Representantes del oficialismo y la oposición volvieron a sentarse hoy a la mesa de negociaciones, en busca de un acuerdo por el Presupuesto 2023.
Fue el cuarto cara a cara (los dos últimos con la presencia del ministro de Hacienda, Pablo López), convocado a las 16 en el despacho del titular de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín.
Como informó La Tecla.info, los representantes de la UCR y el PRO habían pedido un monto de 82.000 millones de pesos a repartir entre los 135 municipios entre el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el Fondo de Seguridad, mientras que el gobierno ofreció 32.000.
Incluso, la distancia en la cifra provocó la intervención de la vicegobernadora Verónica Magario, quien propuso que el Ejecutivo aumentara la oferta y la oposición redujera las pretensiones. De modo tal que, en esta tercera reunión, el ministro López dijo que el Gobierno estaría dispuesto a repartir entre los municipios 50.000 millones de pesos (Magario había planteado, incluso, el número de 53.000 millones).
La oposición cree que aún están por debajo de la inflación y que no es suficiente, por lo que pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes próximo. Pero antes de levantarse de la mesa tiraron una contrapropuesta: bajamos un poco, ustedes suben y cerramos en 70.000 millones.
Sin embargo, desde el sector de jefes comunales aseguran que el tema central no está en el monto, sino en la forma en que se transfieren esos fondos a los distritos. “Podemos cerrar en 100 mil millones, o en 200.000, pero si lo van a pagar como este año tampoco nos conviene”, sostuvo un alcalde radical del interior.
De allí que hagan hincapié en que el acuerdo incluya alguna cláusula para asegurarse que se cumplan los pactos referidos a la forma en que la Provincia transfiere el dinero a las comunas.
En tal sentido, mientras en Juntos insisten en contar con la mitad del dinero en el inicio de cada obra y que el resto no se demore en más de cuatro o cinco cuotas, el Gobierno ofrece desembolsar el 30% cuando quede aprobada la obra y un 10 por ciento más cuando se lleve a licitación. Es decir, un 40 por ciento antes de que se inicien los trabajos y el 60 restante contra certificados de avance.
Otro punto central, pensando en las características especiales del año próximo, está centrado en los tiempos de realización de las obras. Con una cita electoral por delante, los intendentes de la oposición pretenden que todas las obras que se inicien a comienzos de 2023 se terminen antes de las PASO.
“Debería ser así, de esa manera alejamos las obras, los proyectos, de la competencia electoral y evitamos que se utilicen como elemento de campaña”, expresó un jefe comunal PRO.
Es por ello que buscarán convencer al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y al ministro de Hacienda, Pablo López (estuvo en las dos últimas reuniones) de que las obras de infraestructura que se encaren sean “grandes, sencillas y de rápida ejecución”.
Además, consideran que el año que viene será el fin de ciclo para muchos intendentes, por lo que, entienden, no deberían quedar obras pendientes de finalización para los sucesores.
Como en las anteriores ocasiones, se presume que asistirán, además de Magario, López e Insaurralde, del presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín; el vicepresidente de la Cámara baja, Rubén Eslaiman; el presidente del bloque de Diputados, César Valicenti y la titular de la bancada en el Senado, Teresa García. Por Juntos estarían los intendentes Julio Garro (La Plata) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen); los presidentes de los bloques en ambas Cámaras, Maximiliano Abad y Christian Gribaudo; los diputados Adrián Urreli y Alex Campbell y los senadores Agustín Máspoli y Andrés De Leo.
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