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El Consejo Directivo de Carbap convocó el viernes formalmente a una asamblea el próximo 10 de diciembre en el cruce de las rutas 3 y 228, en Tres Arroyos, que se hará específicamente para discutir la situación de la comercialización de trigo. “Tras 8 años de distorsiones en una producción vital para la región del sur bonaerense y pampeano, es hora de decir basta”, expresó Carbap a través de un comunicado.
La entidad remarcó que la convocatoria “tiene el propósito de analizar y debatir las acciones gremiales a seguir en torno a tan importante cultivo que de no mediar un cambio en su política, seguirá perdiendo rentabilidad e interés por parte del productor”.
En ese marco, voceros de la entidad dijeron que siete días después de la asamblea, el miércoles 17 de diciembre, se reunirá el Consejo Directivo de Carbap para refrendar las medidas de fuerza que se definan en la asamblea.
Extraoficialmente, se manejan varias posibilidades. Incluso, hay propuestas para que el reclamo se traslade a un bloqueo de los puertos cerealeros, en Necochea y Bahía Blanca. Otra opción es una manifestación en la Plaza de Mayo o en La Plata, frente a la Gobernación. También se analiza un paro de comercialización por tiempo indeterminado para la época de las fiestas.
La convocatoria a la asamblea para definir medidas de fuerza por parte de Carbap llegó pocas horas después de un comunicado firmado por las entidades que integran la Mesa Agropecuaria Provincial con durísimas críticas al gobierno de Daniel Scioli por la “falta de respuestas” a sus reclamos. En el comunicado, la dirigencia rural condicionó la continuidad del diálogo en la Mesa Agropecuaria a “la posibilidad concreta de resolver los temas pendientes”.
La declaración fue firmada por Carbap, la Federación Agraria, Sociedad Rural y Coninagro y tomó “por sorpresa” al gobierno provincial, que ayer reafirmó a través del ministro de Asuntos Agrarios Alejandro Rodríguez que “el diálogo con el campo permanece abierto”.
Concretamente, apuntaron contra las “demoras” en la aplicación de los beneficios impositivos pautados luego de las inundaciones y en la “falta de respuestas” a las demandas de los productores.
