piso para las más bajas del 140 por ciento.
La tasa de carga y descarga de los puertos tendrá un aumento mayor y habrá actividades que sufrirán un incremento en la alícuota de Ingresos Brutos, como las papeleras, actividad que quedó totalmente desregulada por parte del gobierno nacional. En ese sentido, el Ejecutivo bonaerense también buscará, de alguna manera, ir sobre aquellos sectores que se verían demasiado beneficiados por las políticas liberales de desregulación absolutas y que constituirían una injusta carga impositiva para otros sectores si no se busca un balance.
Aunque algunas partidas del Inmobiliario Rural sufrirían fuertes incrementos, no hay un revalúo de la tierra. Por ley, ese asunto deberá resolverlo el gobierno provincial este año para que comience a ser aplicado desde 2025.
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