La orden es clara y baja desde Nación: hay que ajustar. En la mira, los municipios y sus desviaciones. El proyecto no convence a propios ni a extraños. ¿Qué se pide a las intendencias?
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Con las copas de champán aún burbujeantes, tras el indiscutible respaldo en las urnas que le otorgó el pueblo bonaerense, el gobierno de María Eugenia Vidal dio un paso al frente y apuró el tranco para tener, cuanto antes, un paquete de leyes y reformas a su medida.
El combo incluye el Presupuesto 2018, que el oficialismo piensa tener aprobado en los próximos días; la nueva ley Impositiva, con subas y bajas dispares; y la polémica ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, que comenzó a sembrar tempestades entre algunos opositores, tanto intendentes como legisladores.
La iniciativa va mucho más allá de lo que había trascendido en un primer momento, cuando se mencionaba el compromiso de bajar algunas tasas municipales en línea con una política similar por parte de la Provincia.
La visión que tienen muchos intendentes no se condice con la euforia y el optimismo que desbordan funcionarios bonaerenses, quienes consideran -como el caso del ministro de Economía, Hernán Lacunza- que los municipios viven hoy un mejor presente, con un pico en el nivel de transferencias de recursos, que supera, por mucho, la situación que atravesaban hace dos años. “No podían ni pagar aguinaldos”, dicen, resaltando que ahora discuten qué obra se hace.
Conceptos como transparencia, homogeneidad, responsabilidad, control o austeridad
forman parte del lenguaje actual cuando de fondos municipales se habla, requiriendo de las administraciones locales la adhesión a una serie de condiciones para obtener beneficios, algo que se observa desde el sector crítico como una extorsión por parte de la Provincia.
La iniciativa se propone, según el texto de la misma, “instrumentar re-glas claras y de mayor transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos municipales, promoviendo la sostenibilidad de las finanzas públicas municipales como medio para una mejor calidad en la provisión de servicios públicos”.
En este ítem, los responsables de Economía provincial observan desviaciones en el gasto corriente, que va por encima de la inflación, y una creciente erogación en personal, apuntando al achicamiento de la estructura, con un empleo público que no podrá aumentar más que la población.
Los intendentes tampoco podrán incurrir en gastos extraordinarios en los últimos seis meses de su mandato, para evitar trasladar ese costo a sus sucesores.
Como trasfondo de la discusión subyace la idea de que el avance sobre las competencias municipales por parte de la administración Vidal podría atentar contra la autonomía de los distritos, una opinión que ya se hace carne entre algunos jefes comunales y legisladores opositores.
Y aunque el proyecto expresa que los municipios “están invitados” a adherir a la norma, no parece quedar claro qué suerte correrán los que no lo hagan, en caso de una emergencia o necesidades financieras, con apoyos provinciales que sí gozarán aquellos distritos que se sumen al pacto.
Entre otros “castigos”, quienes no adhieran no podrán contar con respaldo provincial para la obtención de nuevos endeudamientos, de avales y de garantías para fideicomisos y para obtener ayudas financieras.
En la práctica, esto significa que, en caso de imponderables como inundaciones o sequías, las comunas sólo contarán con los fondos coparticipables, sin posibilidad de acceder a otros financiamientos, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o Provincial (ATP).
La heterogeneidad entre los diferentes territorios es, además, una cuestión a tener en cuenta, con algunos casos extremos, como que uno cobre la mitad o el doble de una tasa, como Seguridad e Higiene, o la Tasa Vial en el interior de la Provincia, con desequilibrios que asombran.
Para subsanar algunas de estas desviaciones, el Estado bonaerense propone reducir la presión tributaria y actualizar las valuaciones fiscales que registran, como el caso de las propiedades urbanas, atrasos de varios años.
Sin embargo, la principal preocupación está centrada en el Fondo Educativo. Los municipios tendrán obligación de dedicar el 85 por ciento del mismo a obras, con la administración provincial deduciendo, en un 50 por ciento, cuáles serán las que se ejecutarán.
Como admitieron algunos jefes comunales en off, esto les resulta inconveniente y difícil de digerir, tanto como la desaparición del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), dos ca-jas que los alcaldes “manoteaban” para gastos de funcionamiento.
