JUSTICIA
20/07
Intendente PRO embargado y procesado por presunta defraudación al Estado
Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional y actual alcalde de Capitán Sarmiento, quedó procesado en la causa que investiga las concesiones a peajes durante el macrismo. Además, fue embargado por 500 millones de pesos. Por la misma causa, esta semana declara Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich.
El ex titular de Vialidad Nacional y actual jefe comunal de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quedó procesado y embargado luego de prestar declaración indagatoria ante la Justicia. Así lo dispuso el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en el marco de la investigación por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa que investiga la renegociación de contratos de peajes en el gobierno de Mauricio Macri,

El procesamiento y el embargo también alcanzó al ex procurador Bernardo Saravia Frías. Vale recordar que, además de Iguacel, la causa tiene entre los sospechosos a Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte; y Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda de Macri.

Por caso, Iguacel había adelantado que se presentaría a la Justicia. "Lamentablemente, la estrategia de los corruptos es intentar hacerle creer a la sociedad que todo es igual. Vamos a tener que convivir con esto mucho tiempo. Siempre estaré a disposición de la justicia para explicar cada cosa que hice por el bien del pueblo argentino", sostuvo el alcalde al ser llamado a indagatoria.

Y lanzó: "Cuando decidí dejar la paz de la profesión en el mundo privado muchos me sugerían no ingresar a la vida pública por estas cosas. En el mismo lodo, todos revolcados. Ese es su lema, que hay que desterrar para siempre de nuestra país. Me van a encontrar siempre trabajando en ese sentido".

Así, luego de declarar vía zoom, Iguacel informó que sus abogados recusaron al juez Canicoba Corral "por no ser imparcial" y se apuntaló en la carta de renuncia que presentó el magistrado. Vale recordar que, abandonará su cargo a fin de mes.

La causa fue iniciada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que sostuvo que los contratos fueron continuados de manera “irregular” por ambos funcionarios. Graciela Aleña, titular del Sindicato de Trabajadores Viales, denunció que se abonaron a las concesionarias 30.000 millones de pesos con fondos del Estado y apuntó a Iecsa, firma hasta hace poco propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

En concreto, el sindicato acusó a Iguacel y Dietrich de utilizar "una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras" por esa cifra, "más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje". 

"Estos contratos tenían un plazo de 6 años, por lo que debieron vencer el 21 de abril de 2016, con una única ampliación de plazo de 12 meses, siendo el vencimiento definitivo el 21 de abril de 2017,", afirma la denuncia. "En pleno conocimiento por Decreto Nº 1288/2016, el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado a licitación de dichos corredores, pero nada se hizo", resalta el escrito. Se enfatiza que fueron siete las empresas beneficiadas.

En el documento presentado por la Justicia, se cita que el 21 de abril de 2017 Iguacel  "emitió la Resolución Nº 811/2017, incumpliendo el mandato del decreto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrogó las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos".

En este caso, según Aleña, la resolución "fue dictada Ad-referéndum del PEN", de modo que "no existe en el Derecho Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jurídico, no son legítimos, ejecutables, ni ejecutorios".  "Le han privado a la Administración de obtener una mejor oferta y le ahorraron a las empresas la necesidad de competir para acceder o sostener por más de 2 años la operación de los corredores concesionados".

En ese sentido, el gremio dio cuenta del período de irregularidades. "Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resolución 346/18", remarcaron.