Un concejal de Bragado difundió el texto de un acuerdo que se quiere hacer firmar a los ferroviarios. Asegura que se les prohibe trabajar en el Estado por 5 años y se censura todo tipo de comentario o actuación "que menoscabe el buen nombre de La Empresa". Además, los despedidos deberán hacerse cargo de los honorarios de sus abogados.

Denuncian intento de extorsión hacia trabajadores de Ferrobaires

Una irregular situación vivieron en las últimas horas trabajadores despedidos de Ferrobaires en Bragado, afectados por la decisión de la provincia de Buenos Aires de cerrar la empresa y traspasar sus competencia a Nación.

La misma fue denunciada por el concejal de Unidad Ciudadana en esa ciudad, Ramiro San Pedro, quien a través de su cuenta de Facebook aseguró que "en un nuevo capítulo del desguace de Ferrobaires, los trabajadores fueron citados a la estación para firmar un documento extorsivo al que le quedaba muy grande el nombre de Acuerdo".

El edil K consideró que "este documento tiene las cláusulas legales típicas para blindar al empleador que ajusta y evitar cualquier reclamo por parte de los trabajadores. Lo distintivo es que, en este caso, el ajustador es el Estado".

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"Sin embargo, hay aspectos realmente llamativos. Al trabajador se le prohibe formar parte del sector público provincial por 5 años. Es decir, no sólo se lo echa sino que también se le impide reintegrarse a cualquier otra dependencia del Estado provincial. Para todos en general, pero principalmente para los trabajadores de edad avanzada, les resultará extremadamente difícil, si no imposible, conseguir trabajo en el sector privado, por lo que esta cláusula es prácticamente una condena al desempleo", añadió.

San Pedro, hijo de Aldo, exintendente bragadense y exlegislador, acompañó la publicación con el texto de la nota oficial, en la que figura que se les prohibe a los trabajadores "realizar cualquier comentario o actuación que menoscabe el buen nombre y la reputación comercial de La Empresa", algo que el dirigente considera como "blindaje mediático garantizado. Que se sepa lo menos posible".

Ramiro San Pedro, concejal UC Bragado.

Finalmente, San Pedro asegura que, "por si esto fuera poco, el trabajador tiene que pagarle al abogado, por lo que gran parte de lo que va a recibir lo va a tener que gastar en honorarios".

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