La Cámara de Diputados provincial tiene ya en su poder el primer proyecto enviado por el Ejecutivo provincial para este periodo de sesiones ordinarias, que fue inaugurado el pasado 1 de marzo por el gobernador Axel Kicillof.
En concreto, la normativa apunta a garantizar y promover el derecho a una vida libre de violencias, a partir de un abordaje integral de las violencias por razones de género en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Para ello, indica el proyecto, “resulta necesario no sólo determinar los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, transexuales y cuerpos feminizados que padezcan violencias por razones de género, y establecer mecanismos judiciales y administrativos que den una respuesta rápida y efectiva, sino también fijar lineamientos básicos para que las políticas de género contra las violencias se conviertan en políticas de Estado, que garanticen estrategias de prevención, abordaje y reparación integral”.
Tras repasar la normativa vigente, expresa que el proyecto es “una respuesta superadora a la normativa existentes, dado que amplía las definiciones de violencias por razones de género, clarifica los recorridos institucionales que se plantean como respuesta estatal y establece un abordaje integral de la problemática que involucra a los distintos poderes del Estado provincial”.
Las personas protegidas por el proyecto son “mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades feminizadas (LTT+) que se encuentran en situación de violencia por razones de género, entendida ésta como toda conducta, acción, disposición, criterio, práctica u omisión que, de manera directa o indirecta, se ejerza afectando la vida, libertad, dignidad integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial.
Asimismo, define los distintos tipos de violencias que, aseguran “no son taxativos” sino deben interpretarse en “sentido amplio”.
En otro apartado, destaca la necesidad de coordinar acciones con los municipios para el abordaje integral de las violencias. En cuanto al financiamiento, podrá ser atendido con recursos municipales.
En esta línea, establece una serie de medidas de protección, como prohibición de acercamiento, ordenar el fin de la violencia y la restitución inmediata de efectos personales, prohibición de contacto, ordenar medidas de seguridad, el acompañamiento de la fuerza pública, entre otros.
Como medidas de acción establecen la promoción de instancias de formación y capacitación, sensibilización y concientización, creación de guías, mecanismos para la recepción y el abordaje de casos, procedimientos administrativos y programas de alfabetización digital y buenas prácticas en el uso de las TICs.
Memoria, en Senado
Cabe recordar que el Poder Ejecutivo bonaerense envió la semana pasada el primer proyecto de ley del año a la Cámara Alta, para que apruebe la expropiación de un predio donde se creará un “Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos”.
Mediante la iniciativa se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado la ciudad de Tandil, para ser asignado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El lugar es denominado como “Quinta de los Méndez”, está ubicado en el paraje “Los Laureles” de la ciudad de Tandil, y allí funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar.
En su discurso de apertura de sesiones, el gobernador Axel Kicillof había adelantado que era una de las iniciativas que enviaría el Ejecutivo para el tratamiento en el Parlamento este año y se convirtió en el proyecto de ley A1 de 2023.
El artículo primero declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y en el artículo segundo se consigna que “será destinado para la construcción, en el plazo de diez (10) años, del ‘Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos’, el que funcionará en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Entre los fundamentos que acompañan el proyecto se consigna que “la finalidad es la preservación del lugar que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar, incluyendo su infraestructura, el resguardo de fondos documentales, base de datos y otras fuentes de información que den cuenta del funcionamiento represivo ilegal, como así también a la labor pedagógica y toda acción destinada a la transmisión de la memoria y la promoción de los derechos humanos”.
En otro párrafo de los extensos argumentos por lo que se promueve la ley se subraya que “la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble ya aludido está orientada a constituirse en una medida de reparación y una acción que promueva la memoria, el derecho a la verdad, la dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado y a difundir la perspectiva de derechos humanos como horizonte de sentido para la construcción de una democracia justa, igualitaria e inclusiva”.
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