La decisión fue adoptada a través del decreto 396, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Justicia, Martín Soria. La norma establece la prórroga por 180 días de la intervención al Inadi y la titularidad de Donda, a partir del 5 de junio pasado.
El escándalo Donda tuvo su inicio a finales del año pasado. Fue luego de que la denunciaran por el delito de defraudación contra la Administración Pública, en grado de tentativa, por supuestamente haberle ofrecido a su empleada doméstica un contrato en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
A partir de eso dieron a conocer los recibos de los sueldos que la funcionaria nacional le abonó a la mujer que trabaja en su casa, Arminda Banda Oxa. Según los documentos, la funcionaria le pagó en blanco el mismo monto desde julio de 2016 hasta enero de 2021: $5.000.
Osvaldo Barsanti, abogado de Arminda, contó que la empleada doméstica trabajó “diez años totalmente en negro, y los últimos tres o cuatro estuvo parcialmente registrada, es decir que estaba registrada con un monto menor del que le correspondía”.
“De modo informal, Arminda inició una charla con Victoria por dos motivos. Primero, por las deficiencias registrales, y segundo, por incumplimiento, porque durante la pandemia Victoria no se hizo cargo de los salarios de los que debería haberse hecho cargo con motivo de las normas que dictó el propio Gobierno durante la pandemia, con las cuales podían no prestar el servicio pero tenían garantía salarial”.
Según su testimonio, ante este planteo Donda le sugirió la posibilidad de renunciar: “Victoria le contestó con ofrecimientos de planes o contrataciones en el INADI a cambio de su renuncia. No hacerse cargo de sus obligaciones como empleadora, sino trasladarle ese costo al Estado nacional a través de alguna de estas figuras que le ofrecieron”.
A través de su cuenta oficial en Twitter, Donda realizó un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”. Asimismo, admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica.
“Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que le realizara alguna contraprestación en su barrio”, declaró en su momento.
“También le mencioné la posibilidad de que colaborara en el INADI en algunos de los programas y acciones que el organismo realiza. Entiendo la preocupación que esta situación generó en muchas personas que de buena fe me escribieron por las redes solicitando información al respecto”, señaló.
Donda destacó que el trabajo registrado “es un problema estructural” en la Argentina pero que en este caso “todo se encuentra en regla” y que, en caso de ser necesario, lo puede comprobar ante la Justicia.
“En cuanto a aquellos que pretenden construir una fake news a partir de esta cuestión para perjudicarme a mí o al Gobierno del que formo parte: les pido que sean más creativos. Discutan mis ideas y mis proyectos”, sugirió. |
