La Suprema Corte de Justicia elaboró un informe sobre el servicio de la Administración de Justicia durante la pandemia de COVID-19 (Coronavirus), en donde se detallan las medidas implementadas en la emergencia sanitaria, fundamentalmente a través de la intensificación en el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la gestión judicial y la regulación normativa de la nueva modalidad de prestación.
El documento, de 130 páginas, reseña la labor efectuada para adecuar procesos, procedimientos y formas de trabajo en función de la dinámica de una situación excepcional, preservando la salud del personal del Poder Judicial y de todas las personas que concurren a las dependencias que lo integran.
Se menciona que en un contexto de marcada dificultad, la gestión desplegada ha permitido avanzar desde un esquema inicial de prestación mínima, al comienzo de la pandemia, hacia otro que agrega o recobra funciones y herramientas de gestión, para garantizar la tutela judicial de los derechos en la Provincia.
En términos estadísticos, informaron que desde el inicio de la emergencia y hasta el 31 de mayo, en todos los fueros e instancias se dictaron 3.120.385 trámites por medios tecnológicos, se registraron 708.133 notificaciones y presentaciones electrónicas y se iniciaron, en forma remota, 13.040 expedientes judiciales.
También detallaron las regulaciones en materia de teletrabajo –convenidas con la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires-, el régimen de acuerdos a distancia y continuos, los actos y firmas digitales, las reuniones telemáticas y notificaciones electrónicas, como medidas que facilitaron el funcionamiento de organismos judiciales ante las restricciones de la actividad presencial.
En relación al trabajo a distancia, remarcaron que se generaron las condiciones para llegar a asignar, hacia fines de del mes de mayo, 11.053 credenciales de acceso remoto, con un promedio superior a 7000 usuarios conectados diariamente. En relación a ello, y no obstante las limitaciones del servicio, se destaca que un elevado número de magistrados, funcionarios y agentes de los distintos fueros e instancias redobló esfuerzos y encaró sus labores afrontando las dificultades de un estado de situación inédito.
Así, en el periodo de emergencia, la Suprema Corte lleva dictadas 733 sentencias y resoluciones interlocutorias, lo que equivale al 67,5 % de las dictadas en el mismo período del año 2019. Por su parte, entre abril y mayo de 2020, comparativamente al mismo período de 2019, los organismos de primera instancia efectuaron el 48% de los trámites; la Justicia de Paz el 61%; y los tribunales de Alzada el 84%.
El informe afirma que, a pesar de la imposibilidad de afluencia regular de personas, y por ende de la actividad presencial, en las sedes tribunalicias, la sinergia generada por la intensificación en el uso de los medios tecnológicos y el compromiso de los protagonistas de la labor jurisdiccional, denotan resultados alejados de la idea de inactividad.
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