La cuestión de los fondos por coparticipación volvió a estar sobre el tapete tras el reclamo que realizó el gobernador Axel Kicillof. No es la primera vez que el mandatario lo realiza, sin embargo, los cruces con la oposición y los planes del gobierno que encabezará Javier Milei a partir del próximo domingo pone la lupa en los recursos.
“La provincia de Buenos Aires es la más perjudicada en materia de coparticipación: aporta cerca del 40% de los fondos y recibe apenas un 22%. En proporción a la cantidad de habitantes, somos la jurisdicción que menos gasta y que menos empleados públicos tiene. Vamos a seguir peleando por los recursos de la provincia porque son fundamentales para afrontar todo lo que falta para que las y los bonaerenses vivan mejor” señaló el gobernador en sus redes sociales.
Rápido contestó el exministro de economía provincial Hernán Lacunza, que a esa publicación comentó: “Esto es cierto Kicillof. PBA aporta 37% y recibe 22% de los fondos federales automáticos. También que en 2015 recibía 18%. Por eso María Eugenia Vidal recuperó el Fondo del Conurbano por ley nacional, para siempre. Para que los gobernadores siguientes dispongan 4% adicional en beneficio de los bonaerenses. No por transferencias discrecionales según afinidad con gobierno de turno”.
La inequidad del reparto impacta de lleno en las arcas estatales si se tiene en cuenta, por ejemplo, la inflación. En noviembre de este año llegaron al territorio bonaerense $342.510.082,6 millones en concepto de coparticipación nacional y el año pasado en el mismo mes la transferencia fue de $153.092.935,7 millones. Esa diferencia de $189.417.146,9 millones implicó que los recursos federales crecieran un 123,7% en la comparación interanual.
Según estimaciones, se espera que el índice de inflación trepe por valores superiores a ese crecimiento millonario. Según destaca la agencia Bloomberg, el relevamiento de precios minoristas de C&T Asesores Económicos, para GBA se dio un alza mensual de 11,5% en noviembre, tasa superior a la de octubre y poco menor que los picos de agosto y septiembre. De esta forma, la variación de doce meses trepó a 161,6%.
Asignatura pendiente
La cuestión de la llegada de fondos por parte del Estado nacional correspondientes a la masa coparticipable es una de las asignaturas pendientes desde el retorno de la democracia y de la última reforma constitucional, en 1994.
Durante la campaña electoral se dio a conocer un planteo para salir del esquema actual. A través de un documento elaborado por la Asociación Argentina de Contribuyentes que tiene como bandera La Libertad Avanza se plantearon las salidas posibles al esquema de coparticipación vigente. En este sentido se pone de relieve la inconstitucionalidad del pago de impuestos de parte de las provincias argentinas.
También plantea que la Corte Suprema de la Nación no solo podría establecer la salida de una provincia, ante la inconstitucionalidad de los impuestos directos, sino que, además, debería establecer plazos y un cronograma de salidas parciales a fin de que las partes puedan terminar con el régimen de forma planificada y ordenada. Asimismo, cabe recordar que dicha normativa establece, en el artículo 15, su aplicación desde el 1 de enero de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1989, período que fue prorrogado hasta la actualidad, a pesar de contar con una reforma constitucional sancionada en el año 1994.
Otra de las alternativas es la salida parlamentaria, donde se haría valer el peso parlamentario de las provincias que tienen incentivos para dejar la coparticipación (Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz), junto con aquellos distritos que no tienen incentivos ni para permanecer o retirarse del esquema.
A través de una negociación se buscaría establecer los mecanismos de salida, la devolución de impuestos directos a las mencionadas provincias y la retirada compensada a los demás distritos. Del otro lado de la vereda se posicionan los referentes económicos de Juntos por el Cambio, que se manifestaron en la necesidad de revisar el componente distributivo de las provincias y que las mismas sean las recaudadoras de los impuestos directos.
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