La polémica desatada tras la difusión de los datos del Censo 2021 no cesa, y ahora amenaza con extenderse tras la firme postura del PRO respecto de los fondos coparticipados.
Días atrás, los principales referentes del espacio reclamaron al gobernador Axel Kicillof la revisión de los fondos coparticipables en virtud de lo que marca el CUD (Coeficiente Único de Distribución), la fórmula para repartir el dinero que le corresponde a los 135 distritos.
“Resulta necesario que, en lo inmediato, se instruya al Ministerio de Hacienda y Finanzas a modificar de forma urgente el coeficiente de coparticipación a los Municipios (CUD) 2023, actualizándolo con la nueva información poblacional de los distritos que fue suministrada por el INDEC”, señalaron los popes del PRO en una carta enviada al titular del Ejecutivo.
La presunta “adulteración” de las estadísticas en La Matanza fue, además, el eje central de la reunión de la Mesa Provincial del partido amarillo, que se reunió el viernes último en Olavarría.
La cuestión va más allá y, ahora, la cuestión de los fondos llega a la Legislatura, que por el momento permanece en receso.
Desde el grupo de senadores del PRO presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial corrija la “distorsiones” en el CUD que regirá este año.
En el texto, elaborado por el chacabuquense Marcelo Daletto al que adhirieron varios de sus pares, expresan que “como se dio a conocer días atrás con la publicación del Censo 2022, son diferentes los datos estimados con los cuales se elaboró el CUD 2023 y los datos reales de la población”.
“Por ejemplo, en el caso de La Matanza, la población que arrojó el Censo 2022 fue de 1.837.774, mientras que la proyectada 2022 utilizada para elaborar el CUD de este año fue de 2.374.149, es decir, 536.375 personas más”, ejemplificaron.
En concreto, sospecha de que hubo una adulteración en los registros del Censo 2010, lo que generó un beneficio adicional para el principal bastión del peronismo, que perjudicó a los restantes 134 municipios.
Al respecto, los legisladores amarillos consideraron que “es necesario que el Estado provincial, como el primer responsable frente a la sociedad, garantice la transparencia y el acceso a la información que se utilizó para conformar el CUD 2023”.
“Esperamos puedan corregirse todas aquellas distorsiones que afectan los principios de igualdad, legalidad y solidaridad que deben primar en el régimen de coparticipación municipal”, agregaron.
Como informó La Tecla.info, el caso fue judicializado, a través de una presentación realizada por los intendentes de Tres de Febrero y Mar del Plata, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, actualmente en manos del Juzgado Criminal y Correccional N°11 de la Ciudad de Buenos Aires.
Al cuestionamiento se sumaron senadores del radicalismo, como Ariel Bordaísco, quien sostuvo: “No sé si el Censo tiene inconsistencias técnicas, pero lo que seguro tiene es una enorme falta de confiabilidad. Al Gobierno lo precede su reputación, sus mentiras con las vacunas, la trampa de La Matanza. Dicen que somos 682.605 habitantes en Mar del Plata, pero ¿podemos creerles?”.
Según los datos del Censo 2022, hay una enorme distancia entre la población proyectada para La Matanza en 2022 (según el Censo 2010 eran 2.374.149 de habitantes) con la realidad: 1.837.774.
Según evaluaron desde la oposición, los más de 500 mil habitantes de más, computados en 12 años, le habrían reportado al distrito que conduce Fernando Espinoza unos $85 mil millones, que deberían haberse repartido entre todas las comunas bonaerenses.
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