Ya pasaron 25 años de aquel día en que las señoras Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallego de Sandoni resultaron ganadoras de la rifa que una escuela local, por la Lotería Nacional, sorteó 327 hectáreas de excelente campo sobre camino a La Horqueta; hoy partido de Lezama y en ese entonces distrito de Chascomús. Un cuarto de siglo, y el tema sigue dando vueltas.
Agotadas todas las instancias judiciales, llegó el tiempo de pagar. Y el costo de tremendo juicio contra la provincia de Buenos Aires y el Municipio no es para nada menor. El mencionado campo tiene una cotización de entre 8 y 10 mil dólares por hectárea, es decir más de 200 millones de pesos (valor oficial del dólar a 63 pesos). Pero la cifra final es aún mayor, ya que deben añadirse otros costos judiciales.
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Chascomús, Javier Gastón, admitió que los trámites para la ejecución de la sentencia están “en las instancias finales” y que buscará, otra vez, que la Provincia “se haga cargo de pagar”. Para el jefe comunal, el Estado bonaerense es culpable de “no haber controlado” la organización de la rifa, y la condena contra el distrito es “moralmente injusta”.
Por eso, según pudo saber La Tecla, Gastón viene llevando a cabo gestiones en La Plata para obtener soluciones. Días atrás se reunió con el ministro de Justicia, Julio Alak, y con la ministra de Gobierno, Teresa García, a quienes les transmitió “la imposibilidad que tiene la Municipalidad de afrontar el pago de esa rifa, más aún en este difícil momento económico que estamos atravesando”. Pero la Provincia tampoco está ajena a la crisis financiera. Hace poco más de un mes, el gobernador Axel Kicillof se vio envuelto en una maraña de negociaciones con tenedores de un bono, que luego de tires y aflojes, tuvo que pagar con la emisión de Letras del Tesoro. Sin embargo, la caja con la que cuenta el erario bonaerense es significativamente mayor que la de un municipio como Chascomús.
Esto es lo que resaltó el propio ministro Alak, quien consideró “inadmisible” que una intendencia y sus vecinos deban hacerle frente a una herencia como ésta. “Estamos en un contexto económico más que preocupante, donde el país debe cumplir con la deuda contraída, la Provincia con el pago de bonos y Chascomús con esta rifa que debió ser resuelta muchísimos años atrás y hoy es un problema latente. La Rifa del Campo es nuestra deuda externa”, comparó Gastón.
Según resolvió la Corte Suprema de la Nación en marzo de 2017, tanto la Municipalidad y la Provincia, así como las cooperadoras escolares y Jorge Naqued (titular de la propiedad) son responsables del fraude.
El Estado bonaerense porque organizó la rifa a través del Consejo Escolar, dependiente de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires; el Municipio por autorizar la rifa y no constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa; las cooperadoras por ser las beneficiarias de la recaudación; y Naqued por obviar un detalle importantísimo acerca del campo a rifar: estaba hipotecado.
Así las cosas, la Justicia falló haciendo lugar a la demanda, condenando a los mencionados y ordenando la escrituración del preciado campo. Sin embargo, la propiedad ya estaba en otras manos por lo que la escritura se tornó imposible. A cambio, los condenados deberán resarcir económicamente a las beneficiarias. ¿Con cuánto dinero? Es lo que deberá determinar ahora el juzgado Civil y Comercial 27, (al que volvió la causa tras el fallo de la Corte Suprema), donde en una reciente audiencia cada una de las partes presentó su cotización. Será ahora el tribunal el que decida el número final y ejecutar, de una vez por todas y tras 25 años, la sentencia.
Cipriano Pérez del Cerro
“Pagar sería paralizar el municipio”
El secretario de Gobierno de la municipalidad de Chascomús, Cipriano Pérez del Cerro, es quien representa al distrito en la causa. Está al tanto de todas las novedades, acude a las audiencias y conoce de principio a fin el expediente. Además, junto con el intendente Javier Gastón, mantuvo reuniones con funcionarios del Gabinete provincial para intentar llegar a una solución, lo más pronto posible, que no implique el pago de la sentencia por parte del municipio. “Lo que le propusimos a la Provincia es que paguen ellos, es una rifa que organizó la Provincia a través del Consejo Escolar. Esto nos pasó por responsables, el Municipio no puede estar controlando a la Provincia. Jurídicamente podrá haber fundamento, poder de policía y contralor, pero en la práctica, es absolutamente injusto. Ningún municipio controla a la Provincia. También es injusto para las acreedoras que están esperando el pago del premio hace más de 20 años”.
En esta línea, el funcionario adelantó: “El caso se va a resolver a la brevedad. Para arribar a una solución necesitás el tiempo suficiente como para poder activar los mecanismos y llegar a una solución; por eso lo pusimos sobre el tapete. Esto es impagable. Afrontar este gasto sería paralizar la Municipalidad, dejar de pagar sueldos, dejar de atender en el Hospital”.
Miguel Otegui
“Estamos tratando de determinar el monto del daño”
En diálogo con La Tecla, el abogado de las partes demandantes, Miguel Otegui, se mostró confiado en que la causa judicial se resolverá en el corto plazo, tras protagonizar la batalla que ya lleva más de 20 años, en cuyo transcurso murieron dos socios de Otegui y una de las ganadoras de la rifa (Clorinda Gallego).
“Este caso tuvo sentencias de todo tipo. Cuando se confirma la sentencia de la Corte de la Nación, vuelve a la instancia del juzgado Civil y Comercial 27, se inicia un proceso distinto que se llama de ejecución de sentencia, es decir, determinar el monto del daño emergente y el lucro cesante. En ese proceso estamos”, señaló el letrado. En este contexto, Otegui resaltó la figura del Fiscal de Estado, Hernán Gómez. “Es el único que ha tenido una buena predisposición de esto, que conoce muy bien el asunto, que intenta ahorrarle costos a la Provincia”, dijo.
En relación con la etapa actual del caso, el abogado señaló: “Los números fueron trasladados a una oficina de tasaciones, tanto de Fiscalía como la parte acusatoria, donde se va a determinar el daño emergente para llevar adelante, al menos, la ejecución concreta de eso”.
Cálculo de sentencia
La tasación y el daño ocasionado, claves a la hora de pagar
El pasado 5 de marzo, se llevó a cabo una nueva audiencia entre las partes involucradas en el juicio por la “Rifa del Campo” en la que se inició la etapa final: determinar cuánto dinero deben pagar los condenados. Por supuesto, no es una tarea sencilla. Para hacer la cuenta, primero se debe tasar el mencionado inmueble que, vale aclarar, está valuado en dólares. La Fiscalía de Estado tasó la propiedad en 5.700 dólares la hectárea. Como la Municipalidad de Chascomús no cuenta con una oficina pericial propia, adhirió a la tasación realizada por el organismo a cargo del fiscal Hernán Gómez. La parte demandante, en tanto, representada por el abogado Miguel Ortegui, calculó una suma cercana a los 8 mil dólares por hectárea. En 10 días, las partes deben expedirse sobre la tasación del otro y después, si no hay acuerdo, se recurrirá a una oficina departamental para que haga la pericia. Probablemente, el número final será un intermedio entre ambas cifras propuestas, por lo que la propiedad de la discordia rondaría los 200 millones de pesos.
Una vez que se establece ese número, viene el reclamo por el lucro cesante que, advirtieron a este medio, aún no está reconocido por la parte de las demandadas. ¿Qué es el lucro cesante? Es la forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares, como consecuencia del hecho denunciado, y que no se habría producido si el evento dañino no se hubiera verificado.
Reuniones para llegar a un acuerdo
El intendente Javier Gastón y el secretario de Gobierno, Cirpiano Pérez del Cerro, mantuvieron en los últimos días varios encuentros con ministros del Gabinete de Axel Kicillof para intentar destrabar el conflicto y que sea la Provincia la que afronte todos los gastos relacionados con la ejecución de la sentencia. A diferencia de los últimos cuatro años, la jugada del jefe comunal tiene un punto a favor: tanto el distrito como el Ejecutivo provincial son socios políticos. Si bien Gastón proviene del Frente Renovador, el espacio integra actualmente el Frente de Todos.
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